Plan Estratégico Industrial 2020: ¿Es real o ficticio?

Existe una gran expectativa en el ambiente industrial por el anuncio del Plan Estratégico Industrial 2020. Más allá de que su presentación se realiza en medio de una campaña electoral con el acompañamiento de grandes y medianos grupos empresarios, es necesario analizar los objetivos y la forma en la que quiere llevarse a cabo.
Se ha publicado un libro con la reseña de los 11 foros sectoriales y un diagnóstico que se encuentra bastante ajustado a la realidad y una serie de objetivos ambiciosos para cada sector. Son objetivos loables y necesarios con algunos ejes acertados como la fuerte presencia estatal y una adecuada provisión de insumos difundidos.
Sin embargo, no están claras las medidas que se tendrán en cuenta para llevar adelante este plan, con lo cual es de difícil evaluación. Algunas pautas que se han declamado, por ejemplo, en el sector Bienes de Capital, muestra que se van a continuar con políticas anti-dumping y licencias no automáticas, que si bien son necesarias, no son suficientes. Estas medidas no alcanzan para revertir el proceso de concentración y extranjerización del sector industrial.
Respecto del financiamiento, que se declara como un problema, no se menciona en absoluto la creación de una Banca de Fomento Industrial.
La pregunta es cómo puede llevarse a cabo este plan cuando la realidad indica que se afianza un modelo de “dualidad estructural” en el sector industrial. Por un lado, las ramas ligadas al procesamiento de recursos básicos (siderurgia, aluminio, productos químicos, alimentos y bebidas, armaduría automotriz) con una balanza comercial superavitaria, lo cual explicaría la presencia y apoyo de la UIA. Por el otro lado, las industria más complejas de alto valor agregado, como el sector de Bienes de Capital (maquinarias y equipos con ingeniería incorporada), con una balanza comercial deficitaria.
Es altamente cuestionable que se logre llevar adelante un “modelo de acumulación con inclusión social” mientras se fortalece, generando cada vez mayor capacidad de veto a las políticas públicas, a aquellos sectores relacionados con actividades de bajo o nulo grado de industrialización.
Es evidente que el Gobierno Nacional está convencido de que un proceso industrializador puede llevarse a cabo mediante una “sintonía fina” del modelo actual, cuando en realidad lo que se necesita son reformas estructurales.
Entre ellas la creación de una Banca de Fomento Industrial orientada a las PYMES, con fuerte apoyo estatal mediante, no sólo el financiamiento, sino en la articulación con las universidades e institutos de investigación para el desarrollo de tecnología propia.
Asimismo, se hace imprescindible la derogación de la Ley de Inversiones Extranjeras de la Dictadura Militar que mantiene una libertad absoluta para los inversores extranjeros y enormes restricciones para el país receptor.
Es necesario reformar la Ley de Entidades Financieras, también de la Dictadura, que sigue vigente. También modificar las políticas que favorecen la importación de maquinarias con toda su legislación relacionada (Ley de Inversiones Mineras, Ley de Incentivo a la exploración hidrocarburífera, Leyes de incentivo a la inversión de Bienes de Capital, etc.) y reemplazarlas para incentivar el desarrollo de máquinas nacionales.
La reformas estructurales deben ser llevadas adelante mediante una fuerte voluntad política emancipadora y soberana, modificando el entramado legal existente y las políticas públicas que actualmente existen.

Martín Scalabrini Ortiz