Recuperación de la soberanía energética

En estos días ha tomado gran importancia la cuestión energética en nuestro país, con la privatizada YPF en el centro de atención. La caída de las concesiones ordenada por los gobiernos provinciales y los rumores de nacionalización de YPF, pedido desde distintos sectores, marca claramente el fracaso de las políticas neoliberales aplicadas en el sector de los hidrocarburos.
Luego de la desregulación y la llamada Reforma del Estado en el comienzo de la presidencia de Carlos Menem, las políticas de entrega del patrimonio nacional continúan posteriormente en 1992 con la sanción de la ley 24145 de privatización de la empresa estatal YPF, llegando en 1999 a su entrega total en manos de la española Repsol.
Durante la post-convertibilidad se aprueban en el Congreso Nacional la ley “Corta” de hidrocarburos, generando el marco legal para la provincialización de los recursos petroleros y permitiendo a las provincias la potestad de concesionar los yacimientos, y la ley de Incentivo a la Exploración, con beneficios a las empresas ganadoras de la década anterior.
En el año 2007 se llevó adelante la llamada “argentinización” de YPF que consistió en la compra por parte del Grupo Ezkenazi del 15% del paquete accionario, sumando luego otro 10%, llegando a un total del 25% de participación.
Los resultados son evidentes, con caída de producción, de reservas y la pérdida del autoabastecimiento, llegando a importar combustibles el año pasado por un monto total de U$S 9.400 millones. Esto implica un déficit comercial energético de casi U$S 3.000 millones.
Repsol se ha dedicado, durante todos estos años, a aplicar una política extractiva de corto plazo y sin reposición de reservas, maximizando su ganancia y distribuyendo cuantiosas utilidades. Mientras que en el período 1999-2007 la magnitud fue del 75% del total de las ganancias, entre el período 2008-2010 se distribuyó el 144%. Estas ganancias en su mayor parte se remitieron a la casa matriz siendo utilizadas para inversión en otras partes del mundo.
La quita de áreas de exploración por parte de los gobiernos provinciales, por falta de inversión y caída de producción, es una demostración de los posibles caminos que podrían seguirse para recuperar la soberanía energética perdida durante la década del 90 con las privatizaciones. Con la simple aplicación de la ley, el Estado tiene la facultad de recuperar esas áreas y definir qué hacer con ellas.
Por otra parte, se está hablando de una posible expropiación de una parte mayoritaria del paquete accionario de YPF por parte del Estado Nacional, que pasaría a controlar la empresa de capitales mixtos.
Sin embargo, para no quedar a mitad de camino y mantener un sistema híbrido en donde el Estado sea quien cargue con los mayores costos y los privados sigan con la fiesta extractiva, se debería comenzar a desactivar la parafernalia jurídica implantada durante el menemato, comenzando con la derogación de los decretos 1055, 1212 y 1589 firmados por Carlos Menem en 1989, aún vigentes, y que permitieron eliminar la intervención del Estado en el sector de producción de hidrocarburos, estableciendo la libertad de precios y otorgando la libre disponibilidad del crudo extraído. También permitieron suprimir la restricción para importar o exportar petróleo crudo y sus derivados.
Por otra parte, se debería avanzar en el proceso de revisión de los contratos de concesión para revertir al Estado aquellos con incumplimientos o que se hayan concesionado en forma ilegal.
El proceso de nacionalización de YPF debería contemplar la apropiación por parte del Estado Nacional del 100% de la empresa, contemplando la participación de las provincias y el control público. Para ello, debería aplicarse el espíritu del Art. 40 de la Constitución de 1949 que declaraba que el valor de expropiación debería ser el valor económico de explotación y no el bursátil, teniendo en cuenta las utilidades distribuidas y las inversiones no realizadas. Este valor estaría muy por debajo de los U$S 14.000 millones que, en teoría, valen las acciones de la empresa.
Repsol se ha dedicado, durante todos estos años, a aplicar una política extractiva.
La renacionalización del sector debería ser direccionada a modificar el paradigma energético vigente hasta ahora, dando un valor de “commodity” a lo que debería ser un bien estratégico de desarrollo nacional, en consonancia al resto de los países de América Latina que están aplicando politicas soberanas en materia de producción de hidrocarburos.
Además, sería imperioso encarar una política de largo plazo que permita la diversificación de la matriz energética para eliminar su fuerte dependencia de los hidrocarburos. La captura de la renta petrolera, permitiría, no sólo invertir en viviendas, educación y salud, sino también en el desarrollo de energías renovables como la eólica, hidráulica, solar y nuclear. Este desarrollo permitirá consolidar una masa crítica y un avance científico que permitirá bajar los costos de estas tecnologías, con la consecuente disminución de la dependencia externa en tecnología y divisas.
La nacionalización de los hidrocarburos con participación 100% estatal permitirá utilizar parte de la renta a la diversificación, pero también generaría el campo fértil para reinvertir las utilidades en la exploración de nuevos yacimientos.


Martín Scalabrini Ortiz