El Proyecto de creación de la Junta Nacional de Desarrollo Granario: Un paso al frente.

A principios del mes pasado, con el advenimiento del incremento de la conflictividad del campo con el Gobierno Nacional, incentivado principalmente por las cámaras patronales agropecuarias, apareció en los medios masivos de comunicación la noticia del supuesto estudio de la nacionalización del Comercio Exterior. Los resortes del sistema dominante actuaron de forma inmediata y el bombardeo mediático en contra de la propuesta fue escandaloso. El nivel de debate de la propuesta fue paupérrimo, centrando toda argumentación en la necesidad de hacer “caja” por parte del Estado, dadas las dificultades que podría estar atravesando durante este complicado año de crisis internacional y, además, electoral. La superficialidad del tema tratado por los medios masivos da una pauta de la pobreza de argumentos a la hora de discutir el rol del Estado en la economía nacional. Prácticamente todo se reduce a la recaudación que engrosaría la “caja”, como así se la denomina actualmente, con toda la carga semántica negativa que la oposición de derecha y los medios se encargaron de imprimirle. Sin embargo, vale la pena profundizar un poco más acerca de uno de los temas más importantes de la actualidad, a la luz de la crisis internacional: la intervención del Estado en la economía y su rol como control de la ambición sin límites del capital privado y, sobre todo, extranjero en nuestro país.
El proyecto tenía como base el que redactó el diputado Eduardo Macaluse del SI (Solidaridad e Igualdad) que propone la creación de una Junta Nacional de Desarrollo Granario, cuyos principales objetivos eran promover el desarrollo económico, social, ambiental y sustentable de la producción granaria, regular la compraventa de granos, asegurar la transparencia y equidad en las transacciones comerciales, evitar que se ejerzan monopolios u oligopolios, y controlar que no se produzca ningún abuso de posición dominante, proteger a los pequeños y medianos productores y las economías regionales, entre otros. Como se puede apreciar está lejos de ser una “nacionalización” del comercio exterior, ya que ésta implica la transacción de la totalidad del comercio exterior por parte del Estado. En el proyecto, la creación de la Junta es similar a meter una cuña entre los grandes exportadores de granos que actúan en el país entre los que se cuentan tres gigantes mundiales que concentran del 45 al 50 por ciento de los despachos al exterior de la cosecha argentina: Cargill, Bunge y Dreyfus. Salvando las diferencias que existen entre ambos mercados de compra-venta (uno es externo y otro interno) es similar a lo que logró el Gral. Enrique Mosconi con la construcción de la Refinería La Plata cuando en 1929 logró romper el monopolio del comercio interno de combustibles en la argentina, bajando el precio interno de manera considerable. Por lo tanto, uno de los grandes perjudicados con el proyecto son justamente las grandes compañías extranjeras exportadoras de granos. De esta manera, el Estado, a través de esta apropiación de la renta extraordinaria agropecuaria, generada principalmente por las ventajas naturales que posee nuestro país, con lo cual debería ser compartida por todos los argentinos, puede generar políticas de apoyo a los pequeños y medianos productores pagando un precio razonable por encima del que obtienen actualmente. Esto se daría porque se estaría eliminando la rentabilidad exorbitante que se llevan las exportadoras que forman el oligopolio que por esta característica tienen la facultad de imponer el precio en el mercado interno. La cuestión entonces es: ¿quién es el actor que define el precio interno y adónde va esa renta extraordinaria? La Sociedad Rural y los sectores dominantes de la derecha vernácula opinan que no hay mejor administrador que el capital privado, sin importar que sea extranjero o no, dado que de esta manera se estaría protegiendo la libertad de mercado y por ende la libertad de obtener abultadas ganancias para los sectores más concentrados, atando a los pequeños y medianos productores a las decisiones de aquellos. En este caso el precio lo define un oligopolio privado extranjero y la renta queda en sus manos con algún reparto entre sus socios locales más poderosos como la Sociedad Rural. La otra alternativa es que el Estado sea el que defina el precio en el mercado interno y, dada las características inherentes del Estado, los utilice para redistribuirlo pagando más y con los recursos obtenidos incentivar la producción granaria industrial con créditos blandos o con ayuda directa, promover el acceso a la alimentación para todos los argentinos y proteger a las economías regionales.
Algunos lo resumen en un problema de confianza. Confiar en el Estado o en el Capital Privado. Para dilucidar la cuestión no hay que ir demasiado atrás en el tiempo. Más exactamente la década del 90, período ícono de la confianza en el Capital Privado. Los resultados fueron desastrosos. Solo hace falta recordar la crisis del 2001 y el comportamiento de los bancos privados durante ese momento y obtendremos la respuesta (ver La Argentina Robada, Mario Cafiero y Javier Llorens, Editorial Macchi, 2002).
Asimismo, pueden asegurarse algunas afirmaciones. El Estado es esencialmente democrático, el capital privado no. La pregunta no es entonces como funcionaría más eficientemente el sistema, sino si se democratiza el instrumento en cuestión. Algunos pueden decir que el mercado es una forma de democratización. Esto podría ser así en el caso de un mercado competitivo con igualdad de oportunidades. Sin embargo, no es éste el caso, ni el de muchos otros, sobre todo en nuestro país. Son monopolios u oligopolios. También se dice que el Estado no es un buen representante de los intereses de la ciudadanía, que no tenemos un estado democrático. Esto es falso. Nuestro Estado no será la panacea de la democracia, pero tampoco es una dictadura. Esto no quita que podamos trabajar para hacer un Estado cada vez más democrático por medio de la participación popular y movilizaciones, dejando de ver el noticiero por la televisión y de vivir en “estado de interpretado”.

Martín Scalabrini Ortiz