El saqueo de la Minería

Desde tiempo de la Colonia, América Latina ha sido víctima de la depredación y explotación de los recursos mineros por parte de los Conquistadores, primero y de las Empresas Extranjeras actualmente.
La llegada de Colón a América marcó el inicio de la Conquista, enarbolando como primer objetivo la apropiación de las riquezas de las Nuevas Tierras “descubiertas”. Bien conocía don Cristóbal ese objetivo cuando luego de los viajes escribía a los reyes, desde Jamaica, en 1503: “Cuando yo descubrí las Indias, dije que eran el mayor señorío rico que hay en el mundo. Yo dije del oro, perlas, piedras preciosas, especierías…”. La ambición por el valioso metal amarillo fue tal que el almirante Cristóbal comenzó a cortarles las manos a los indios que no consiguieran ni una pepita del precioso metal. Fue el comienzo de la desaparición del pueblo indígena, quienes morían en las minas como consecuencia del trabajo esclavo que realizaban, minados por enfermedades para las cuales no estaban preparados como la viruela, llegando a dejarse morir para no servir a la explotación del Recién llegado Conquistador. Ese fue el precio de estimular, con los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales, el desarrollo económico europeo y hasta puede decirse que lo hicieron posible. La formidable concentración internacional de la riqueza en beneficio de Europa impidió, en las regiones saqueadas, el salto a la acumulación de capital industrial. Todo ello llevado a cabo gracias al trabajo forzado de los indígenas y de los negros esclavos arrancados de África. Miles de toneladas de oro y plata fueron transportadas hacia Europa. Miles de vidas entregadas en el proceso de explotación de esos metales preciosos. Ése fue el precio americano de alimentar el progreso europeo.
El tiempo transcurrido ha cambiado los métodos, pero el resultado sigue siendo el mismo. La riqueza se sigue transportando hacia las Naciones más desarrolladas, mientras nosotros nos quedamos con la miseria y el hambre. Las políticas neoliberales de los 90 profundizaron la estructura económica de nuestro país, implantada a sangre y fuego durante la última Dictadura militar. Diversas áreas productivas fueron afectadas y entre ellas, la minería.
Una de las herramientas creadas para reglamentar la expoliación de nuestros recursos mineros es la Ley 24.196 de Inversiones Mineras que entre otras cosas establecen los siguientes beneficios:
· Estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años (Art. 8).
· Importación libre de derechos de maquinarias, equipos, partes, repuestos e insumos mineros (Art.21).
· Tope para regalías: máximo 3% sobre valor “boca mina” (Art.22).
· Exención de Impuesto sobre los Activos (Art.17).
· Doble deducción de gastos de prospección, exploración, estudios, ensayos, etc. destinados a determinar la factibilidad económica (Imp. a las Ganancias, Art.12)
· Devolución del IVA sobre inversiones en exploraciones (Art.14 bis).
· Régimen beneficioso de amortización para el Impuesto a las Ganancias para Inversiones de Capital (Art.13).
Todos estos beneficios se implantaron en una Ley Nacional, con el objeto de “atraer los capitales suficientes que pudieran hacer frente a la explotación y producción de los recursos mineros”. Esta Ley Nacional debería haberse llamado “De entrega minera Nacional”. Se le asegura a la empresa una Estabilidad fiscal y cambiaria durante 30 años, lesionando el derecho soberano de un Estado de modificar, de acuerdo al criterio del interés nacional, cualquier tributo que afecte a las Empresas. Se legaliza el contrabando, autorizando la entrada al país, libre de todo gravamen en concepto de derechos de importación, a la importación de bienes de capital, partes de elementos componentes de dichos bienes y de los insumos necesarios para el desarrollo de la actividad minera. Además, se agregaron las exenciones impositivas y deducciones, de modo tal que las utilidades derivadas del “aporte” de minas y derechos mineros para constituir capital de sociedades, están exentas del impuesto a las ganancias. Así como no pagan impuestos a las ganancias, las transnacionales mineras, tienen un tope del 3% de lo que deberían abonar a las Provincias en concepto de regalías. En el afán de procurar las santificadas inversiones, La Provincia de La Rioja, directamente no cobra regalías.
En el marco de esta Ley, diversas empresas se han instalado en la Argentina para explotar nuestros recursos mineros. En general, las inversiones en materia minera, son muy altas -sobretodo al comienzo de la explotación y los períodos de vida útil de los proyectos relativamente cortos. Esto determina que solo el Estado o poderosas empresas extranjeras puedan efectuar este tipo de tareas, debido a los riesgos que se deben financiar. Sabemos que el Estado fue desguazado totalmente durante la infame década del 90, por lo tanto, sabemos quiénes fueron los que lograron instalarse finalmente en la Argentina.
A partir del momento de la sanción de la Ley, y mientras se reglamentaba y modificaban algunos de sus artículos, comenzó la depredación sin control de nuestro suelo minero.
Todo ello con el incentivo Estatal de la Secretaría de Minería de la Nación, que a través de la Dirección de Inversiones y Normativa Minera, publicó en el año 2001 un folleto en el que se señalan las bondades de invertir en Minería en nuestro país. Además de realzar los incentivos de la Ley de Inversiones Mineras, se especifica que “La oportunidad más interesante que presenta el potencial geológico de la Argentina radica en que el 75% de las áreas significativamente atractivas para la minería, permanecen sin explorar. La totalidad de los prospectos, yacimientos y depósitos mencionados hasta ahora fueron ubicados y puestos a disposición de la actividad privada a comienzos de la década del 90, como resultado de varios años de trabajos prospectivos del Estado, y de las escasas empresas privadas radicadas en el país. Esos proyectos llamados de primera generación son los que conformaron la base del boom minero argentino. Sin embargo, resta aún efectuar la prospección del resto (proyectos de segunda generación), a cargo de la inversión privada, incentivada por la información de base que pueda proporcionar el Estado a través del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)”. Es decir, se disminuye el riesgo minero de los futuros inversores, entregando los trabajos de exploración efectuados por los argentinos a través del Estado.
Al amparo de estas políticas, diversos proyectos se han estado llevando a cabo, con una impresionante participación extranjera. La provincia de San Juan es un ícono en este tipo de desarrollo con los proyectos de extracción de oro de Veladero (en funcionamiento) y Pascua Lama (en etapa de desarrollo). Sin embargo, otras provincias se han plegado a la entrega de nuestros recursos mineros, como por ej. Jujuy (Proyecto Pirquitas), Catamarca (Bajo La Alumbrera) y Santa Cruz (Cerro Vanguardia), todos ellos en favor de empresas canadienses, inglesas y suizas.
Sin embargo, no todo el marco regulatorio de despojo y saqueo del patrimonio nacional pertenece a la década del 90. El 17 de Junio de 2004, el gobierno de Néstor Kirchner promulgó el Decreto Nº 753/2004, por el cual dejó sin efecto la obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de las divisas provenientes de la exportación de productos correspondientes a las empresas mineras, ya sea respecto de un nuevo proyecto o de una ampliación de unidades productivas existentes. Sin embargo, y como consecuencia de la devaluación sufrida por nuestro país, los exportadores fueron obligados a repatriar parte de las ganancias derivadas del comercio exterior, pero a las compañías mineras el Poder Ejecutivo las considero protegidas de los controles de cambios, y en consecuencia, no obligadas a repatriar las divisas derivadas de las exportaciones, invocando el artículo 8 de la Ley de Inversiones Mineras, antes mencionado. Es decir, que pueden liquidar el 100% de las divisas en el exterior. Un porcentaje impensable para los “sufridos” petroleros que “sólo” pueden liquidar el 70% de sus divisas.
A pesar de que en los últimos años, existen productos de exportación que sufren retenciones de diversos porcentajes, el sector exportador minero quedó fuera de la imposición (con el argumento que la ley de Minería lo impedía) hasta finales del año 2007 cuando se impusieron a algunas empresas retenciones de entre el 5% y el 10%. Por otra parte, el Gobierno Nacional actuó explícitamente en defensa de las Empresas Mineras vetando el proyecto de ley que en su artículo sexto prohibía la “exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo”.
Durante los últimos años, las exportaciones en el sector de la minería han venido aumentando sensiblemente hasta alcanzar aprox. US$ 3.000 millones durante el año 2007. El peso que actualmente tienen estas exportaciones es enorme.
Teniendo en cuenta el aumento del precio de los commodities mineros, especialmente del oro, que llegó a cotizar hasta casi U$S 1000 la onza en marzo del año pasado, siendo de alrededor de U$S 810 actualmente, las rentabilidades de estas empresas se acrecientan día a día, dejando al país migajas que ni siquiera podemos aprovechar. Por otra parte, en los casos de minerales metalíferos, la vida útil de un proyecto no supera los 15-20 años. Eso significa que si el Estado Nacional no interviene decisivamente en defensa de los intereses nacionales, estableciendo controles ambientales, financieros, a la transferencia de utilidades e impositivos y establezca una adecuada legislación industrial que permita transformar el producido metálico del subsuelo, es decir, conferir valor agregado al mismo, al final de la explotación minera, sólo quedarán sendos socavones en la montaña y pueblos fantasma, fruto del saqueo de las empresas extranjeras.
El Estado Nacional debe recuperar el patrimonio minero reestableciendo el art. 40 de la Constitución de 1949, que establecía la propiedad inalienable e imprescriptible del Estado de los recursos naturales, para evitar continuar siendo una colonia que sirve de materia prima sin elaborar al primer mundo, dejando en contrapartida un pueblo hambreado, saqueado y despojado de sus riquezas naturales. Se impone la recreación de una Empresa Estatal de Minería que comience a explorar y explotar nuestros recursos en forma razonable, teniendo en cuenta que todo recurso no renovable debe ser considerado estratégico para el interés nacional y que estos recursos deben ser la palanca necesaria que promueva el desarrollo industrial nacional.

Martín Scalabrini Ortiz