El
domingo 4 de marzo pasado se publicó en el diario Página/12 una entrevista titulada
“Nacionalismo mal entendido” realizada a Víctor Bronstein,
director del Ceepys. Allí este analista caracteriza como
“nacionalismo de opereta” a la Campaña por la Nacionalización
del Petróleo y el Gas que, con la consigna “Luche
y Vuelve. Por una Petrolera 100% Pública 100% Argentina”,
promueven diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales.
El
eje argumental que esgrime este analista, consultor de empresas
privadas para cuestiones energéticas, adolece de un gran
desconocimiento de los procesos históricos y de la correlación de
fuerzas que atraviesa a los pueblos latinoamericanos. Desde la época
de la Conquista nuestra América ha estado subordinada a las
necesidades voraces de las potencias centrales. La Historia muestra
que existieron momentos épicos signados por políticas económicas
soberanas y momentos de opresión marcados por la derrota popular
concretada en forma sangrienta durante la última dictadura militar,
y perpetuados con las políticas neoliberales de la década del 90,
cuyas consecuencias aún siguen vigentes.
Es
por ello que ha quedado demostrado que el establecimiento de un marco
regulatorio legal no alcanza para contrarrestar el poder económico
que representan los capitales transnacionales. Bajo la comprensión
de estos conceptos y en el marco de la discusión de la dirección de
la política energética que deberíamos llevar adelante, se propone
no quedarnos en el tibio debate sobre el endurecimiento de las
medidas disciplinarias al capital o la quita de las concesiones de
YPF a Repsol para entregarlas a otro privado por parte de las
provincias. Está claro que en este caso Repsol no ha garantizado una
política sostenida de inversiones que contemplen el
autoabastecimiento energético y la producción a largo plazo, sino
más bien ha propiciado políticas extractivas tendientes a la
maximización de la ganancia, envío de capitales hacia su casa
matriz para re direccionarlos a otras partes del mundo, con las
lógicas consecuencias de baja de la producción y de las reservas.
Para
Bronstein la discusión se resuelve garantizando la “seguridad
energética”, al que considera como el “concepto nacionalista que
debería guiarnos en esta nueva etapa”. Sin embargo, se puede
afirmar este postulado “nacionalista” responde más bien al
nacionalismo de los países centrales y a su necesidad de apoderarse
de los recursos estratégicos para su propio desarrollo. Este
concepto es tomado directamente de los informes elaborados por la
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, fruto de
la colonización pedagógica que aún en estos días rige el
pensamiento de muchos especialistas. El hecho de haber seguido los
lineamientos de los países centrales no ha hecho más que hundirnos
en la miseria, no sólo económica sino también cultural.
Por
otra parte, llega a afirmar que el autoabastecimiento energético se
produjo a partir de la privatización de YPF en la década del 90. De
esta manera deja de lado el crecimiento de YPF desde su creación en
1922 bajo el influjo del Gral. Enrique Mosconi hasta llegar en 1985
al autoabastecimiento bajo administración estatal.
La
Campaña por la Nacionalización del Petróleo y el Gas que pone foco
en recuperar la Empresa estatal, no responde a un “nacionalismo de
opereta” sino que pone en debate la dirección estratégica en
términos de política energética, proponiendo: - Recuperar una de
las herramientas fundamentales para nuestro desarrollo autónomo. –
El control, implementación y regulación del mercado de la energía,
fomentando la industrialización y la soberanía económica. – El
financiamiento de obras públicas de envergadura. – La distribución
federal de las ganancias de forma equitativa para las provincias de
menores recursos. – La integración con los países de América
Latina.
No
proponemos un regreso en el tiempo, sino aprender de esas
experiencias para superarlas. La empresa estatal debe cumplir un rol
no sólo económico y político, sino moral y transparente. En este
sentido, nuestra propuesta se dirige a conforma una nueva categoría
de empresa pública en donde los actores principales sean el Estado,
sus trabajadores y la ciudadanía.
Martín Scalabrini Ortiz
Martín Scalabrini Ortiz
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