La intervención del Estado en los sectores estratégicos de nuestra economía es crecientemente aceptada en un contexto de crisis del capitalismo mundial. Los quiebres y las continuidades del período post-convertibilidad.
Raúl Scalabrini Ortiz decía que quien controle la energía, el transporte y el intercambio interno y externo puede dominar el destino de una Nación. De esta manera, uno de los fundadores de FORJA, definía los sectores estratégicos para el desarrollo nacional.
Durante la década del noventa, nuestro país experimentó la profundización del modelo rentístico-financiero implantado a sangre y fuego durante la Dictadura Militar, que suplantó al vigente hasta ese momento de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).
El eje de ese nuevo modelo fueron las políticas del Consenso de Washington: desregulación del mercado, privatizaciones de las empresas de servicios públicos, apertura del comercio exterior. Sus consecuencias, ya conocidas, fueron la desindustrialización del tejido productivo, la concentración y extranjerización de nuestra economía y altos índices de desocupación, pobreza e indigencia. El avance del mercado y el capital privado llegó, incluso, hasta aquellos sectores que eran estratégicos.
El período post-convertibilidad se caracterizó por algunos quiebres y ciertas continuidades. Se llevaron a cabo medidas en cierto sentido positivas como la estatización de las AFJP, de Aerolíneas Argentinas, del Correo, de Aguas Argentinas, acompañadas con algunas políticas de intervención estatal en la economía permitiendo un ciclo de reindustrialización acotada pero sobre un modelo basado en la producción de materias primas y la fabricación de productos levemente manufacturados con baja integración nacional.
En el área de la energía, uno de los sectores estratégicos más importantes, la continuidad con las políticas de los noventa fue muy clara hasta la expropiación del 51% de las acciones de YPF: Durante este período se aprobó la ley de Incentivo a la Exploración, que benefició a las empresas que ya venían operando, y la ley Corta de Hidrocarburos que reglamentó la provincialización de los recursos hidrocarburíferos. La evidencia del fracaso de las políticas neoliberales aplicadas al sector energético, el déficit energético en la balanza comercial llegó a casi U$S 3.000 millones en 2011 y 2012, motivó al Gobierno Nacional a plantear en forma correcta la nacionalización parcial de YPF, aunque lo deseable hubiera sido la estatización completa de la empresa con control público. El Decreto 1277/12, reglamentario de la ley, confirma la modificación en la consideración de la producción de hidrocarburos de “commodity” a “bien estratégico” con el objetivo de recuperar el autoabastecimiento. De esta manera, quedaron derogados los principales artículos de los decretos 1055, 1212 y 1589 de 1989, desreguladores del mercado de hidrocarburos, que habían reconfigurado la matriz energética. Por otra parte, el Estado Nacional tendrá capacidad de veto en los planes de inversión que las empresas del sector deben presentar en forma periódica a la nueva Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica. Los resultados no serán inmediatos y dependerá de la capacidad para acrecentar la intervención y el control del Estado en la producción de gas y petróleo y, a su vez, de hacer frente a las inversiones necesarias para reconvertir la situación sin la necesidad imperiosa de acudir a las empresas multinacionales.
El transporte, y más específicamente, los ferrocarriles, es otro de los ejemplos del fracaso de las políticas neoliberales aplicadas a los servicios públicos. El desmantelamiento de la red ferroviaria, con sus vías y talleres, el pésimo servicio que prestan a los pasajeros, la baja incidencia en el transporte de carga que es eficiente sólo para los concesionarios, dan cuenta de la incongruencia de la relación del lucro privado y el servicio público.
Con una red que es menos de la cuarta parte de la existente antes de las privatizaciones, los subsidios estatales superaron las “pérdidas” de U$S 1 millón que esgrimían los escribas de los privatizadores para entregar los trenes al capital privado eficiente y modernizador.
La medición de eficiencia del servicio público no debería pasar por la evaluación lisa y llana de los balances de las empresas, sino en la consideración de “beneficio social” cuyas variables son mucho más amplias y los beneficiarios diferentes. Si bien en el discurso hay un reconocimiento implícito de la importancia de los ferrocarriles y muy tibiamente, luego de muchos años, el Estado está asumiendo un papel más preponderante con la toma de control del Belgrano Cargas. Sin embargo, en paralelo, su idea de reconstrucción pasa por la compra de vagones y locomotoras a China, dejando de lado su posible, al menos en parte, fabricación nacional.
En definitiva, a partir del período que se abre en el año 2003 bastante poco se ha realizado para recuperar los sectores estratégicos a los que se hacía referencia al comienzo. Han existido quiebres y continuidades signados por la necesidad coyuntural más que por decisiones de largo plazo. Se han perdido oportunidades en forma variada, pero que pueden ser retomadas sobre la base de políticas emancipadoras. Hay un largo camino por recorrer.-
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