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"Verás que todo es mentira,verás que nada es amor,que al mundo nada le importa...¡Yira!... ¡Yira!...Aunque te quiebre la vida,aunque te muerda un dolor,no esperes nunca una ayuda,ni una mano, ni un favor" (Enrique Santos Discépolo)

martes, 27 de enero de 2009

Bolivia recupera de a poco lo que le pertenece

En estos días recibimos con algarabía que el presidente boliviano Evo Morales sigue profundizando su política de recuperación de los recursos hidrocarburíferos para su país. Confirmando el firme paso en esa dirección, cumpliendo uno de sus ejes de su campaña electoral, mediante el decreto 29.887, el Gobierno boliviano asegura la posesión del 98,7% de las acciones de la empresa petrolera Chaco a manos de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), la empresa estatal boliviana. El resto de las acciones permanecerá a manos de trabajadores y extrabajadores de la empresa. La decisión se enmarca en un profundo proceso de cambio que está experimentando nuestro hermano pueblo boliviano, en un intento de destruir el entramado neoliberal generado durante la década del noventa y poder levantarse definitivamente de la postración humillante a la que se ha sometido durante muchos años.
Chaco es una filial de Pan American Energy, una sociedad de la empresa británica British Petroleum y del grupo argentino Bridas, socios de los ingleses desde hace años. Esta alianza fue beneficiaria de la política de privatización y remate de los recursos hidrocarburíferos bolivianos cuando se quedó con parte de la entonces YPFB. Es una de las principales productoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y abastecedora importante de nafta y diesel.
El 1 de mayo de 2006, mediante el Decreto Supremo 28.701, se nacionalizan los hidrocarburos en Bolivia. Este Decreto establece que la mínima participación del Estado debería ser del 50%. Sin embargo, ante la intransigencia de la empresa de vender por 4,8 millones de dólares las acciones necesarias para controlarla en un 51%, tal como establece el Decreto de nacionalización, se decide la estatización completa de la empresa.
Para entender este desenlace, conviene repasar el nacimiento de esta empresa en Bolivia y el marco al que se acogió para poder llevar a cabo sus negocios a costa del pueblo boliviano. Siguiendo las políticas establecidas por el Consenso de Washington, en el año 1997, durante el gobierno de Sánchez de Losada, dos días antes de terminar su mandato, se aprueba la ley de hidrocarburos. Esta ley es complementada por otra llamada de “Capitalización”. Juntas establecen la privatización casi total de YPFB, siendo beneficiarios las empresas privadas Chaco y Andina, siendo subsidiarias de Amoco, British Petroleum y Repsol. El Estado se retira completamente del control de los hidrocarburos, dejando el negocio exclusivamente en manos de estas empresas extranjeras y percibiendo una de las regalías más bajas de la región: 18%. Como en Argentina, se da un proceso de desregulación y liberalización del mercado, permitiendo a las empresas disponer libremente de las reservas, exportándolas prácticamente en su totalidad. Las rentas obtenidas son millonarias, sin ninguna posibilidad de que se utilicen para el desarrollo nacional boliviano.
En nuestro país, Pan American Energy nace prácticamente durante la concesión de los contratos de explotación durante la presidencia de Arturo Frondizi. Uno de los contratos es Cerro Dragón, una de las áreas de mayor reserva de crudo. La Historia cuenta que don Arturo Illia decide anular los contratos petroleros, pero que el gobierno de Onganía vuelve firmarlos en beneficio de las empresas. Justamente Cerro Dragón es una muestra actual de la contrapartida a la decisión de Evo Morales de llevar adelante una política de recuperación de los hidrocarburos, dado que es la concesión que en el 2007 se extendió en forma temprana hasta el 2027, con opción de 20 años más de prórroga, bajo el ala protectora de la Ley Corta de Hidrocarburos sancionada en el 2006, dejando en claro la profundización de las políticas de depredación y expoliación establecidas durante la década del noventa. Por otra parte, hay que tener presente el Programa Petróleo Plus, un negocio a medida de Pan American, acordándose un estudio para la instalación de una refinería en Comodoro Rivadavia a esta empresa, demostrando la inutilidad política y económica de ENARSA, que fue dejada completamente de lado.
Seguramente los departamentos de la “media luna” bolivianos, liderados por representantes de la reacción y de la derecha recalcitrante y racista boliviana, no estarán contentos con la medida. Sí lo estamos aquellos que bregamos por una América Latina unida en la lucha por la liberación de los pueblos, por un desarrollo autónomo, sin injerencias foráneas y por la desaparición de esa pobreza que es mantenida por el sistema de explotación y exclusión perpetua que sufren nuestros pueblos.

Martín Scalabrini Ortiz

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Solo es un comentario respecto al tuyo, publicado en la nota del Diario La Nación del día de hoy.
Si se impone la nacionalización de las petroleras, como la de YPF, por cuestión de que administran un recurso estratégico, creés que estará en mejores condiciones que la actual? Yo creo que no y el pasado está de mi lado. Ni el Estado fué bueno como Dueño ni lo ha sido como Contralor, tal vez sea adecuado buscar una variante. No soy partidaria de la nacionalización en un país como la Argentina, débil en responsabilidades y pronto para reclamar sus derechos, a veces inexistentes.

Martín Scalabrini Ortiz dijo...

Muchas gracias por el comentario. la cuestión es: Realmente el Estado es mal administrador o fue una política dirigida para que se piense eso? YPF fue endeudada maliciosamente con el objetivo de mantener la política financiera de Martínez de Hoz y facilitar la fuga de divisas. Esto está probado en el Caso Alejandro Olmos que tuvo una resolución favorable del Juez Ballesteros. A partir de allí, la deuda ahogó a la empresa junto con políticas que favorecían el desarrollo del capital privado y extranjero. Así cualquier empresa en cualquier parte del mundo no solamente da pérdida, sino que no cumple con el propósito para la cual había sido creada: favorecer el desarrollo autónomo del país.

Martín Scalabrini Ortiz dijo...

Por otra parte. Hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta. El Estado en la actualidad es esencialmente democrático. El capital privado NO. Entonces la cuestión pasa no por cómo hacer más eficiente un sistema o el otro, sino de hacerlo más democrático. El instrumento que puede por origen ser más democrático es el Estado. El mercado sería un instrumento de democratización en un mercado competitivo con igualdad de oportunidad, cosa que no ocurre en un país como el nuestro, periférico y dependiente de las grandes potencias mundiales. Sabemos que en los principales instrumentos de poder no existe tal cosa ya que son monopolios u oligopolios (medios de comunicación, grupos económicos concentrados, bancos, etc.).
El Estado actual no es la panacea democrática, pero es indudable que no es una dictadura. Los tiempos oscuros, gracias a la lucha por el mantemiento de la Memoria, han pasado y es improbable que se vuelvan a repetir. Esto no quita que podamos trabajar para construir un Estado cada vez más democrático con participación popular en la toma de decisiones.