Una mirada desde el Pensamiento Nacional a los problemas nacionales.

"Verás que todo es mentira,verás que nada es amor,que al mundo nada le importa...¡Yira!... ¡Yira!...Aunque te quiebre la vida,aunque te muerda un dolor,no esperes nunca una ayuda,ni una mano, ni un favor" (Enrique Santos Discépolo)

martes, 18 de noviembre de 2008

El negocio de la regasificación por buques

Durante el último invierno, se llevó a cabo la segunda operación de regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) por medio de buques en el mundo en la ciudad de Bahía Blanca, bajo el contexto de la llamada “crisis energética” con el objetivo de asegurar la provisión de gas en época invernal. Veremos si este fue el objetivo real principal o si se trató de un negocio corporativo.
La operación se realizó mediante el buque “Excelsior”, uno de los tres buques regasificadores que existen en el mundo, de 277 metros de largo y 45 de manga. Este buque tiene la capacidad de recibir el GNL y regasificarlo mediante una miniplanta ubicada en la proa, acondicionando el gas a través de calentamiento con agua a más de 14-15 C. Este calentamiento es de suma importancia dado que el gas licuado permanece durante el traslado desde el punto de origen, en este caso la planta de licuefacción de Atlantic LNG en Trinidad y Tobago, hasta su llegada en el puerto de Profértil en Bahía Blanca, punto de desembarque seleccionado para esta ocasión, a una temperatura aproximada de -160 C, punto de equilibrio de gas natural rico en metano con una densidad de 431 kg/m3. Durante el traslado, que se realiza con otros buques metaneros, esta temperatura es mantenida en los tanques mediante un adecuado aislamiento del mismo con perlita. El material de los tanques debe ser especial, siendo en este caso invar, un material resistente a las bajas temperaturas.
La inyección de gas comenzó el 4 de junio, habiéndose extendido durante 105 días. Para llegar a ese momento, se debió construir un gasoducto corto de 14” para su interconexión con el gasoducto troncal que envía gas a Profértil, empresa productora de fertilizantes que lo utiliza como materia prima. También se debió traer un brazo de carga de 85 toneladas en avión, dada la urgencia del proyecto, para trasvasar el gas desde el buque al gasoducto. Se trató de todo un operativo que se realizó en corto tiempo. Durante la operación se inyectaron hasta 9 millones y medio de m3 Standard (condiciones del gas a 15,56 C y 1 bara) por día (MMSm3/d), promediando durante el período de operación 4,1 MMSm3/d alcanzando un total de 436 MMSm3, equivalentes a 716.000 m3 de gas líquido, siendo aportados por 5 buques metaneros en una operación denominada STS (Ship to Ship). La presión del gas obtenida fue de 60-65 barg y su temperatura de 4-5 C, lo cual es adecuado para su circulación en el gasoducto.
Hasta aquí las cuestiones técnicas. Algunas de ellas cuestionadas por organizaciones locales por tratarse de una operación de cierto riesgo en una zona portuaria-industrial. Sin embargo, son las cuestiones comerciales las que debemos analizar críticamente. El proyecto es iniciado por ENARSA, empresa estatal de energía. El papel de ENARSA fue contratar a Repsol-YPF para la contratación del buque regasificador, la ejecución de las obras del muelle de readecuación para descarga de Gas Natural y la construcción del gasoducto de 14” de interconexión. La contratación incluye la provisión del Gas líquido a un precio de alrededor de 17 U$S/MMBTU (millón de BTU, unidad inglesa de energía) por encima del precio que se paga a Bolivia de alrededor de 7 U$S/MMBTU y muy por encima del precio que se le reconoce a los productores locales de 2,10 U$S/MMBTU en promedio, significando el total de gas inyectado alrededor de U$S 275 millones (correspondientes a los 436 MMSm3). El costo total de la contratación ascendió a alrededor de US$ 500 millones según el diario Crítica Digital, con aportes del Tesoro Nacional. Repsol por su lado compró el gas a Atlantic LNG en Trinidad y Tobago, donde tiene una participación de alrededor de 24% en los cuatro trenes de licuefacción. El gas que alimenta a Atantic LNG proviene en su mayoría de los pozos en alta mar de bpTT, compañía en donde tiene una participación del 30% junto con la British Petroleum (BP). Para su transporte utilizó los buques de la compañía Stream, en donde Repsol tiene una participación del 50% junto con Gas Natural-SDG que tiene el otro 50%. Además, se aseguró gas natural a las compañías Mega S.A., donde Repsol tiene una participación del 38%, sociedad que se dedica, normalmente, a separar los líquidos del gas natural proveniente del yacimiento de Loma La Lata. El consumo diario de la instalación es de 5 millones de metros cúbicos aproximadamente, y a la empresa Profértil, donde Repsol posee el 50% de participación en una joint venture con Agrium para la producción de urea y amoníaco. El consumo diario es entre 2 y 3 MMSm3/d, que debió ser suspendido durante 60-70 días durante el invierno del 2007. En definitiva, la cantidad de gas inyectada al sistema nacional fue el sobrante, es decir, poco y nada.
En otras palabras, Repsol se compró el gas en Trinidad y Tobago en una operación que más se parece a intrafirma en lugar de importación, se lo transportó con una empresa propia y se aseguró el gas durante el invierno a sus empresas controladas y cobró por ello de parte del Estado Nacional.
Este es un claro y particular ejemplo de la alianza construida entre el Gobierno Nacional con Repsol, la principal empresa hidrocarburífera beneficiada por la política de depredación y saqueo llevada a cabo durante la década del 90, mediante la privatización de YPF, y cuya consecuencia es esta misma crisis energética que pretenden solucionar de esta manera. ENARSA sólo ha demostrado ser una herramienta para la continuación y profundización de estas políticas, estableciendo alianzas con las mismas corporaciones depredadoras que hoy en día reclaman más “incentivos”, más “seguridad jurídica”, en fin, más ganancias a costa de los argentinos, en lugar de ser una herramienta para la recuperación de nuestro patrimonio energético.

Fuentes: Diario Crítica Digital (http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=5638)
Página Web Repsol-YPF (http://www.repsol.com/es_es/todo_sobre_repsol_ypf/informacion_para_accionistas_e_inversores/inf_economicofinanciera/informes_financieros/HTML/AreasNegocio/06/default.aspx?Pagina=19)
InfoMORENO (http://www.info-moreno.com.ar/)
Diario El País de España (http://www.elpais.com/articulo/economia/Repsol/contara/mes/mayor/planta/gas/mundo/Trinidad/elpepieco/20051210elpepieco_3/Tes)
7ma. Reunión Anual GIMOR (Grupo de Interés en Modelado y Operación de Redes y Ductos)

martes, 4 de noviembre de 2008

Historia Previsional Argentina

Nuestra Historia previsional comienza en 1877, con la creación de un sistema de jubilaciones para los jueces federales de acuerdo a la ley 870. Sin embargo, no se encuentra disponible ningún archivo que indique el uso este beneficio. Más tarde, en 1884, con la ley 1420 De Educación Común, se establece una jubilación para maestros preceptores. Los recursos para ambos regímenes eran provistos por el Estado.
Es en 1904 cuando se promulga la ley 4349 que creaba la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, donde se reconocía el beneficio a los funcionarios, empleados y agentes civiles del Estado; a los del Consejo Nacional de Educación y de los Bancos Nación e Hipotecario; a los magistrados judiciales, ministros del Poder Ejecutivo, a quienes ocupaban cargos electivos; y al personal de los Ferrocarriles de la Nación, que se crea el primer sistema contributivo argentino. Es decir que cada uno de los trabajadores contribuía con una parte de su sueldo a solventar el sistema de jubilación.
Uno de los grandes impulsores del sistema de jubilación para los trabajadores fue quien llegó a ser el primer diputado socialista de América, don Alfredo Palacios. Palacios presentó como diputado varios proyectos de ley que tenían que ver con las jubilaciones y pensiones para obreros y empleados de empresas particulares, las de los empleados bancarios y las de obreras que trabajaban a domicilio para el Estado. Sin embargo, fueron los sindicatos quienes se organizaron para generar las Cajas de jubilaciones. En 1911 fueron las de los ferroviarios, en 1921 la del personal de los servicios públicos, que a su vez incorporó a los bancarios en 1922. La de Empleados de Comercio ve la luz en 1944 y la de los trabajadores marítimos y los de la industria en 1946.
En 1943, las Cajas pasan a estar dirigidas por directorios integrados por representantes del Estado, de los empleadores y de las organizaciones gremiales. En esta época el sistema funcionaba como un verdadero sistema de capitalización colectivo y público, no de cuentas individuales. De esta manera, los capitales acumulados se utilizaban en crédito social a través de préstamos hipotecarios, prendarios y personales. Los beneficiarios aumentan en un número considerable, pasando de ser 430.000 en 1944, a 2.328.000 en 1949.
En 1954, con la ley 14.370 se adopta la forma del sistema de reparto, utilizando los fondos acumulados y los que ingresaban para pagar las jubilaciones que se estaban produciendo.
Este sistema solidario de jubilaciones y pensiones funcionó hasta la llegada de la década del 90 con su artillería de políticas de destrucción del entramado estatal. En 1994 se establece un sistema de capitalización individual, junto con el de reparto, pero siendo favorecido claramente el primero. Este sistema prometía un retiro del trabajador solventado por sus propios fondos administrados por las AFJP durante todo el tiempo de su vida laboral. Para ello las administradoras cobrarían una comisión como incentivo para mantener actualizados los fondos acumulados. A través de los años se ha demostrado que este sistema, marcadamente individualista, no sirvió para mantener a todos los beneficiarios y que los argumentos que se utilizaban para imponer este sistema eran en su mayoría falsos. Actualmente, existen 446.000 jubilados que cobran de las AFJP que ganarían menos de la mínima si el Estado no los complementara con fondos públicos (aprox. 4000 millones de pesos). Además, existen 33.000 jubilados que agotaron todo lo que tenían en sus cuentas, apareciendo el Estado para aportar sus jubilaciones. Por otra parte, el Estado aceptó hacerse cargo de aquellos hombres de más de 55 años y a las mujeres de más de 50, que no llegaron a acumular ni siquiera 20.000 pesos.
Algunos de los argumentos utilizados a favor del régimen de capitalización son los siguientes: - Los aportes no perderían su valor a lo largo de los años pudiendo lograr al final una buena jubilación. La realidad muestra que la suma de las comisiones cobradas (en el período 2001-2003 fue de casi el 60% de lo aportado) y la rentabilidad generada dio como resultado una rentabilidad real (teniendo en cuenta la inflación) negativa perdiendo los fondos aportados valor real debido a las sucesivas crisis que se sucedieron desde 1994. – La administración privada es más racional que la estatal. La verdad es que las AFJP insumen unos 1.000 millones de pesos anuales para administrar el sistema, mientras que la ANSES gasta alrededor de 300 millones. – Se dice que se obligó a las AFJP a comprar títulos públicos en más de un 70% de los fondos invertidos. La verdad es que las AFJP invirtieron en títulos públicos porque era la única manera de mostrar rendimientos elevados por las altas tasas de interés pagadas por el Estado. Esto generó una rueda perversa de financiamiento estatal por la pérdida del ingreso de contribuciones previsionales.
La lógica neoliberal implantada a sangre y fuego durante la dictadura militar y profundizada en la década del 90, indica que el futuro depende de cada uno y exalta la individualidad como parámetro de éxito. En estos días tenemos la oportunidad de volver a un sistema solidario en donde cada uno de nosotros contribuye al sostenimiento de nuestros mayores y de nuestro futuro. Es necesario, sin embargo, la participación de la ciudadanía, por medio de organizaciones públicas, sindicatos, empresarios, en el control de los fondos que deberán ser utilizados en beneficio de todos y cada uno de quienes hayan dedicado su vida al trabajo.

Martín Scalabrini Ortiz