Una mirada desde el Pensamiento Nacional a los problemas nacionales.

"Verás que todo es mentira,verás que nada es amor,que al mundo nada le importa...¡Yira!... ¡Yira!...Aunque te quiebre la vida,aunque te muerda un dolor,no esperes nunca una ayuda,ni una mano, ni un favor" (Enrique Santos Discépolo)

domingo, 22 de abril de 2012

La voz de Repsol: "El País" de España y medios locales

En estos días han comenzado a circular en distintos medios locales, sobre todo aquellos que han asumido una posición de crítica frente a la medida de expropiación de parte de YPF por parte del Gobierno Nacional, distintos artículos provenientes, sobre todo, del diario El País de España. Este medio se ha convertido en lectura casi obligatoria para conocer la posición del Gobierno español y la propia empresa en referencia a la medida del último lunes 16 de abril.
Uno de esos artículos es el denominado "Repsol, ¿fiera depredadora?", aparecido el último 19 de abril, cuyo autor es el periodista Xavier Vidal-Folch. Allí se cuestiona la imputación de vaciamiento, principal argumento para la expropiación, que desde distintos sectores han demostrado veraz. El artículo realiza un análisis sobre siete puntos que han contribuido al vaciado, mostrando datos incompletos, falaces y sesgados.
1) Aumento inversiones: La nota afirma que las inversiones de Repsol aumentaron considerablemente desde 1999 hasta 2011, totalizando desde el 2006 U$S 12.618 millones. Estos números absolutos pueden llamar la atención. Sin embargo, la lógica de Repsol indica que YPF recibió un 27% del total de inversiones de Repsol a nivel global, habiendo generado ganancias por el 47% del total (siendo el ingreso por ventas el 17% del total global). España recibió el 37% del total de inversiones (generó ganancias por el 32%) y el resto de América Latina 28%. Se observa entonces que la mayor rentabilidad sobre ventas fue generada en Argentina y que, mientras los mayores beneficios se obtenían en nuestro país, las inversiones eran realizadas en escasa magnitud en nuestro territorio. Es decir, un drenaje constante de utilidades hacia otros mercados.
Por otro lado, el porcentaje de inversión en exploración entre los años 2008 y 2011 sobre ingresos fue entre un 2 y un 3,5%. Un valor no tan bajo como Trinidad & Tobago, donde Repsol aplica la misma política, pero sí comparado con Europa, con porcentajes de entre 56% y 350%, resto de Sudamérica, entre 11% y 38%, Norteamérica, entre 17% y 260%, e incluso África, entre 8% y 30%.

2) Cae la producción, pero la de todos: El artículo afirma que si bien la producción de YPF cayó en los últimos años también cayeron las de las demás empresas, con Chevron y Enap a la cabeza en petróleo. Sin embargo, hay que tener en cuenta, primero, que YPF tiene un cierto peso en la producción de petróleo (34%) y  gas (23%), con lo cual el promedio de producción está bastante influido por la produccion de YPF. Es decir, el porcentaje de variación de YPF influye en el promedio del total producido. Por otra parte, este dato no hace más que confirmar el fracaso de las políticas desregulatorias y privatistas de la década del 90 que rigen en todo el mercado de hidrocarburos. Es por ello, que es importante avanzar sobre las demás áreas de explotación de gas y petróleo en manos de las empresas privadas y extranjeras.
3) Más reservas: La nota afirma que las reservas de YPF han aumentado. Sinceramente, hay que decir que este dato es un dibujo. Totalmente falaz. Las reservas, presentadas a declaración jurada por parte de la misma empresa a la Secretaría de Energía, indican una caída del 50% para el petróleo entre el año 2001 y 2011 y del 56% para el gas en el mismo período. El total de reservas de gas del país pasó de 777 mil millones de m3 en 2000 a 331 mil millones en 2010 (caída del 57%) y las de petróleo pasaron de 472 millones de barriles en 2000 a 334 millones en 2010 con una caída del 30%.
4) Dividendos. Reconoce la magnitud de los dividendos, pero indica que la rentabilidad no fue espectacular (entre un 7% y un 8%). No se sabe sobre qué valor está calculada la rentabilidad. Si es sobre ventas, sobre patrimonio neto, sobre qué. Y si es la rentabilidad de Repsol o de YPF en Argentina. Pero parece otro dibujo. La rentabilidad sobre ventas del segmento "explotación y exploración" fue del 36% entre 2002-2010 y en el segmento "refinación" fue de 7,2%. Si se calcula sobre el patrimonio neto, es decir el capital de la empresa, los números son mucho mayores.
5) Tecnología última. La nota dice que se generó transferencia de tecnología con la exploración de recursos no convencionales en Vaca Muerta afirmando que se utilizaron técnicas de perforación vertical. No es cierto. Los mismos Estado Contables del 2011 indican que se hicieron 15 pozos verticales en esta zona. Habla de reservas por 43 años con un consumo equivalente al de España, confundiendo reservas con recursos, ya que aún no están certificadas como tal.
6) Directivos locales. Afirma que YPF tiene una plantilla de 16.048 empleados al 2011 y que sólo 50 son españoles. Lo cual es lógico, ya que son puestos directivos. Esto no implica que los locales no estén alineados con la política de la casa matriz, como bien puede verse en el comportamiento de Sebastián Eskenazi.
7) El mayor contribuyente. El autor afirma que YPF es el mayor contribuyente a la "Hacienda argentina", habiendo pagado unos 19.000 millones de dólares en los últimos cuatro años. Esto no es una característica a destacar por sobre el resto de las empresas, ya que YPF es una de las mayores empresas del país, por lo tanto, es lógico que sea la que genere mayores aportes impositivos. La sorpresa sería que no lo hubiera sido, lo cual hubiera significado evasión de impuestos.
La refutación de las afirmaciones de este artículo es sólo un ejercicio de lo que deberíamos llevar adelante para desactivar las argumentaciones que van en contra de una expropiación justa y soberana. A partir de aquí, nos debemos la discusión verdadera de la forma de obtener soberanía energética para el desarrollo de nuestro país.

Martín Scalabrini Ortiz

Fuentes:
- Repsol ¿fiera predadora?, El país, 19/04/12. http://economia.elpais.com/economia/2012/04/19/actualidad/1334866545_078502.html

- Andrés Asiain y Agustín Crivelli, La explotación de hidrocarburos en Argentina. Estudio de caso: YPF S.A., IIHES-CONICET, Febrero 2012.
- Mariano Barrera, Subexploración y sobreexplotación: la lógica de acumulación del sector hidrocarburífero en Argentina, Revista Apuntes para el cambio, Nro.2, marzo/abril 2012.

miércoles, 18 de abril de 2012

Nacionalización de YPF

El proyecto de ley enviado al Congreso Nacional para expropiar el 51% de YPF es motivo de celebración para quienes venimos luchando por la recuperación de nuestro petróleo. Hubiera sido deseable que el Estado se haga cargo del 100% de la empresa con control público. Sin embargo, marca una vuelta de página y el reconocimiento del fracaso del modelo neoliberal energético heredado de la década del 90 y continuado en los últimos años. Marca un punto de partida para comenzar a debatir el futuro del desarrollo energético en nuestro país. Hace poco tiempo atrás, era impensable este nivel de discusión frente a un tema que hace al desarrollo estratégico de nuestro país.
Los argumentos para llevar adelante esta medida son incuestionables. Repsol se ha dedicado a aplicar políticas extractivistas de corto plazo y hemos perdido el autoabastecimiento, teniendo que importar combustibles por U$S 9.397 millones en el último año. La distribución de dividendos fue del 144% de las ganancias de 2008 a 2010. Es decir, un verdadero vaciamiento.
Un punto destacable del proyecto es que el Art. 1 declara de interés público nacional el autoabastecimiento de combustibles y la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, en contraposición con el concepto de “commodity” aplicado en el comienzo de las politicas desregulatorias y la conformación del Consejo Federal de Hidrocarburos con representación de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, es interesante la participación de los trabajadores en el directorio, aunque debería ser elegido con un sistema abierto y no sólo entre los sindicalizados.
Entre los puntos cuestionables es que se mantiene la operación como sociedad anónima sin los controles públicos a las que son sometidas las Empresas del Estado, sin participación legislativa ni ciudadana.
Sería interesante agregar al proyecto de ley que YPF compre y comercialice la totalidad de la producción de petróleo y gas en el marco del espíritu del Art.1 del proyecto, derogando los decretos de desregulación del mercado y libre disponibilidad del crudo (1055, 1212 y 1589 de 1989). De esa manera, se estaría avanzando en la necesaria regulación por parte del Estado del mercado de hidrocarburos.
El valor de la empresa es su patrimonio neto. El valor de los activos totales es, según el Balance General consolidado al 31 de diciembre de 2011, de U$S 12590 millones. Los pasivos totales son de U$S 8330 millones. Por lo tanto, el patrimonio neto de la empresa es U$S 4260 millones. El 51% de ese valor es U$S 2170 millones. A esto hay que restarle pasivos ambientales y posibles incumplimientos en metas de exploración. En este último aspecto, la empresa debería haber perforado, al menos, un promedio de 50 pozos anuales (la mitad de lo que perforaba la YPF estatal antes de su privatización) durante los últimos 13 años. Sin embargo, el promedio fue de sólo 10. A un costo por pozo de U$S 3 millones, la empresa dejó de invertir alrededor de U$S 1560 millones.
La medida propuesta por el Gobierno Nacional es un paso correcto en el objetivo de conseguir autodeterminación en la producción de energía. A partir de aquí se debería abrir el debate con la participación de la mayor cantidad de actores interesados para delinear una política soberana en materia petrolera.

Martín Scalabrini Ortiz

sábado, 14 de abril de 2012

Recuperación de la soberanía energética

En estos días ha tomado gran importancia la cuestión energética en nuestro país, con la privatizada YPF en el centro de atención. La caída de las concesiones ordenada por los gobiernos provinciales y los rumores de nacionalización de YPF, pedido desde distintos sectores, marca claramente el fracaso de las políticas neoliberales aplicadas en el sector de los hidrocarburos.
Luego de la desregulación y la llamada Reforma del Estado en el comienzo de la presidencia de Carlos Menem, las políticas de entrega del patrimonio nacional continúan posteriormente en 1992 con la sanción de la ley 24145 de privatización de la empresa estatal YPF, llegando en 1999 a su entrega total en manos de la española Repsol.
Durante la post-convertibilidad se aprueban en el Congreso Nacional la ley “Corta” de hidrocarburos, generando el marco legal para la provincialización de los recursos petroleros y permitiendo a las provincias la potestad de concesionar los yacimientos, y la ley de Incentivo a la Exploración, con beneficios a las empresas ganadoras de la década anterior.
En el año 2007 se llevó adelante la llamada “argentinización” de YPF que consistió en la compra por parte del Grupo Ezkenazi del 15% del paquete accionario, sumando luego otro 10%, llegando a un total del 25% de participación.
Los resultados son evidentes, con caída de producción, de reservas y la pérdida del autoabastecimiento, llegando a importar combustibles el año pasado por un monto total de U$S 9.400 millones. Esto implica un déficit comercial energético de casi U$S 3.000 millones.
Repsol se ha dedicado, durante todos estos años, a aplicar una política extractiva de corto plazo y sin reposición de reservas, maximizando su ganancia y distribuyendo cuantiosas utilidades. Mientras que en el período 1999-2007 la magnitud fue del 75% del total de las ganancias, entre el período 2008-2010 se distribuyó el 144%. Estas ganancias en su mayor parte se remitieron a la casa matriz siendo utilizadas para inversión en otras partes del mundo.
La quita de áreas de exploración por parte de los gobiernos provinciales, por falta de inversión y caída de producción, es una demostración de los posibles caminos que podrían seguirse para recuperar la soberanía energética perdida durante la década del 90 con las privatizaciones. Con la simple aplicación de la ley, el Estado tiene la facultad de recuperar esas áreas y definir qué hacer con ellas.
Por otra parte, se está hablando de una posible expropiación de una parte mayoritaria del paquete accionario de YPF por parte del Estado Nacional, que pasaría a controlar la empresa de capitales mixtos.
Sin embargo, para no quedar a mitad de camino y mantener un sistema híbrido en donde el Estado sea quien cargue con los mayores costos y los privados sigan con la fiesta extractiva, se debería comenzar a desactivar la parafernalia jurídica implantada durante el menemato, comenzando con la derogación de los decretos 1055, 1212 y 1589 firmados por Carlos Menem en 1989, aún vigentes, y que permitieron eliminar la intervención del Estado en el sector de producción de hidrocarburos, estableciendo la libertad de precios y otorgando la libre disponibilidad del crudo extraído. También permitieron suprimir la restricción para importar o exportar petróleo crudo y sus derivados.
Por otra parte, se debería avanzar en el proceso de revisión de los contratos de concesión para revertir al Estado aquellos con incumplimientos o que se hayan concesionado en forma ilegal.
El proceso de nacionalización de YPF debería contemplar la apropiación por parte del Estado Nacional del 100% de la empresa, contemplando la participación de las provincias y el control público. Para ello, debería aplicarse el espíritu del Art. 40 de la Constitución de 1949 que declaraba que el valor de expropiación debería ser el valor económico de explotación y no el bursátil, teniendo en cuenta las utilidades distribuidas y las inversiones no realizadas. Este valor estaría muy por debajo de los U$S 14.000 millones que, en teoría, valen las acciones de la empresa.
Repsol se ha dedicado, durante todos estos años, a aplicar una política extractiva.
La renacionalización del sector debería ser direccionada a modificar el paradigma energético vigente hasta ahora, dando un valor de “commodity” a lo que debería ser un bien estratégico de desarrollo nacional, en consonancia al resto de los países de América Latina que están aplicando politicas soberanas en materia de producción de hidrocarburos.
Además, sería imperioso encarar una política de largo plazo que permita la diversificación de la matriz energética para eliminar su fuerte dependencia de los hidrocarburos. La captura de la renta petrolera, permitiría, no sólo invertir en viviendas, educación y salud, sino también en el desarrollo de energías renovables como la eólica, hidráulica, solar y nuclear. Este desarrollo permitirá consolidar una masa crítica y un avance científico que permitirá bajar los costos de estas tecnologías, con la consecuente disminución de la dependencia externa en tecnología y divisas.
La nacionalización de los hidrocarburos con participación 100% estatal permitirá utilizar parte de la renta a la diversificación, pero también generaría el campo fértil para reinvertir las utilidades en la exploración de nuevos yacimientos.


Martín Scalabrini Ortiz

lunes, 2 de abril de 2012

Malvinas, una causa nacional y continental a 30 años


Hoy, 2 de abril se cumplen 30 años del desembarco argentino en nuestras Islas Malvinas. Como todos los años, el recuerdo despierta todo tipo de análisis político sobre el significado de esa fecha.
Lo primero que hay que remarcar es que las Islas forman parte integral de nuestro territorio, por historia, por legalidad y por coherencia. Malvinas es una causa nacional. Forma parte de la identidad de los argentinos desde hace muchos años, incluso antes de la recuperación momentánea en el año 1982. En contraposición a la minimización del tema que pretenden imponerle un grupo de intelectuales como Beatriz Sarlo, la importancia geopolítica de este territorio es relevante.
Un estudio pormenorizado del ex diputado nacional Mario Cafiero sobre la extensión marítima alrededor de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur indica que los ingleses han ampliado la autoproclamada Zona Económica Exclusiva a 200 millas y hasta 350 millas su plataforma continental, una superficie que abarca 3.500.000 km2. El territorio continental argentino tiene una superficie de 2.780.400 km2. Inglaterra tiene, además, un reclamo sobre el sector antártico argentino de aprox. 3.000.000 km2. En materia de riqueza petrolera, el potencial es gigantesco. Las últimas informaciones hablan de 12.850 millones de barriles en reservas probables. Suponiendo que de esa cantidad, el 50% resultara efectivamente probada para su extracción, se estaría llegando a la cifra de 6.500 millones de barriles, lo que significa un 320% más que las reservas de nuestro país [1].
Varias empresas son las que están involucradas en el negocio petrolero de la zona de Malvinas: Falkland Oil Gas, Argos, Rockhopper, Desire y Borders and Southern. Estas a su vez, contienen participación accionaria de empresas con intereses en nuestro país, entre ellas bancos, financieras, empresas mineras, etc. Existe una ley, la 26.659, con estado de aprobación que propone sanciones a aquellas empresas que operan en el país y que poseen intereses en Malvinas. Incluso el Gobierno Nacional ha anunciado que se iniciarían acciones legales contra empresas petroleras que operan en Malvinas.
En este nuevo aniversario, se impone el recuerdo de quienes lucharon y dieron su vida para defender nuestro territorio. Esto no significa reivindicar a quienes, con esta acción, pasaron a ser vivados momentáneamente en los balcones de la Casa de Gobierno, dejando de lado su responsabilidad en los crímenes cometidos para implantar a sangre y fuego el comienzo de la desindustrialización y destrucción del Estado de Bienestar mediante la implantación del modelo neoliberal aún vigente, tal como lo describe el recordado Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar. Incluso no significa reivindicar a aquellos implicados en castigos y torturas en el mismo campo de batalla. Sino más bien, destacar a los soldados y oficiales que con su arrojo y valentía quedaron en las páginas de nuestra historia como héroes nacionales.
De los 649 compatriotas caídos, la realidad indica que el 10% eran oficiales y el 40% suboficiales. En el Ejército, donde se cuenta con datos más precisos, murieron un oficial cada 48 oficiales movilizados, un suboficial cada 57, mientras que los soldados murieron en una proporción de uno cada 52. Es decir, que los oficiales murieron combatiendo junto a los soldados en una proporción similar, a pesar de la incredulidad que puedan generar estos datos  [2]. Sobre todo en uno de los grupos que más resistieron el avance inglés, el BIM 5.
Para los veteranos de guerra que participaron de los combates, la vuelta a casa significó la indiferencia, el desamparo y la desilusión. Las secuelas físicas y psicológicas se contaron por miles. La cantidad de muertos por suicidio supera la cantidad de muertos en combate terrestre. Esto es algo que nuestra sociedad nunca pretendió hacerse cargo, a pesar de que quienes lucharon en suelo malvinense lo hicieron para defender el territorio nacional. Las políticas de los sucesivos gobiernos desde 1983 incentivaron esta situación. Es conocida la política de desmalvinización de Raúl Alfonsín durante su presidencia. Parecía que a los veteranos de guerra había que esconderlos debajo de la alfombra. Era parte de la vergüenza seguramente concebida por la concepción y la valoración de quienes llevaron adelante la guerra, en su mayoría relacionados con el genocidio llevado adelante durante la Dictadura Militar. Durante la década del 90, junto con la enajenación del patrimonio nacional en manos de empresas extranjeras, la política sobre Malvinas no pasó más allá del intento de envío de los ositos de peluche por parte del ex canciller Guido Di Tella para ganarse la simpatía de los “kelpers”. En 1990, los presidentes Menem y Cavallo, firmaron el Acuerdo de Madrid, aún vigente, que acepta el dominio de Inglaterra en el mar aledaño a las islas y se le otorga el derecho de controlar y supervisar la política de defensa de la Argentina en el Atlántico Sur.
En la actualidad la reivindicación de los derechos sobre Malvinas es, no sólo nacional, sino continental. Los presidentes de los países de Sudamérica, desde distintas ideologías, se han expresado a favor de nuestros derechos y de una salida negociada. Malvinas es una causa del Continente.
Es una muy buena ocasión para decir la palabra PATRIA con orgullo y aspirar a su construcción en forma justa, libre y realmente soberana.

Martín Scalabrini Ortiz

Fuentes:
1. http://www.cronista.com/contenidos/2012/03/15/noticia_0051.html
2. Batallas de Malvinas, Pablo Camogli, Ed. Aguilar, 2007