En tiempos eleccionarios, los candidatos se preparan para presentarle a la sociedad sus mejores ideas, sus mejores proyectos, sus mejores intenciones. ¿Es realmente así? La oposición liberal (llámese PRO, peronismo disidente o Coalición Cívica) se dedica a atacar al oficialismo en cuestiones de forma, haciendo hincapié en el autoritarismo oficial, en el manejo discrecional de la denominada “caja”, que no es otra cosa que el presupuesto estatal que evidentemente el Poder Ejecutivo tiene la obligación de manejar, en valores republicanos que se están perdiendo, en valores éticos que se están soslayando. Mientras tanto, el oficialismo, simulando ingresar en la discusión política, se dedica a destacar la continuación del modelo adoptado, sin realizar demasiados análisis de modificación de aquél implantado durante la Dictadura Militar y profundizado durante la década del 90 en ocasión del menemato.
La lectura de estas posiciones indica que, por un lado, la oposición liberal no quiere hablar de modelo porque no le interesa. Quiere mantener el mismo entramado económico-industrial que hasta ahora. Para ello, se pide más seguridad, una consecuencia lógica de la amenaza que se cierne sobre los incluidos por parte de los excluidos, principal producto de este modelo. Se pide más institucionalidad, en contraposición a las actitudes autoritarias de los miembros del Gobierno actual. Dos necesidades esenciales para tentar al “medio pelo” argentino, aquella clase media acomodada que aún sueña con su “progreso” y alcanzar los niveles de consumo que se merecen porque “se rompen el lomo”.
Pese a que existe una falta de debates acerca del modelo actual, la realidad indica que la decisión del camino a tomar es demasiado importante como para dejarla de lado. Sabemos que durante la década del 90 se profundizó un modelo económico-financiero implantado durante la Dictadura Militar a sangre y fuego y cuyas consecuencias aún estamos sufriendo. El entramado industrial logrado durante muchos años fue destruido casi completamente y el patrimonio nacional dilapidado en forma vergonzosa.
De un país que fabricaba sus propios aviones, barcos mercantes, locomotoras, vagones, herramientas y máquinas de todo tipo, electrodomésticos para consumo masivo, pasamos a ser un país basado en la exportación de materia prima, principalmente agropecuaria y minera, sin prácticamente ninguna transformación de los productos. Mientras que Raúl Scalabrini Ortiz denunciaba en la década de 1930 que la economía se encontraba en un 50% en manos extranjeras, hoy el porcentaje es de de entre un 70% y un 80% y no hay señales de que esto cambie con el Estado fuera del juego. Las empresas industriales más poderosas (las 100 primeras) han aumentado su participación en el PBI industrial desde un 32% en 2001 hasta un 43% del 2007. Los intereses de los grandes grupos están bien cuidados a pesar de la retórica en contrario del discurso oficial y de los espasmos reaccionarios de los grandes medios de comunicación y de los partidos liberales que ven “amenazados” sus intereses. Los resortes estratégicos de la economía se mantienen en estado de despojo y expoliación.
El petróleo, un bien esencial para el desarrollo de cualquier país al punto tal de declararse guerras injustas en su nombre, está en su totalidad en manos extranjeras que perciben los beneficios de la ley corta de hidrocarburos (provincialización de los recursos) y la ley de incentivo a la exploración otorgando más prebendas de las que ya gozaban. Alguien preguntará si es tan buen negocio porqué las empresas no invierten. Es muy simple. Las empresas no invierten porque no piensan ni un segundo en el interés nacional. Estas empresas extranjeras son multinacionales que explotan el petróleo allí donde les conviene. En el caso particular de Repsol, compró YPF a precio vil con lo que calculan sus tasas de ganancias sobre ese poco dinero invertido. Es evidente que a Repsol le conviene explotar al máximo lo que obtuvo barato de YPF (reservas cuantiosas, mercado monopólico, planificación estatal a 20 años, etc.) e invertir en cualquier otro lugar del mundo.
La minería es otro ejemplo de explotación sin controles con el adicional de que nos deja el ambiente contaminado y un agujero en medio de los cerros en el caso de la minería a cielo abierto. La mayoría de las empresas son extranjeras y no tienen la obligación de ingresar al país un solo dólar producto de la exportación. Se les entregan beneficios impositivos como el de no pagar impuestos por la importación de bienes de capital, algo absurdo si pensamos en la reindustrialización del país intentando fabricar esos mismos bienes de capital. El caso paradigmático es La Alumbrera que posee la explotación de cobre y oro en Catamarca a cielo abierto, transporta el mineral en un mineroducto hasta su separación en Tucumán y allí, con su propio ferrocarril, lo transporta al puerto Alumbrera en San Lorenzo en las cercanías de Rosario. Todo a pedir de La Alumbrera. ¿Esto es el desarrollo nacional? Otro caso paradigmático es el proyecto en ejecución Pascua Lama, beneficiada por el Poder Ejecutivo al vetar la ley de protección de glaciares aprobada por mayoría en las Cámaras del Congreso. Un sinsentido inexplicable que beneficia a la empresa anglo-canadiense Barrick Gold.
Los ferrocarriles siguen concesionados. Los ramales de transporte principales están en manos de los Grupos económicos interesados. Miles de kilómetros de ramales fueron cerrados durante la década del 90 y nunca más fueron reabiertos. Los pueblos y los talleres que dejaron de existir siguen esperando que aparezca el ferrocarril para que vuelvan a vivir. Los servicios urbanos e inter-urbanos prestan un servicio lamentable siendo los peores del mundo. La propuesta del “Tren para todos” recuperaría en parte los ferrocarriles logrando mucho con muy poco.
En definitiva, si de modelo se trata, no existe señales claras ni voluntad política para cambiar el modelo implantado, ni desde el oficialismo ni desde la oposición.
Martín Scalabrini Ortiz