Una mirada desde el Pensamiento Nacional a los problemas nacionales.

"Verás que todo es mentira,verás que nada es amor,que al mundo nada le importa...¡Yira!... ¡Yira!...Aunque te quiebre la vida,aunque te muerda un dolor,no esperes nunca una ayuda,ni una mano, ni un favor" (Enrique Santos Discépolo)

lunes, 16 de agosto de 2010

La fachada “seria” de las corporaciones del petróleo en Argentina

Según la acepción de la Real Academia Española, los significados de la palabra “Instituto” son varios: 1) Centro estatal de enseñanza secundaria; 2) Institución científica, cultural, etc.; 3) Organismo oficial que se ocupa de un servicio concreto; 4) Establecimiento público en el que se presta un servicio o cuidado específico; 5) Cierto cuerpo militar o congregación religiosa y dos más en desuso. Todos estos significados más el uso común indican que se trata de un ente de prestigio, seriedad, cuasi-académico. Sin embargo, las grandes corporaciones utilizan la licencia de la acepción número 4 para crear no sólo organizaciones que generan servicios, sino que, aprovechando la semántica positiva de la palabra “Instituto”, se dedican a tareas de lobby y de presión.

Hay innumerables ejemplos, no sólo en tierras locales, sino internacionales. Uno de ellos es el IAPG, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Esta “institución”, que ofrece cursos técnicos y no tan técnicos relacionados con gestión y economía y participa en la organización de congresos, está conformada por compañías privadas relacionadas con la extracción de petróleo y gas. Aunque fue creada en 1957, en 1996 cambia su denominación por la actual “como consecuencia de una integración de esfuerzos e ideas con los nuevos actores involucrados en el sector”, como informa su página web. Es decir, acomodando sus intenciones de acuerdo al nuevo marco privatizador y desregulatorio impuesto en la década del 90. El cuerpo directivo está conformado por representantes de las empresas, encabezadas por Repsol-YPF, que aparece como YPF S.A. en un intento de lavaje de fachada que ya lleva unos años. Su presidente honorario Ernesto López Anadón, fue un hombre de Repsol-YPF y ahora se dedica a transmitir las bondades del comercio libre y la desregulación en el mercado del gas y el petróleo en conferencias, charlas y congresos, con buena llegada al poder político, como lo demuestra la foto que figura en la página web de la 24ta. Conferencia Mundial de Gas que se realizó en Buenos Aires con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el pasado mes de mayo se llevaron a cabo las 5tas Jornadas de Actualización Petroquímica, un lugar de encuentro y expresión de las empresas de la industria petroquímica sobre políticas y mercados del sector. Entre sus invitados como expositores estuvieron representantes de la industria, como Héctor Méndez de la UIA, consultoras privadas extranjeras del sector energético y petroquímico, ejecutivos de empresas e, incluso, representantes del sector político liberal-conservador como Juan José Llach, Rodolfo Terragno y Carlos Brown, el delfín duhaldista. Estos últimos dando lecciones de cómo organizar industrialmente el país y observando lo que pasaría si no se hace lo que ellos proponen. El caso de Llach es sumamente llamativo, ya que fue funcionario del gobierno de Carlos Menem como Secretario de Planificación Económica, y Fernando De la Rúa, siendo su Ministro de Educación, y sigue realizando conferencias y charlas de análisis económico-político incluyendo sus propios pronósticos futuristas.

Pero es en la exposición de López Anadón, también presente, que es interesante detenerse. Su presentación tuvo como objetivo demostrar con gráficos y datos que la desregulación del mercado del petróleo y el gas implantado durante la década menemista, fue beneficioso en términos de reservas, ante la mirada intrascendente de los presentes. Me pregunto si esa afirmación habrá generado la misma sorpresa que me atrapó a mí, en alguno de los concurrentes.

Sus argumentos son un ejemplo de cómo se pueden manipular los datos estadísticos para llegar a una determinada conclusión, de acuerdo a lo que se quiera demostrar. En sus páginas 3, 4 y 5, muestra un gráfico realizando una comparación entre la variación de reservas y producción en el período 1973-1990 y 1990-2008, llamando al primero “período de regulación estatal” y al segundo “período de desregulación”. Su punto de comparación es justamente el año en el que se subestimaron las reservas hidrocarburíferas a partir de un trabajo de una consultora privada (Gaffney, Clines & Asociados) que recalculó el nivel de reservas de YPF, como paso previo a su privatización, permitiendo un precio de venta de sus activos mucho menor al real. En 1989 las reservas eran de 344 millones de m3, un 37,6% superior al punto inicial de López Anadón. Este valor de reservas es recuperado en dos años alcanzando en 1992 320 millones de m3, demostrando que las reservas ya existían en la YPF estatal y que no habían sido contabilizadas. López Anadón utiliza un engaño estadístico menemista para demostrar su tesis.

Por otra parte, el “descubrimiento” de nuevas reservas de petróleo durante la década del 90 llega a producir un nivel de reservas de 448 millones de m3. López asegura que es producto de la inversión realizada por las empresas privadas. Sin embargo, la realidad marca otra cosa bastante diferente. Mientras que en 1989 la cantidad de pozos de exploración (aquellos pozos perforados para buscar nuevas reservas con alto riesgo minero) era de 98 pozos (un 12,1 % del total de pozos perforados) contra 533 pozos de explotación (aquellos pozos perforados en zonas delimitadas y en donde se tiene la seguridad de que existe petróleo), en el 2001 se llegan a perforar 31 pozos exploratorios (un 2,2 % del total) contra 1148 de explotación, dejando al desnudo una estrategia depredadora de un recurso estratégico como el petróleo. El pico se produce en 1995 con 165 pozos exploratorios. Pero tampoco puede explicarse por la “gran” inversión de las compañías privadas, sino simplemente por el aprovechamiento de la utilización de estudios previos realizados en su mayoría por la YPF estatal. La maduración de las diversas zonas petroleras lleva años, siendo alrededor de 10 en promedio. Es decir que el período en el que comienzan a visualizarse los frutos del desarrollo exploratorio tarda, por lo general, una década. El resultado de las políticas petroleras aplicadas no se conoce hasta después de este período de tiempo. Para simplificar se tomó el caso del petróleo, pero el caso del gas es muy parecido al petrolero e incluso, se profundiza.

Como agravante a la falta de inversión en exploración durante la “desregulada” década del 90 se producen dos cuestiones fundamentales. La primera, un aumento extraordinario de los valores exportados. El aumento en la cantidad de pozos de explotación y, en consecuencia, el valor de producción obtenido no sólo no se dirigió a desarrollar el mercado interno, sino que en su totalidad, e incluso más, fue hacia la exportación. Los valores exportados se multiplicaron por 27 en 1997, respecto de 1989. El mayor porcentaje de petróleo exportado, respecto del total producido, se genera en 1996 con un 41% del total extraído. Este impresionante aumento generó una renta petrolera extraordinaria apropiada prácticamente en forma íntegra por las empresas privadas extranjeras, sin la obligación de liquidar las divisas en un 70%. La segunda, son las ganancias extraordinarias de las empresas, principalmente Repsol, quien a partir de 1999 se hace con el control total de YPF. La exportación indiscriminada y la maximización de la ganancia de un recurso estratégico como el petróleo se combinaron para obtener una caída en el nivel de reservas medido en años (relación entre lo producido y las reservas) pasando de 14 a 8 actualmente. La estrategia empresarial pasa por demostrar que la única forma de aumentar las reservas es el precio de venta y el mantenimiento de lo que ellos denominan “seguridad jurídica” por medio de planes de incentivo y continuación del mercado desregulado y sin intervención estatal. A la vista de los resultados de los balances anuales cabe preguntarse acerca del significado de la “seguridad jurídica”.

Al la vista de lo sucedido, se demuestra que el Estado debe estar presente en la producción de hidrocarburos. La empresa estatal ENARSA no está cumpliendo con este rol. Su influencia en el sector hidrocarburífero casi nula, producto de políticas sin objetivos estratégicos, y su alianza con los mayores beneficiados durante la época del saqueo indican un camino en la dirección incorrecta. Se impone la empresa estatal de hidrocarburos que alguna vez nos llevó al autoabastecimiento y a la ruptura de los trusts extranjeros en la época del Gral. Enrique Mosconi.

Martín Scalabrini Ortiz

Fuentes:
- Diego Mansilla, “Hidrocarburos y política energética”, Ediciones del CCC, 2007.
- NPEL, “Saqueo Petrolero”, Ediciones del IPS, 2007.
- Eduardo López, “El factor hidrocarburos vuelve a ser una traba para el desarrollo de la industria y la producción nacional”, Industrializar Argentina Nro. 11.