Una mirada desde el Pensamiento Nacional a los problemas nacionales.

"Verás que todo es mentira,verás que nada es amor,que al mundo nada le importa...¡Yira!... ¡Yira!...Aunque te quiebre la vida,aunque te muerda un dolor,no esperes nunca una ayuda,ni una mano, ni un favor" (Enrique Santos Discépolo)

lunes, 1 de diciembre de 2008

La Deuda Externa: una historia de sometimiento

La deuda externa argentina ha estado presente en la agenda económica y mediática principalmente durante los últimos 30 años. Conocemos que es un problema adquirido y que debemos solucionarlo. Que necesitamos recursos para poder afrontarla y que esos recursos son cada vez más cuantiosos. Sin embargo, poco se sabe del objeto y del origen de la deuda, principalmente porque no es de interés que se sepa.
Sin embargo, nuestra Historia está signada por la presencia de la deuda desde casi la conformación de nuestra Nación, manteniendo su presencia a través de los años, como primera arma de dominación económica y como herramienta para obtener lo generado por la riqueza y el trabajo argentinos, merced a la habilidad y no la fuerza. Es en 1824, durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, cuando se contrae el primer empréstito, que comienza la rueda del endeudamiento. El argumento utilizado por los “librecambistas” para pedir el préstamo fue que era necesario dada la falta de metálico, es decir, oro, que era la moneda de circulación de aquella época y que debíamos conseguirlo en el extranjero, es decir, “abrirnos al mundo”. Con este oro obtenido, podría construirse una variedad de obras de infraestructura. Siempre existen, aunque nos quieran hacer creer que no, patriotas en nuestra historia. Este papel lo jugó el Dr. Agüero en el debate del Congreso cuando informó que no era necesario tomar el empréstito dado que la Comisión de Hacienda había calculado un sobrante en el presupuesto de 1823 de casi el doble de lo necesario para cubrir los servicios de la deuda (es decir, el pago de capital e intereses) y que en sólo 5 años se podía obtener el monto del empréstito. Sin embargo, el gobierno decide iniciar las negociaciones enviando a dos representantes nombrados por el ministro de Hacienda Manuel J. García: Félix Castro, fuertemente vinculado al comercio inglés en Buenos Aires y Parish Robertson, pariente de un cónsul inglés. En otras palabras, se envía a negociar a representantes con fuertes vínculos con quienes deben negociar. Una vez en Londres, se llega a un “acuerdo” con la banca británica Baring Brothers, en el que la Argentina se compromete a pagar un millón de libras en oro y sus correspondientes intereses. Del total del empréstito, nuestros “negociadores” aceptan la emisión de los títulos de deuda al 70% de su valor, inaugurando la era del “riesgo país”, dado que a los ojos de un país desarrollado como Inglaterra, un país de Sudamérica posee el riesgo implícito de no pagar su deuda, aunque no tuviera historia previa.
Es decir que, mágicamente, la deuda de un millón pasa a valer 700.000 libras que es lo que debiéramos recibir en oro, aunque seguimos debiendo un millón. Es lógico preguntarse dónde va a parar el 30% restante. 150.000 libras lógicamente se los queda la Baring Brothers, dado que nunca salen de allí. Sin embargo, 120.000 libras quedan como “comisión” para nuestros negociadores por el gran trabajo realizado. Las restantes 30.000 libras van para, otra vez, la Baring Brothers, pero esta vez como “comisión” también. De las 700.000 libras restantes, la “negociación” indicó que el 12% del total del préstamo serían intereses adelantados y el 1% amortización adelantada. En otras palabras, antes de comenzar a utilizar el oro ya estábamos pagando intereses y capital por las dudas. Finalmente quedan 570.000 libras. A éste importe, se deduce un importe de 17.300 libras en concepto de comisiones de los gestores y gastos, quedando 552.700 libras. Por si “esto fuera poco”, esta cantidad no llegan en oro contante y sonante, sino que según la investigación de Raúl Scalabrini Ortiz, llegaron sólo 20.678 libras. El resto son papeles intercambiables por oro a los comerciantes ingleses en Buenos Aires. Estos comerciantes tenían el problema de que acumulaban ganancias en pesos que no podían ser enviados a su país por la simple razón de que en Inglaterra no circulaban pesos. Sin embargo, este empréstito les permite intercambiar sus pesos acumulados por los papeles, que depositados en un banco de Londres, les permite tener libre disponibilidad de sus ganancias en Inglaterra. Es decir, nuestro país quedó endeudado en oro, los comerciantes ingleses pudieron transformar sus pesos acumulados en oro en Londres y los bancos ingleses quedaron como acreedores con los papeles en su poder. Finalmente, cabe aclarar que las obras no se hicieron y, además, quedaron como garantía de la deuda pedazos de tierra de la Provincia de Buenos Aires. Se terminaron pagando entre 5 a 8 millones de libras en oro, no se conoce a ciencia cierta el monto. Oro obtenido del trabajo y la riqueza argentinas a favor del extranjero.
A esta altura cabe preguntarse si acaso somos zonzos, nos falta habilidad negociadora o, por el contrario, nuestros representantes “librecambistas”, en lugar de defender el interés nacional están al servicio de los intereses de los acreedores. En este caso, sus relaciones con los ingleses alimentan toda suspicacia. Esta relación con los acreedores se repite constantemente en la historia de la deuda. Desde aquella época, pasando, por ejemplo, por el oscuro período de endeudamiento durante la sangrienta Dictadura Militar con Guillermo W. Klein, secretario de Coordinación y Programación Económica, como protagonista, asociado con los bancos extranjeros por medio de su consultora “Estudio Klein & Mairal”. O con Daniel Marx como negociador de la deuda durante el menemismo, luego de haberse iniciado en el Citibank y pasado por el Banco Río, sucursal Manhattan.
Durante los últimos 30 años, la misma maniobra se repite, contrayendo el Estado Nacional un empréstito tras otro sólo para solventar la constante y permanente fuga de capitales, que se lleva a cabo tanto en tiempos de crisis como en tiempos de bonanza. Siempre hay fuga. Fue de esta manera, con la connivencia del Banco Central, que los principales bancos extranjeros pudieron fugar casi U$S 20.000 millones durante el año 2001 terminando en el tristemente célebre “corralito bancario”. No fue la caída en los depósitos que generó el “corralito”, sino la incesante fuga de divisas que dejó el mercado seco de dólares, como bien lo demuestran Mario Cafiero y Javier Llorens en su libro “La Argentina Robada”.
La rueda del endeudamiento sigue vigente, porque sigue vigente el mismo esquema, el mismo entramado financiero que comenzó a sangre y fuego durante la última dictadura militar, cuya deuda externa fue declarada ilegítima e ilegal de acuerdo a la resolución del Juez Ballesteros en la causa Nro. 14467 (expte 7723/98). Habría que investigar qué sucede con la deuda tomada por los gobiernos posteriores. En estos días, Ecuador nos da su ejemplo. La Comisión de Investigación de la Deuda Externa de ese país consideró que gran parte de la deuda contraída era ilegítima. Un ejemplo que deberíamos seguir. La independencia económica tiene sus costos. Debe estar en la voluntad de los patriotas y de los pueblos asumir ese costo.

Martín Scalabrini Ortiz
Fuentes: Raúl Scalabrini Ortiz, Política Británica en el Río de la Plata, Serie Clásicos, Clarín, 2001.
Norberto Galasso, De la Banca Baring al FMI, Ed. Colihue, 2002.
Carlos Juliá, La Memoria de la Deuda, Ed. Biblos, 2002.
Mario Cafiero y Javier Llorens, La Argentina Robada, Ed. Macchi, 2001.

martes, 18 de noviembre de 2008

El negocio de la regasificación por buques

Durante el último invierno, se llevó a cabo la segunda operación de regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) por medio de buques en el mundo en la ciudad de Bahía Blanca, bajo el contexto de la llamada “crisis energética” con el objetivo de asegurar la provisión de gas en época invernal. Veremos si este fue el objetivo real principal o si se trató de un negocio corporativo.
La operación se realizó mediante el buque “Excelsior”, uno de los tres buques regasificadores que existen en el mundo, de 277 metros de largo y 45 de manga. Este buque tiene la capacidad de recibir el GNL y regasificarlo mediante una miniplanta ubicada en la proa, acondicionando el gas a través de calentamiento con agua a más de 14-15 C. Este calentamiento es de suma importancia dado que el gas licuado permanece durante el traslado desde el punto de origen, en este caso la planta de licuefacción de Atlantic LNG en Trinidad y Tobago, hasta su llegada en el puerto de Profértil en Bahía Blanca, punto de desembarque seleccionado para esta ocasión, a una temperatura aproximada de -160 C, punto de equilibrio de gas natural rico en metano con una densidad de 431 kg/m3. Durante el traslado, que se realiza con otros buques metaneros, esta temperatura es mantenida en los tanques mediante un adecuado aislamiento del mismo con perlita. El material de los tanques debe ser especial, siendo en este caso invar, un material resistente a las bajas temperaturas.
La inyección de gas comenzó el 4 de junio, habiéndose extendido durante 105 días. Para llegar a ese momento, se debió construir un gasoducto corto de 14” para su interconexión con el gasoducto troncal que envía gas a Profértil, empresa productora de fertilizantes que lo utiliza como materia prima. También se debió traer un brazo de carga de 85 toneladas en avión, dada la urgencia del proyecto, para trasvasar el gas desde el buque al gasoducto. Se trató de todo un operativo que se realizó en corto tiempo. Durante la operación se inyectaron hasta 9 millones y medio de m3 Standard (condiciones del gas a 15,56 C y 1 bara) por día (MMSm3/d), promediando durante el período de operación 4,1 MMSm3/d alcanzando un total de 436 MMSm3, equivalentes a 716.000 m3 de gas líquido, siendo aportados por 5 buques metaneros en una operación denominada STS (Ship to Ship). La presión del gas obtenida fue de 60-65 barg y su temperatura de 4-5 C, lo cual es adecuado para su circulación en el gasoducto.
Hasta aquí las cuestiones técnicas. Algunas de ellas cuestionadas por organizaciones locales por tratarse de una operación de cierto riesgo en una zona portuaria-industrial. Sin embargo, son las cuestiones comerciales las que debemos analizar críticamente. El proyecto es iniciado por ENARSA, empresa estatal de energía. El papel de ENARSA fue contratar a Repsol-YPF para la contratación del buque regasificador, la ejecución de las obras del muelle de readecuación para descarga de Gas Natural y la construcción del gasoducto de 14” de interconexión. La contratación incluye la provisión del Gas líquido a un precio de alrededor de 17 U$S/MMBTU (millón de BTU, unidad inglesa de energía) por encima del precio que se paga a Bolivia de alrededor de 7 U$S/MMBTU y muy por encima del precio que se le reconoce a los productores locales de 2,10 U$S/MMBTU en promedio, significando el total de gas inyectado alrededor de U$S 275 millones (correspondientes a los 436 MMSm3). El costo total de la contratación ascendió a alrededor de US$ 500 millones según el diario Crítica Digital, con aportes del Tesoro Nacional. Repsol por su lado compró el gas a Atlantic LNG en Trinidad y Tobago, donde tiene una participación de alrededor de 24% en los cuatro trenes de licuefacción. El gas que alimenta a Atantic LNG proviene en su mayoría de los pozos en alta mar de bpTT, compañía en donde tiene una participación del 30% junto con la British Petroleum (BP). Para su transporte utilizó los buques de la compañía Stream, en donde Repsol tiene una participación del 50% junto con Gas Natural-SDG que tiene el otro 50%. Además, se aseguró gas natural a las compañías Mega S.A., donde Repsol tiene una participación del 38%, sociedad que se dedica, normalmente, a separar los líquidos del gas natural proveniente del yacimiento de Loma La Lata. El consumo diario de la instalación es de 5 millones de metros cúbicos aproximadamente, y a la empresa Profértil, donde Repsol posee el 50% de participación en una joint venture con Agrium para la producción de urea y amoníaco. El consumo diario es entre 2 y 3 MMSm3/d, que debió ser suspendido durante 60-70 días durante el invierno del 2007. En definitiva, la cantidad de gas inyectada al sistema nacional fue el sobrante, es decir, poco y nada.
En otras palabras, Repsol se compró el gas en Trinidad y Tobago en una operación que más se parece a intrafirma en lugar de importación, se lo transportó con una empresa propia y se aseguró el gas durante el invierno a sus empresas controladas y cobró por ello de parte del Estado Nacional.
Este es un claro y particular ejemplo de la alianza construida entre el Gobierno Nacional con Repsol, la principal empresa hidrocarburífera beneficiada por la política de depredación y saqueo llevada a cabo durante la década del 90, mediante la privatización de YPF, y cuya consecuencia es esta misma crisis energética que pretenden solucionar de esta manera. ENARSA sólo ha demostrado ser una herramienta para la continuación y profundización de estas políticas, estableciendo alianzas con las mismas corporaciones depredadoras que hoy en día reclaman más “incentivos”, más “seguridad jurídica”, en fin, más ganancias a costa de los argentinos, en lugar de ser una herramienta para la recuperación de nuestro patrimonio energético.

Fuentes: Diario Crítica Digital (http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=5638)
Página Web Repsol-YPF (http://www.repsol.com/es_es/todo_sobre_repsol_ypf/informacion_para_accionistas_e_inversores/inf_economicofinanciera/informes_financieros/HTML/AreasNegocio/06/default.aspx?Pagina=19)
InfoMORENO (http://www.info-moreno.com.ar/)
Diario El País de España (http://www.elpais.com/articulo/economia/Repsol/contara/mes/mayor/planta/gas/mundo/Trinidad/elpepieco/20051210elpepieco_3/Tes)
7ma. Reunión Anual GIMOR (Grupo de Interés en Modelado y Operación de Redes y Ductos)

martes, 4 de noviembre de 2008

Historia Previsional Argentina

Nuestra Historia previsional comienza en 1877, con la creación de un sistema de jubilaciones para los jueces federales de acuerdo a la ley 870. Sin embargo, no se encuentra disponible ningún archivo que indique el uso este beneficio. Más tarde, en 1884, con la ley 1420 De Educación Común, se establece una jubilación para maestros preceptores. Los recursos para ambos regímenes eran provistos por el Estado.
Es en 1904 cuando se promulga la ley 4349 que creaba la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, donde se reconocía el beneficio a los funcionarios, empleados y agentes civiles del Estado; a los del Consejo Nacional de Educación y de los Bancos Nación e Hipotecario; a los magistrados judiciales, ministros del Poder Ejecutivo, a quienes ocupaban cargos electivos; y al personal de los Ferrocarriles de la Nación, que se crea el primer sistema contributivo argentino. Es decir que cada uno de los trabajadores contribuía con una parte de su sueldo a solventar el sistema de jubilación.
Uno de los grandes impulsores del sistema de jubilación para los trabajadores fue quien llegó a ser el primer diputado socialista de América, don Alfredo Palacios. Palacios presentó como diputado varios proyectos de ley que tenían que ver con las jubilaciones y pensiones para obreros y empleados de empresas particulares, las de los empleados bancarios y las de obreras que trabajaban a domicilio para el Estado. Sin embargo, fueron los sindicatos quienes se organizaron para generar las Cajas de jubilaciones. En 1911 fueron las de los ferroviarios, en 1921 la del personal de los servicios públicos, que a su vez incorporó a los bancarios en 1922. La de Empleados de Comercio ve la luz en 1944 y la de los trabajadores marítimos y los de la industria en 1946.
En 1943, las Cajas pasan a estar dirigidas por directorios integrados por representantes del Estado, de los empleadores y de las organizaciones gremiales. En esta época el sistema funcionaba como un verdadero sistema de capitalización colectivo y público, no de cuentas individuales. De esta manera, los capitales acumulados se utilizaban en crédito social a través de préstamos hipotecarios, prendarios y personales. Los beneficiarios aumentan en un número considerable, pasando de ser 430.000 en 1944, a 2.328.000 en 1949.
En 1954, con la ley 14.370 se adopta la forma del sistema de reparto, utilizando los fondos acumulados y los que ingresaban para pagar las jubilaciones que se estaban produciendo.
Este sistema solidario de jubilaciones y pensiones funcionó hasta la llegada de la década del 90 con su artillería de políticas de destrucción del entramado estatal. En 1994 se establece un sistema de capitalización individual, junto con el de reparto, pero siendo favorecido claramente el primero. Este sistema prometía un retiro del trabajador solventado por sus propios fondos administrados por las AFJP durante todo el tiempo de su vida laboral. Para ello las administradoras cobrarían una comisión como incentivo para mantener actualizados los fondos acumulados. A través de los años se ha demostrado que este sistema, marcadamente individualista, no sirvió para mantener a todos los beneficiarios y que los argumentos que se utilizaban para imponer este sistema eran en su mayoría falsos. Actualmente, existen 446.000 jubilados que cobran de las AFJP que ganarían menos de la mínima si el Estado no los complementara con fondos públicos (aprox. 4000 millones de pesos). Además, existen 33.000 jubilados que agotaron todo lo que tenían en sus cuentas, apareciendo el Estado para aportar sus jubilaciones. Por otra parte, el Estado aceptó hacerse cargo de aquellos hombres de más de 55 años y a las mujeres de más de 50, que no llegaron a acumular ni siquiera 20.000 pesos.
Algunos de los argumentos utilizados a favor del régimen de capitalización son los siguientes: - Los aportes no perderían su valor a lo largo de los años pudiendo lograr al final una buena jubilación. La realidad muestra que la suma de las comisiones cobradas (en el período 2001-2003 fue de casi el 60% de lo aportado) y la rentabilidad generada dio como resultado una rentabilidad real (teniendo en cuenta la inflación) negativa perdiendo los fondos aportados valor real debido a las sucesivas crisis que se sucedieron desde 1994. – La administración privada es más racional que la estatal. La verdad es que las AFJP insumen unos 1.000 millones de pesos anuales para administrar el sistema, mientras que la ANSES gasta alrededor de 300 millones. – Se dice que se obligó a las AFJP a comprar títulos públicos en más de un 70% de los fondos invertidos. La verdad es que las AFJP invirtieron en títulos públicos porque era la única manera de mostrar rendimientos elevados por las altas tasas de interés pagadas por el Estado. Esto generó una rueda perversa de financiamiento estatal por la pérdida del ingreso de contribuciones previsionales.
La lógica neoliberal implantada a sangre y fuego durante la dictadura militar y profundizada en la década del 90, indica que el futuro depende de cada uno y exalta la individualidad como parámetro de éxito. En estos días tenemos la oportunidad de volver a un sistema solidario en donde cada uno de nosotros contribuye al sostenimiento de nuestros mayores y de nuestro futuro. Es necesario, sin embargo, la participación de la ciudadanía, por medio de organizaciones públicas, sindicatos, empresarios, en el control de los fondos que deberán ser utilizados en beneficio de todos y cada uno de quienes hayan dedicado su vida al trabajo.

Martín Scalabrini Ortiz