Historia Previsional Argentina

Nuestra Historia previsional comienza en 1877, con la creación de un sistema de jubilaciones para los jueces federales de acuerdo a la ley 870. Sin embargo, no se encuentra disponible ningún archivo que indique el uso este beneficio. Más tarde, en 1884, con la ley 1420 De Educación Común, se establece una jubilación para maestros preceptores. Los recursos para ambos regímenes eran provistos por el Estado.
Es en 1904 cuando se promulga la ley 4349 que creaba la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, donde se reconocía el beneficio a los funcionarios, empleados y agentes civiles del Estado; a los del Consejo Nacional de Educación y de los Bancos Nación e Hipotecario; a los magistrados judiciales, ministros del Poder Ejecutivo, a quienes ocupaban cargos electivos; y al personal de los Ferrocarriles de la Nación, que se crea el primer sistema contributivo argentino. Es decir que cada uno de los trabajadores contribuía con una parte de su sueldo a solventar el sistema de jubilación.
Uno de los grandes impulsores del sistema de jubilación para los trabajadores fue quien llegó a ser el primer diputado socialista de América, don Alfredo Palacios. Palacios presentó como diputado varios proyectos de ley que tenían que ver con las jubilaciones y pensiones para obreros y empleados de empresas particulares, las de los empleados bancarios y las de obreras que trabajaban a domicilio para el Estado. Sin embargo, fueron los sindicatos quienes se organizaron para generar las Cajas de jubilaciones. En 1911 fueron las de los ferroviarios, en 1921 la del personal de los servicios públicos, que a su vez incorporó a los bancarios en 1922. La de Empleados de Comercio ve la luz en 1944 y la de los trabajadores marítimos y los de la industria en 1946.
En 1943, las Cajas pasan a estar dirigidas por directorios integrados por representantes del Estado, de los empleadores y de las organizaciones gremiales. En esta época el sistema funcionaba como un verdadero sistema de capitalización colectivo y público, no de cuentas individuales. De esta manera, los capitales acumulados se utilizaban en crédito social a través de préstamos hipotecarios, prendarios y personales. Los beneficiarios aumentan en un número considerable, pasando de ser 430.000 en 1944, a 2.328.000 en 1949.
En 1954, con la ley 14.370 se adopta la forma del sistema de reparto, utilizando los fondos acumulados y los que ingresaban para pagar las jubilaciones que se estaban produciendo.
Este sistema solidario de jubilaciones y pensiones funcionó hasta la llegada de la década del 90 con su artillería de políticas de destrucción del entramado estatal. En 1994 se establece un sistema de capitalización individual, junto con el de reparto, pero siendo favorecido claramente el primero. Este sistema prometía un retiro del trabajador solventado por sus propios fondos administrados por las AFJP durante todo el tiempo de su vida laboral. Para ello las administradoras cobrarían una comisión como incentivo para mantener actualizados los fondos acumulados. A través de los años se ha demostrado que este sistema, marcadamente individualista, no sirvió para mantener a todos los beneficiarios y que los argumentos que se utilizaban para imponer este sistema eran en su mayoría falsos. Actualmente, existen 446.000 jubilados que cobran de las AFJP que ganarían menos de la mínima si el Estado no los complementara con fondos públicos (aprox. 4000 millones de pesos). Además, existen 33.000 jubilados que agotaron todo lo que tenían en sus cuentas, apareciendo el Estado para aportar sus jubilaciones. Por otra parte, el Estado aceptó hacerse cargo de aquellos hombres de más de 55 años y a las mujeres de más de 50, que no llegaron a acumular ni siquiera 20.000 pesos.
Algunos de los argumentos utilizados a favor del régimen de capitalización son los siguientes: - Los aportes no perderían su valor a lo largo de los años pudiendo lograr al final una buena jubilación. La realidad muestra que la suma de las comisiones cobradas (en el período 2001-2003 fue de casi el 60% de lo aportado) y la rentabilidad generada dio como resultado una rentabilidad real (teniendo en cuenta la inflación) negativa perdiendo los fondos aportados valor real debido a las sucesivas crisis que se sucedieron desde 1994. – La administración privada es más racional que la estatal. La verdad es que las AFJP insumen unos 1.000 millones de pesos anuales para administrar el sistema, mientras que la ANSES gasta alrededor de 300 millones. – Se dice que se obligó a las AFJP a comprar títulos públicos en más de un 70% de los fondos invertidos. La verdad es que las AFJP invirtieron en títulos públicos porque era la única manera de mostrar rendimientos elevados por las altas tasas de interés pagadas por el Estado. Esto generó una rueda perversa de financiamiento estatal por la pérdida del ingreso de contribuciones previsionales.
La lógica neoliberal implantada a sangre y fuego durante la dictadura militar y profundizada en la década del 90, indica que el futuro depende de cada uno y exalta la individualidad como parámetro de éxito. En estos días tenemos la oportunidad de volver a un sistema solidario en donde cada uno de nosotros contribuye al sostenimiento de nuestros mayores y de nuestro futuro. Es necesario, sin embargo, la participación de la ciudadanía, por medio de organizaciones públicas, sindicatos, empresarios, en el control de los fondos que deberán ser utilizados en beneficio de todos y cada uno de quienes hayan dedicado su vida al trabajo.

Martín Scalabrini Ortiz