Una mirada desde el Pensamiento Nacional a los problemas nacionales.

"Verás que todo es mentira,verás que nada es amor,que al mundo nada le importa...¡Yira!... ¡Yira!...Aunque te quiebre la vida,aunque te muerda un dolor,no esperes nunca una ayuda,ni una mano, ni un favor" (Enrique Santos Discépolo)

lunes, 12 de noviembre de 2012

La protesta del 8N y su interpretación

La protesta del 8N ha levantado los más variados análisis políticos respecto de su significado, su alcance y su representatividad. Semanas atrás escribí una reflexión expresando una posición determinada respecto de la anterior protesta 13S, que en lo sustancial creo que sigue siendo válida (http://mscalabriniortiz.blogspot.com.ar/2012/09/las-cacerolas-y-el-futuro.html).
Sin embargo, parece necesario actualizar en algunos aspectos lo escrito en ese momento. En primer lugar, sobre el sujeto social que participó de las protestas. En la anterior, la movilización fue principalmente fogoneada desde las redes sociales, con mensajes de los más variados y un fuerte contenido anti-K, en algunos casos destilando un odio de clase bastante preocupante. En la más reciente, la convocatorio no sólo provino de las redes sociales sino también de la prensa opositora, con mayor peso en el Grupo Clarín. Si bien la tonalidad anti-oficialismo no se ha modificado en lo sustancial, el mensaje pasó a ser un poco más medido con el agregado de algunas consignas algo más "sociales". Posiblemente para darle más significación solidaria a una protesta cuyas consignas nacen más bien de lo individual o producto del loable intento de grupos de la centroizquierda o izquierda opositora de agregar consignas propias. Cuestión que, a la luz de los resultados, se vio definitivamente desdibujada en la interpretación de los medios masivos de comunicación. Las consignas más relevantes fueron las relacionadas con la libertad per se, la libertad de expresión, la inseguridad, la re-reelección, la reforma constitucional, la inflación, la justicia, el miedo, la corrupción, las mentiras, el 82% a los jubilados, la dictadura K, el impuesto al salario, etc. Salvo algunas consignas, que como comenté, fueron agregadas posteriormente al 13S, la mayoría no hacen referencia a cuestiones particulares sino a generalidades.
La cuestión está en el análisis de estas consignas, interpretadas desde los medios. En principio, cualquiera tendería a pensar que bajo el "sentido común" todas estas consignas están más que justificadas. El tema pasa por ahí. Las clases dominantes son propietarias de ese sentido común que fueron construyendo a través de las décadas y soportadas por los medios de comunicación. Casi no hay duda de que fue una protesta por derecha contra el gobierno. Si bien, no todos los manifestantes pueden ser considerados de derecha, los actores que la impulsaron pueden ser descriptos como tal, desde los medios de comunicación hasta las fundaciones o grupos que con nombres asépticos pretenden dar una muestra de neutralidad y seriedad en el campo de las opiniones político-sociales.
Como mencionaba en la entrada anterior respecto del 13S, insisto en que sigue siendo un sujeto sin representación política, con el resultado de que el cuestionamiento directo al Gobierno Nacional se transforma en uno a los partidos de oposición porque son justamente ellos lo que no han sido capaces de armar un frente que construya la barrera sólida necesaria a los "embates" y actitudes "autoritarias" del kirchnerismo.
Variados personajes políticos han tomado nota de esta falencia y salieron a la palestra a intentar capitalizar, al menos en parte, el descontento expresado en las calles el 8N, en una muestra de patetismo abyecto más que de convicciones éticas o ideológicas. Al que mejor le calza el traje es a nuestro benemérito Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri, quien luego de sacarse un par de fotos con el grupo Kiss en medio de una tremenda inundación en las calles porteñas, salió a expresar su "orgullo" por la marcha, como si él hubiera sido uno de los organizadores. El resto de los referentes políticos pareció dar muestras de no querer "quedarse afuera" de la movida, mostrando simpatías y adhesiones, mirando a los manifestantes como un posible y redituable "mercado electoral". Incluso los de los sectores más progresistas, intentando capitalizar de alguna manera lo incapitalizable para no "dejarlo en manos de la derecha", generando aún más confusión.
En definitiva, lo que es necesario entender para no confundirse, es que cualquier intento de proyecto nacional, popular, latinoamericano, progresista o como se lo quiera llamar, va a tener que enfrentar manifestaciones parecidas, tanto en consignas como en actores sociales, que la del 8N. Pasó en nuestro país y está pasando en otros países hermanos que están llevando adelante procesos más profundos que el nuestro.

Martín Scalabrini Ortiz

viernes, 28 de septiembre de 2012

Recursos No Convencionales: Un nuevo paradigma


En este espacio se ha venido resaltando la importancia de la intervención estatal en el sector energético, más particularmente, en el sector de los hidrocarburos. En el marco de la decisión por parte del Estado Nacional de expropiar el 51% de YPF de las acciones que estaban bajo control de la española Repsol, se hace necesario reafirmar el debate sobre la producción de petróleo y gas en nuestro país. En este sentido, evaluamos como positiva la iniciativa llevada adelante a través de una Ley Nacional votada por mayoría en ambas Cámaras del Congreso. Esto marca una vuelta de página en las políticas aplicadas en el sector y permite establecer un punto de partida desde el cual comenzar a discutir el camino a la soberanía energética.
A partir del nombramiento de Miguel Gallucio al frente de YPF, se han comenzado a barajar posibles alternativas para aumentar tanto el nivel de reservas como de producción. Los antecedentes del nuevo presidente indican que posiblemente las nuevos horizontes de producción se orienten a la explotación de recursos no convencionales, dado sus antecedentes en la corporación Schlumberger, una de cuyas ramas se especializa en este tipo de actividades. Las autoridades a cargo de la intervención de la empresa en los primeros meses, han presentado un Plan Estratégico a cinco años en el cual se desarrollan, en forma aproximada, las actividades que se llevarán adelante para la recuperación de reservas y producción. Entre esas actividades se describe el desarrollo de pozos no convencionales con cuantiosas inversiones, principalmente en el área de Vaca Muerta y Los Molles. En este artículo analizaremos las posibilidades tecnológicas y financieras, además de los costos socio-ambientales que implica su explotación.
Según un estudio de la EIA (Energy Information Administration) de Estados Unidos, la Argentina posee un potencial de recursos no convencionales extraordinario, ubicándose en el tercer puesto detrás de Estados Unidos y China con 774 TCF (Trillones de pies cúbicos). Estos estudios no tienen una base de sustentación con pruebas en campo, sino que se realizan según estimaciones de los pocos datos disponibles en las distintas áreas y lugares. Cuando se habla de estas cantidades es necesario aclarar bien a qué se refieren, dado que no se trata de reservas “probadas”. Los Recursos Contingentes es la cantidad de petróleo que se estima, en una fecha dada, serán potencialmente recuperables de los reservorios conocidos (ya descubiertos), pero que no se considera actualmente que sean comercialmente recuperables. Mientras que los Recursos Prospectivos es la cantidad de petróleo que se estima, en una fecha dada, serán potencialmente recuperables de los reservorios no conocidos. Por lo tanto, se debe diferenciar de las llamadas “reservas”, dado que éstas contienen un grado de precisión mayor en términos de posibilidad de obtención del recurso.

Figura 1 – Posibles cuencas con existencia de recursos no convencionales

En diversos medios, e incluso desde el Gobierno Nacional, se afirma que serían necesarios entre U$S 15.000 millones y U$S 25.000 millones para el desarrollo de este tipo de reservorios. Sin embargo, cabe preguntarse sobre la fuente de estos cálculos aproximados. Antes de analizar la magnitud de estos números, nos concentraremos en la explicación de las técnicas utilizadas en los reservorios no convencionales.
Los reservorios convencionales son aquellos en los que el petróleo y el gas fluyen libremente sin ayuda exterior, más allá del uso de bombas balanceadas. Los pozos perforados van decayendo su actividad a medida que se extrae el fluido, debiendo utilizar técnicas adicionales para extender su vida útil por un tiempo adicional. Entre estas técnicas se encuentran la recuperación secundaria, que es el uso de un fluido líquido o gaseoso, comúnmente agua o gas natural, que se inyecta en el reservorio para aumentar la presión y recuperar los niveles de producción iniciales. En el caso de uso de agua, este proviene de alguna fuente natural cercana, utilizada en grandes cantidades en un comienzo, con la posibilidad de poder reutilizarla mediante equipos de reinyección. Un alto porcentaje de la producción nacional de petróleo se obtiene de esta forma. También se utiliza la recuperación terciaria, en un porcentaje menor ya que recién está siendo desarrollada, en la que se utiliza la inyección de productos químicos en el pozo, con el objetivo de modificar las propiedades del crudo, por lo general disminuyendo su viscosidad, para permitir que el mismo fluya más fácilmente.
En el caso de los no convencionales, se trata de técnicas desarrolladas hace más de diez años, principalmente en Estados Unidos y Canadá, que permiten la “liberación” del gas o el petróleo atrapado en la llamada “roca madre”. Este gas o petróleo es denominado tight gas o tight oil y shale gas o shale oil. La diferencia principal entre el tight y el shale es la porosidad del material en el que se encuentra el fluido. En el caso del tight la permeabilidad es baja pero suficiente para que con técnicas leves de fractura se libere el fluido. En el shale la porosidad y la permeabilidad son más bajas alcanzando niveles de entre 0,1 y 0,01 µm (micrometros) y 0,1 md (milidarcys) debiendo utilizar técnicas similares pero más masivas. La composición de la matriz puede tener distintos materiales, como silica, carbonatos, arcilla, etc. El factor de recuperación, es decir lo que realmente se puede extraer del pozo, oscila entre un 20-30% del total.
Figura 2 – Esquema geológico de los reservorios de gas natural

La técnica de fractura hidráulica consiste en la ruptura de la roca en la que se encuentra el gas o el petróleo por medio de agua a altísima presión, arena y productos químicos. El agua ofrece la energía necesaria para realizar fisuras o fracturas en la roca con la aplicación de presiones que pueden llegar a 900 barg. Estas presiones son obtenidas con enormes equipos de bombeo móviles ubicados en la superficie con potencias de hasta 35000 HP, dependiendo de las características del material del reservorio, de la ubicación, de la profundidad y algunos otros factores. La perforación se realiza en forma vertical y horizontal, aunque ésta última no es estrictamente necesaria, sino que depende del espesor del reservorio. Se realizan en gran cantidad, dado que la distancia entre pozo y pozo es menor debido a la dificultad de obtener “espacios” de producción. Con lo cual, se necesitan muchas ubicaciones para todos los equipos asociados.
En la parte final del tubo se ubican orificios por los cuales sale el agua entrando en contacto con la roca, fracturándola. La cantidad de agua que se utiliza es considerable. Junto con el agua se utiliza arena de gran permeabilidad, de una morfología particular que permite mantener las fracturas abiertas mientras el gas fluye a través de ella. Además, junto con el agua, se utilizan diversos productos químicos que permiten modificar las propiedades de ésta para optimizar su capacidad de arrastre con la arena. No sólo se utilizan productos químicos con este propósito sino también se agregan ácidos, un entrecruzador, un gel, un rompedor, un inhibidor de incrustaciones y corrosión, un agente de ajuste de pH, un reductor de fricción, cloruro de potasio y desinfectantes. En su mayoría, estos productos se vienen utilizando en los pozos de perforación convencionales siendo en su mayor parte de uso común en el mercado petrolero. El contenido de estos productos es de alrededor del 0,6% del total inyectado. El resto es agua y arena. Por cada pozo se realizan varios procesos de fractura que pueden durar un día completo. Una vez realizada la fractura, el pozo funciona como uno convencional con las mismas instalaciones de superficie que se utilizan normalmente (manifolds, separadores primarios, válvulas, antorchas, tendido de ductos, hornos de calentamiento, plantas deshidratadoras, estaciones compresoras, plantas de ajuste de punto de rocío, plantas de endulzamiento, etc.)
Para tener una idea de las magnitudes, en uno de los pozos perforados por la empresa Apache, el ACO.xp-2001h, el volumen de agua fue de alrededor de 30.000 m3, utilizándola a un caudal de aproximadamente 1000 m3/h. Se realizaron 10 fracturas, de las cuales 9 fueron exitosas, a una profundidad de 3.600 metros, siendo 900 metros de tubería horizontal. La cantidad de arena utilizada fueron 30.000 bolsas que implicaron un total de 1.500 toneladas. Para obtener los 32.000 HP de potencia necesarios para el caudal de agua a la presión requerida, se utilizaron 16 camiones de fractura.


Figura 3 – Instalación típica de una perforación no convencional

No solamente Apache ha estado realizando perforaciones no convencionales, sino también YPF. Esta empresa, ahora parcialmente nacionalizada, informó en noviembre de 2011 que había llegado a perforar 15 pozos verticales con volúmenes iniciales de entre 200 y 600 barriles diarios (32 m3/d a 95 m3/d) en la llamada formación de Vaca Muerta, en un área de 428 km2 del área de Loma de La Lata en Neuquén. Esta área está llamada a ser uno de los lugares con mayor potencial de producción con un total de 12.000 km2. De cualquier manera, los estudios aún están en fase de investigación con lo cual no es posible realizar estimaciones precisas acerca de la cantidad de recursos que esta zona podría llegar a producir.
Respecto de los costos de producción, ambas empresas han informado valores que oscilan entre los 4 y los 20 millones de dólares por pozo, a un promedio de 10-12 millones de dólares.
Las formaciones de tipo shale son todas diferentes entre si. Por lo tanto, no es posible hablar de índices precisos para un pozo no convencional, sino que dependen de las caracterísiticas de cada uno. Sin embargo, es posible trazar algunos lineamientos que ayuden a comprender y determinar la magnitud de las inversiones necesarias. El costo promedio de los equipos de perforación es de alrededor de U$S 20.000 por día, teniendo en cuenta que en nuestro país es aproximadamente 30% más caro que en EEUU. Respecto de los servicios y herramientas de perforación direccional los costos serían de U$S 10.500 por día. Con estos datos y teniendo en cuenta algunos datos de producción por pozo tanto en EEUU como en nuestro país, se puede realizar un cálculo de las inversiones necesarias para lograr el autoabastecimiento, al menos, de Gas Natural. En petróleo aún hoy la Argentina produce lo necesario para consumir e incluso sigue exportando parte de su producción.
Para cada pozo es necesario un período de tiempo de investigación y desarrollo in situ necesarios para determinar la geomecánica del suelo y determinar los fluidos de terminación y fractura y el tipo de arena requerido. La única manera de saber qué hay en el subsuelo es probar. Es decir, perforar y ensayar. Esta actividad lleva tiempo con el consiguiente costo de uso de la maquinaria necesaria. Además, el cálculo de las reservas es por pozo, no por yacimiento. No es posible conocer datos de reservas de un área determinada hasta no tener la casi totalidad de los pozos previstos en funcionamiento. Por otra parte, son necesarios entre 18-24 meses de producción para cada pozo ya que no se conoce cómo será el decaimiento. Sólo así se pueden prever los valores de producción en el tiempo.
El consumo nacional de Gas Natural fue en promedio 135 MMm3/d (millones de metros cúbicos por día) en el mes de junio de 2012. Mientras tanto, el Gas importado proveniente de Bolivia fue de 13,6 Mmm3/d, pasando a ser de 16,3 MMm3/d el 28 de julio de este año, el proveniente de los buques metaneros con GNL (Gas Natural Licuado) que inyectan en Bahía Blanca fue de 12,9 Mmm3/d y el inyectado en Escobar fue de 10,4 Mmm3/d. Es decir, el Gas Natural importado ingresó a un promedio de 36,9 MMm3/d a un costo aproximado de U$S 165 millones para el gas de Bolivia y U$S 440 millones para el GNL, totalizando unos U$S 605 millones sólo en un mes.
Teniendo en cuenta que cada pozo podría producir alrededor de 100000 m3/d (aunque este valor es variable y depende de diversos factores, algunos pozos producen mayor cantidad), se necesitarían alrededor de 350 pozos. A un costo por pozo de U$S 12 millones, se estarían necesitando U$S 4.200 millones sólo para el gas. Dada las características de inmadurez del desarrollo de tecnología en nuestro país, es de esperar que los primeros pozos tengan un costo mayor a los restantes y que, además, el período de tiempo para desarrollar esa cantidad sea entre 4 y 5 años. Algunos estudios muestran que con un precio de U$S 6 x MMBTU se puede lograr una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 30% a una tasa de interés del 12%. Este valor de gas es prácticamente el que está autorizando la Secretaría de Energía de la Nación, con lo cual es un índice interesante para el cálculo del costo.
De esta manera se puede observar que estas cifras son bastante menores a las que se están manejando en los medios masivos de comunicación. Es muy probable que las cifras estén infladas para dar mayor argumentación a la idea de asociaciones con empresas extranjeras que vendrían con su tecnología a desarrollar pozos. La idea de asociaciones bien podría ser reemplazada por locaciones de obras o servicios mediante los cuales se les paga al contratista los trabajos realizados, quedando la empresa que contrata con los beneficios que pudieran surgir de esta actividad y el control de los futuros desarrollos.
La producción de gas por métodos no convencionales ha generado en Estados Unidos una revolución redefiniendo la matriz de producción obteniendo el autoabastecimiento y dejando a los proyectos de regasificación para importación de GNL suspendidos. El gas obtenido de esta fuente ha superado el 25% de la producción total de gas en ese país, habiendo llegado a los 14 BCFD (billones de pie cúbico por día) (400 MMm3/d). Esto produjo una caída del precio del Gas Natural sin precedentes, llegando el Henry Hub a U$S 2,20 x MMBTU. El desarrollo de la producción de gas no convencional ya lleva más de 10 años, siendo la de Barnett la cuenca más antigua. Luego aparecieron la cuenca de Marcellus con 6 años de desarrollo, Woodford y Fayetteville con 5 años y Haynesville con 4 años.
Existen costos adicionales que es preciso no soslayar, de los cuales no se cuentan aún con estimaciones precisas, ni tampoco una clara determinación de los actores involucrados para reconocerlos y enfrentarlos. Estamos hablando de los costos socio-ambientales. Como cualquier actividad extractiva, este tipo de explotación produce efectos sobre el medioambiente y sobre las comunidades cercanas. Al respecto, no está todo dicho. En Estados Unidos y en Canadá, los dos principales países en la materia, existen diversos puntos de vista, según el lugar del que se trate. Tanto en Nueva York como en Quebec, los gobiernos le han puesto un freno a los permisos de fractura, dejando abierta la posibilidad de realizar pozos para investigación, hasta tanto las comisiones de impacto ambiental creadas para este propósito específico entreguen sus reportes. Mientras que en Pennsylvania (cuenca Marcellus) se han perforado poco menos de 2.000 pozos y en la provincia de British Columbia se dispararon los niveles de producción.
La estimación del costo ambiental no es sencilla. En primer lugar, existe preocupación por la gran cantidad de agua que debe utilizarse y su disposición final. El agua utilizada para la fractura, parte queda en el reservorio y parte sale a la superficie junto con el gas o el petróleo extraído, como cualquier otro pozo con recuperación secundaria. Una vez en la superficie, se hace indispensable un tratamiento que disminuya la cantidad de contaminantes y la cantidad de hidrocarburos por debajo de los 10 ppm para su disposición final. Este agua se puede volver a utilizar en otra operación de fractura. Debido a que existen pérdidas en el uso, se hace necesaria la reposición con agua fresca. Es por ello que es indispensable el análisis de la cantidad de agua disponible en la zona y su óptima utilización, como debería hacerse con cualquier otra actividad industrial. Existen estudios que indican que podría ser posible el uso de GLP (Gas Licuado de Petróleo) en lugar de agua, con una recuperación casi total con la ventaja de que no se usa agua del medioambiente.
Por otra parte, se ha hablado de pequeños movimientos sísmicos o de contaminación de napas acuíferas. En este aspecto, el riesgo no es mucho mayor que el que normalmente se tiene durante la explotación de un pozo convencional. Ambos atraviesan atraviesan napas de agua y en ambos se debe tener el cuidado adecuado para evitar contaminación de las mismas. Es muy difícil pensar, sino imposible, en la contaminación de napas de agua producto de la fractura en sí misma ya que, al menos en nuestro país, los reservorios se encuentran a profundidades muy grandes, de entre 3000 y 4500 metros.
Respecto del balance energético, si bien es cierto que se utiliza gran cantidad de energía debido a las altas presiones necesarias, se ha mencionado también que no es positivo. Lo cual no da lugar a un análisis profundo ya que cualquier actividad que pretenda obtener un recurso energético debe tener saldo positivo, sino no tendría ningún sentido. Como sucede en los pozos convencionales, se puede utilizar el propio gas extraído para el funcionamiento de los equipos de bombeo.
El impacto en la superficie suele ser importante. Se requiere el movimiento de gran cantidad de camiones y camionetas circulando por los yacimientos, decenas de equipos de perforación y terminación moviéndose entre locaciones, más allá de los movimientos típicos de una actividad intensiva en términos de la capacidad hotelera y otros servicios. En la figura 3 puede verse la magnitud de los equipos e instalaciones involucradas. Todo ello tiene como consecuencia el aumento en la emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes típicos del aire. Los ruidos y la movilización de todo este equipamiento genera un impacto que debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar el análisis costo-beneficio de la actividad en un determinado lugar. Este análisis debería ser llevado adelante por el Estado con participación de todos los actores involucrados, abriendo de esta manera el debate y la discusión sobre un tema estratégico de gran impacto socio-ambiental. Las regulaciones deberían desarrollarse lo más precisas posibles teniendo en cuenta las particularidades de cada zona con la posibilidad de abrir estudios especiales.
Desde luego, la discusión sobre esta actividad debe enmarcarse en el logro de una verdadera soberanía energética y en la necesidad de comenzar a diversificar la matriz productiva de generación de energía. En este aspecto, nuestro país tiene potencialidades extraordinarias en el uso de energía eólica, solar, geotérmica y mareomotriz. Algunas de ellas ya están siendo desarrolladas, aunque en este aspecto es necesario profundizar las políticas adecuadas para que las tecnologías sean desarrolladas en el país, dando impulso a la industria nacional. Desde luego, no debe soslayarse la continuidad del desarrollo nuclear, un sector de alto desarrollo científico y tecnológico con una extensa historia en nuestro país. Este sector ha llevado adelante, incluso, proyectos con tecnología propia, con niveles de seguridad altísimos y derramando en otros sectores relacionados como el satelital, conocimiento de materiales, etc.
El interés de la Nación nos exige ser inteligentes, hábiles y astutos para poner a los recursos naturales al servicio de nuestro pueblo.
Martín Scalabrini Ortiz
Publicado en el Nro. 18 de la Revista Industrializar Argentina  
Fuentes:
Telam, YPF confirmó el hallazgo de petróleo no convencional, 7 Noviembre 2011, http://www.telam.com.ar/nota/6586/
Mariana Matranga y Martín Gutman, Gas y Petróleo no convencional: perspectivas y desafíos para su desarrollo en la Argentina., Voces en el Fénix Nro.10, Noviembre 2011.
World Shale Conference 2011, Houston.
World Shale Gas 2010, Dallas.

domingo, 16 de septiembre de 2012

Las cacerolas y el futuro

En medio del maremágnum informativo acerca de la movilización de protesta del último jueves 13, intentaré realizar, sin ironías, un análisis político y mi posición respecto a los reclamos que se expresaron. En prinicipio, debo aclarar que no participé de los cacerolazos y, por lo tanto, mi fuente de información proviene de los medios masivos de comunicación, que en este caso serían el prisma que utilizo para observar una realidad determinada. Para ello, utilicé tanto los llamados medios opositores como medios que demuestran apoyo al Gobierno Nacional.
Ante todo es necesario aclarar que estas líneas no tienen un contenido neutro, académico o aséptico, sino que están escritas sobre la base de lo que llamamos o algunos llaman el pensamiento nacional, popular, federal, e incluso, podría decir peronista, con todo lo que ello significa (reivindicación del período 45-55, del yrigoyenismo, de los caudillos federales). Por otra parte, también hay que decir que fui candidato a diputado nacional por Proyecto Sur y he tenido posiciones críticas de este Gobierno, aunque asumiendo, los que en mi opinión, fueron aciertos de esta Administración y que se han reflejado en este espacio. Es sobre esa base que salen estas líneas de forma personal y no como reflejo de la posición de ningún partido político.
En primera instancia, es difícil ya la tarea de realizar un análisis político de un sector que, evidentemente, no tiene representación política, aunque haya ya varios referentes de partidos de oposición que intenten salir como representantes de los reclamos. Tal como on-line con las movilizaciones hicieron Patricia Bullrich y algún otro referente político. En un sistema democrático como el nuestro, es razonable que las distintas expresiones de la sociedad se canalicen a través de partidos políticos, agrupaciones, movimientos, etc., que sean, al menos en parte, un reflejo de las inquietudes individuales y colectivas. Sin embargo, en este caso, se trata de un sector de la población que no siente representadas esas inquietudes en ningún canal mencionado. De esta manera, comenzó como una movida a través de redes sociales alcanzando niveles de circulación muy importantes.
Los principales participantes, es decir la mayoría, provienen de un sector con base en las clases medias y medias altas, tal como se puede ver en las imágenes y por la magnitud que alcanzó en determinados barrios porteños. Aunque también hay que aclarar que las movilizaciones se repitieron en varias ciudades del interior del país, sin que ello signifique la modificación del perfil de los manifestantes. Esto no implica una valoración peyorativa, sino simplemente una descripción, lo más objetiva posible (si es que esto se puede lograr), del perfil social e, incluso, político.
Desde distintos sectores políticos, sobre todo de la oposición, se ha marcado la necesidad de “tomar nota” de los reclamos. Este es un humilde intento de eso mismo, aclarando mi posición respecto de cada uno de ellos.
Los reclamos han sido variados. Han podido ser leídos en medios escritos y han podido ser escuchados, en forma acotada, en medios audiovisuales. Respecto de éstos últimos, lamentablemente los medios que salieron decididamente a cubrir en forma positiva la manifestación, no han mostrado, en forma significativa, expresiones de la gente que participó. En este aspecto, sólo los medios afines al Gobierno han mostrado algunas expresiones, que aunque evidentemente editadas, manifiestan algunos de los enojos.
Los insultos a la figura presidencial no tienen mayor comentario, como así también el consabido estribillo “que se vayan todos” o, más precisamente, el deseo de muerte para la cabeza del Poder Ejecutivo o alguno de sus funcionarios. En este sentido, la comparación que algunos sectores y algunos periodistas como Carlos Pagni de La Nación (http://www.lanacion.com.ar/1508751-efectos-de-una-democracia-poco-competitiva) intentan establecer entre las condiciones del 2001 con la actualidad, me parece que no tiene ningún sustento. En el 2001 vivíamos una de las peores crisis de la historia, con una desocupación galopante, con sectores de la población viviendo en condiciones de precariedad extremas, con una crisis política y de representación sin precedentes. Las elecciones de octubre de ese año mostraron el resultado de esa falta de representación. La suma del voto en blanco y anulado alcanzó el 25% en muchos distritos del país, incluidas la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. La Alianza, el partido gobernante de aquel momento, obtuvo el 23% de los votos positivos en todo el país (siendo el porcentaje sobre los votos totales mucho menor por la cantidad de votos en blanco y anulados). La comparativa con la actualidad no deja mucho margen para el análisis. El partido gobernante fue ratificado en las urnas con el 54% de los votos positivos hace menos de un año atrás, con la segunda fuerza a una distancia de casi 40 puntos. Los disímiles escenarios entre esa época y esta hacen que el reclamo de renuncia caiga en saco roto sin ningún sentido o argumentación razonable. En mi opinión, no es la mayoría de la población la que no tiene ahora representación política, sino que los que no la tienen parecen ser la mayoría de los grupos que se expresaron en el cacerolazo.
Otro fuerte reclamo tiene que ver con la reforma constitucional y la posibilidad de la re-reelección. Este último tema, amplificado por los medios de comunicación opositores, no corresponde, hasta ahora, a un intento formal, sino a deseos de algunos grupos oficialistas aislados. Aquellos que están propiciando la reforma de la Constitución, no han planteado hasta ahora el tema reeleccionario. En este aspecto, en mi opinión la Reforma de la Constitución es necesaria para desarmar aspectos de base neoliberal impuestos a la reforma de 1994, empezando por la nacionalización de los recursos naturales y la prestación por parte del Estado de los servicios públicos en consonancia con el Art.40 de la CN de 1949. A partir de allí, habría que discutir el resto.
Otro tema es la “falta de libertades”. En este aspecto habría que definir qué significado tiene la palabra “libertad” para los manifestantes. Respecto de las libertades civiles, han habido avances y retrocesos. Entre los avances se pueden destacar diversas ampliaciones de derechos que hasta ahora no eran considerados, como el matrimonio igualitario, la identidad de género, algunos protocolos progresivos respecto del aborto no punible, universalización de asignación universal por hijo (AUH), etc. Entre los retrocesos más graves se encuentra la aprobación de la Ley antiterrorista y de lavado, en línea con los condicionamientos del GAFI, condicionando de esta manera la protesta social. Esta última también ha sido víctima de persecución y de episodios de represión . Sinceramente, no vislumbro en lo personal, otro tipo de falta de libertades individuales, más allá de las económicas que analizaré más adelante. La comparación de la forma de gobernar de este Gobierno con una Dictadura, me parece una exageración sin sentido argumental. Los que hemos vivido la última Dictadura Cívico-Militar, con miles de desaparecidos, perseguidos, asesinados, en un clima represivo como no se había vivido nunca en nuestro país, pueden dar cuenta de esta afirmación. Las voces disonantes no se dejan de expresar y el principal grupo mediático oligopólico es evidentemente y fuertemente opositor, acompañado por otras publicaciones. No niego que haya habido influencias del oficialismo en la aparición de cierta prensa y que existan medios afines. Pero eso no indica que las voces disonantes hayan desaparecido.
Por otro lado, están las libertades económicas, y es en este aspecto en el que, me parece, se dirigían la mayoría de los reclamos. Entre los más fuertes se encontraban las restricciones a la compra de dólares y, por lo tanto, a las dificultades de llevar a cabo viajes al exterior, aunque éstos no estén restringidos. En este aspecto, creo que merece un capítulo aparte, un análisis profundo de las contradicciones que aparecen entre las libertades individuales y las colectivas, generando una tensión que persiste a lo largo de nuestra historia, no sólo de nuestro país sino del mundo, y que tiene que ver con las pujas entre el interés colectivo y el individual.
Respecto a las restricciones cambiarias es válido preguntarse sobre el origen del problema y las posibles soluciones. En mi opinión, el perfil productivo, tal como se ha venido expresando en este espacio, no se ha modificado en lo sustancial, manteniéndose un modelo agrominero exportador con la falta de un proceso industrializador con valor agregado. Es por ello que el fuerte crecimiento económico de los últimos años basado en la producción de materias primas y en una industria de bajo-medio valor tecnológico se ha venido sosteniendo con un superávit comercial positivo que fue cubriendo las necesidades importadoras de una economía en crecimiento. Este aspecto adicionado a la gran extranjerización de la economía y a la concentración implicó un requerimiento de divisas creciente. El mantenimiento de este modelo productivo y de la continuidad de la producción de hidrocarburos en un mercado desregulado en manos de empresas privadas y extranjeras, generó una creciente necesidad de divisas. El déficit comercial en combustibles alcanzó el año pasado a casi U$S 3000 millones, mientras que uno de los sectores que impactan fuertemente en el índice de producción industrial, la armaduría automotriz, es deficitaria en más de U$S 6000 millones. El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, otra armaduría de componentes importados, generó un déficit de casi U$S 5000 millones. Otro sector de alto valor agregado como es el de máquinas y equipos generó un déficit de otros U$S 5000 millones. Por último, la profunda extranjerización de la economía implicará este año transferencias por remisión de utilidades y dividendos por entre U$S 7000 millones y U$S 8000 millones. Además, si bien la deuda externa no tiene el peso en divisas que tenía algo más de una década atrás, sigue siendo una cuestión a tener en cuenta, siendo este año por más de U$S 7000 millones. Son huecos demasiado grandes para cubrir.
En el corto plazo, las distintas salidas son divergentes de acuerdo al sector que reclame. En este aspecto, no encontré posiciones en los manifestantes más que individuales. Es decir, poder comprar y ahorrar en dólares. Si se hiciera caso al requerimiento y se liberara la compra de dólares, es posible que el precio de la divisa se acerque al valor de las transacciones ilegales, provocando una devaluación brusca que, tal como hemos experimentado anteriormente, licúe el salario de los trabajadores y desate una espiral inflacionaria difícil de sostener. Esta salida es propiciada por los grupos económicos concentrados con una inserción en el mercado externo por medio de exportaciones de bajo valor agregado. Su voz comunicacional es claramente el diario La Nación, tal como puede apreciarse en sus análisis económicos y en sus editoriales.
La otra es mantener el precio del dólar con deuda, a riesgo de provocar la falta de competitividad de la industria en un proceso que podría ser similar a la de la década del noventa. Las consecuencias las conocemos de sobra. Muchos años de despilfarro y de derroche nos condujeron a una deuda extraordinaria que hipotecó la economía y generó un nivel de desempleo y pobreza inconmensurables. Esta salida es propiciada por los grupos derrotados en la puja de intereses del 2001, que originalmente pedían dolarizar la economía como respuesta a la contención de la inflación, y ahora piden endeudamiento como el ex-candidato a vicepresidente por la UCR Javier González Fraga. Este sector está compuesto principalmente por los acreedores externos y las empresas privatizadas a quienes les conviene un dólar barato. Esta vía conduce indefectiblemente a la primarización de la economía, a la desindustrialización y, en consecuencia, a empleo de baja calificación por ser mano de obra poco intensiva profundizando las desigualdades. Claro ejemplo de este tipo de salida es Chile, Perú y Colombia. Aquellos países que intentan salir de este esquema como Venezuela, Ecuador y Bolivia, no han logrado aún modificarlo en lo sustancial debido principalmente a las reacciones de los sectores más privilegiados mantenidos justamente en la generación de riquezas de este tipo de modelo.
Otro de los reclamos fue la negativa a seguir un camino similar al venezolano, influenciados casi seguramente por la agenda política planteada desde el principal multimedio opositor y el reciente informe de su periodista estrella, Jorge Lanata. En mi opinión, las diferencias que tenemos con la realidad venezolana son mayores que las similitudes. Al contrario, mi deseo es parecernos más y no parecernos menos, comenzando por acercarse con nuestra Carta Magna al espíritu reflejado en la Constitución Bolivariana y a la participación popular.
En definitiva, vislumbro un futuro de polarización fogoneado tanto por el kirchnerismo como por la oposición mediática. La mención de oposición mediática no es casual, dado que son quienes cuasi-imponen la agenda política opositora induciendo a la oposición política a seguir el ritmo y el camino dispuesto. El grupo Clarín seguramente se centrará en la consolidación de una figura de oposición, preferentemente de derecha, que hasta ahora viene siendo Mauricio Macri, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aún con las deficiencias y las debilidades que todos conocen: Falta de proyección nacional, carencias e ineficiencias en la gestión y un carisma que deberá pulir en lo sucesivo para no seguir generando papelones importantes.
Aquellos que hemos venido sosteniendo posiciones equilibradas quedaremos atrapados en la lógica de la polarización planteada desde el oficialismo y, principalmente, el grupo mediático opositor, que evidentemente intenta manejar la agenda nacional. Será un trabajo arduo y difícil mantener esa posición, en esta puja que desdibuja grises para un lado y para el otro. Sobre todo sabiendo, al menos en mi caso, de qué lado definitivamente no quiero estar, ni quedar pegado.
Seguramente este análisis levante discusiones y debates, incluso dentro del espacio al que soy afín. Sin embargo, creo que se hace necesario el intercambio de posiciones, ideas y pensamientos para enriquecer cada vez más nuestra querida democracia.
Martín Scalabrini Ortiz

domingo, 22 de julio de 2012

Petróleo: Historia y actualidad en nuestro país y América Latina


El siguiente artículo será publicado en la revista del Colegio de Ingenieros de Jujuy y resume el contenido de las últimas charlas que he estado dando.
El descubrimiento del petróleo en nuestro país se produce el 13 de diciembre de 1907, hace ya más de 100 años. La Historia Oficial indica que se trató de un hecho azaroso y que en lugar de encontrar agua, que es lo se afirma estaban buscando, apareció petróleo. En realidad, se trató de un plan propuesto desde el Estado Nacional para la evaluación de las riquezas del subsuelo, tanto para agua como recursos carboníferos y minerales. De esta manera, se daban los primeros pasos para el necesario camino de la soberanía energética.
En 1902 se crea la Comisión de Estudios de Napas de Agua, Yacimientos Carboníferos e Investigaciones Geológicas, animada por el Ing. Enrique M. Hermitte. Luego, en 1903, se realiza la primera perforación en Comodoro Rivadavia llegando hasta los 175 mts, aunque se suspende por la rotura de uno de los engranajes de las máquinas importadas que se estaban utilizando. En 1905 la Comisión pasa a formar parte de la División de Minas, Geología e Hidrología, dando un nuevo impulso a los trabajos de investigación. En 1906, de la mano del Ing. Krause, se emite un Informe sobre el Plan General de Trabajos que se llevaría adelante para continuar con los estudios. Este informe es muy concreto respecto de los objetivos, indicando no solamente el interés en agua sino en recursos minerales. Finalmente, el 13 de diciembre la perforación llega a 535 mts dando señales inequívocas de la aparición de petróleo con las características típicas de presencia de burbujas de gas y olor.En 1910 se crea la Dirección General de Explotación de Petróleo, cuyo primer presidente fue el Ing. Luis Huergo. Es el inicio del desarrollo petrolero en la Argentina que desembocaría tiempo después en Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Entre el año 1910 y 1915 el Tesoro Nacional aporta 8.655.000 pesos, siendo el único desembolso desde el Estado. A partir de allí, el Estado no aporta un solo peso adicional.
El 17 de octubre de 1922 es nombrado al frente de YPF el Gral. Enrique Mosconi, quien le imprimiría una impronta particular basado en la defensa del interés nacional y el desarrollo independiente. Su vocación patriótica y esfuerzo personal, junto al Gral. Alonso Baldrich, da como resultado un período de crecimiento y expansión extraordinario incluyendo aumento de la producción y el rompimiento de los “trust” petroleros en la comercialización de hidrocarburos. Esto último conseguido con la construcción de la Refiniería La Plata en sólo un año, completando su construcción en 1929. Ese año el mismo Mosconi lo denomina el “Ayacucho Económico”, debido al hecho histórico de la disminución del precio del combustible a la mitad de su valor.
En 1934 el capital social de YPF era de 380 millones de pesos, habiendo aumentado su valor en más de 40 veces, producto de la propia riqueza y el trabajo argentinos. Si YPF hubiera sido extranjera, se hubieran girado ganancias al exterior por $1.025 millones entre 1926 y 1934, generando una sangría extraordinaria de recursos propios a favor del capital foráneo.YPF fue modelo e inspiración para la creación de diversas empresas petroleras en América Latina. Uruguay fue el primer país en seguir el ejemplo argentino creando la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). Luego apareció Bolivia con la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en 1936, pasada la Guerra del Chaco. Más adelante se suman Brasil, con la creación de PETROBRAS bajo la presidencia de Getúlio Vargas y México con el nacimiento de PEMEX bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas.

Bajo la presidencia del Gral. Juan D. Perón y en el marco de un proceso de desarrollo nacional basado en la industria y el mercado interno y la aparición de un nuevo sujeto histórico-político hasta ese momento ausente en las decisiones del país, los trabajadores, se produce el contexto adecuado para que en la reforma de la Constitución Nacional en el año 1949 aparezca el Art. 40 cuyo espíritu era la propiedad por parte de la Nación de los recursos naturales. De esta manera, el Estado quedaba como único actor de decisión en las políticas estratégicas de manejo de los recursos.
La Dictadura Militar pone en marcha a partir de 1976 el reemplazo del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), por el cual se intentaba reemplazar productos importados por aquellos de fabricación nacional, por un modelo de valorización de la renta financiera. Esta política causó una marcada desindustrialización de la matriz productiva, caída abrupta de puestos de trabajo industriales y endeudamiento externo y salida de capitales al exterior. La implantación de este modelo requirió la necesaria desaparición de 30000 personas y una innumerable cantidad de presos políticos y exiliados, para derribar las posibles barreras de resistencia frente a las políticas implementadas. YPF fue utilizada como herramienta para el desarrollo de este modelo utilizándola como garantía de préstamos, que pasaron a ser de U$S 372 millones a U$S 6.000 millones. Dentro de este contexto, se comenzaron a realizar las primeras privatizaciones periféricas, beneficiando a determinados grupos económicos y se limitó su crecimiento.
Durante la década del noventa se profundizaron las políticas de apertura y desregulación de la economía de la Dictuadura Militar, llevando adelante un profundo proceso de privatización de las empresas públicas y del patrimonio nacional. Se sancionaron los decretos 1055, 1212 y 1589 de 1989 firmados por Carlos Menem para establecer la desregulación del mercado de hidrocarburos, la libertad de precios, la eliminación de la intervención del Estado en el sector, el otorgamiento de la libre disponibilidad del crudo extraído y la supresión de la restricción para importar o exportar petróleo crudo y sus derivados. En definitiva, se modificaba el concepto estratégico de la producción de hidrocarburos por uno basado en la definición de commodities.
Las consecuencias de esta política de entrega fueron casi inmediatas. Proliferaron las inversiones de corto plazo por parte del capital privado. El Estado se ausentó de la planificación conduciendo a la cancelación de nuevas obras de infraestructura (Hidroeléctricas y Atucha II). Se consolidaron el petróleo y el gas para la producción primaria de energía, pasando del 88% al 91%, dejando a nuestro país más dependiente de los combustibles fósiles. En este marco de liberalización del mercado, se experimentó una marcada explotación y extracción de los recursos y su posterior exportación, sin obligación de reponer reservas extraídas. De esta manera, se llegó a exportar el 41,4% de la producción nacional de petróleo en 1996 cuando el precio del barril estaba a alrededor de U$S 19 por barril. La actividad exploratoria presentó un marcado descenso. Mientras la YPF estatal perforaba casi 100 pozos exploratorios por año, el promedio a partir del año 1996 pasó a ser de 35, llegando a un valor de 9 pozos en el año 1999. A partir de allí el promedio no superó los 16 pozos.
Este período se caracterizó por una ausencia de la inversión de riesgo generando problemas de índole estructural. De cualquier manera, luego de la privatización de YPF hubo un “fervor” inicial que se caracterizó por un aumento sustancial en la producción de gas y petróleo y en la cantidad de pozos exploratorios, alentados por la enajenación de la petrolera estatal y la concesión de 147 áreas en su mayoría en producción y con gran potencial de ser exploradas. Es decir, se desarrollaron los trabajos sobre las mismas cinco cuencas ya descubiertas por la YPF estatal. Sin embargo, este impulso inicial se revierte esta tendencia en forma considerable en el año 1996, cuando YPF pasa a perforar 40 pozos exploratorios, habiendo perforado 89 el año anterior. En el mismo balance de la empresa se informa que se centraron los esfuerzos en reducir los “costos” y en invertir en aquellas actividades que permitieran elevar las utilidades en desmedro de aquellas que representaban alto riesgo. Es posible afirmar, entonces, que la declinación a causa de la política extractivista no comienza con el ingreso de Repsol en la firma, sino varios años antes, bajo la presidencia de José Estenssoro. De esta manera, las reservas de gas y petróleo que en 1988 eran de 34 y 14 años respectivamente, pasaron a ser de 8 años y 7 años en el 2005, ya cuando las políticas de desinversión comenzaban a dar las primeras señales inequívocas del fracaso del modelo implantado.
Con el ingreso de la firma española Repsol, la lógica de extracción sin reposición se profundizó. Los españoles aplicaron una lógica de acumulación a escala mundial en donde priorizaron la “monetización de las reservas” y su maximización de su valor presente. De esta manera, pudieron hacerse del recurso financiero necesario para diversificar su inversión en distintos lugares del mundo con menores riesgos y costos asociados con el indudable objetivo de maximizar los beneficios a escala global. Entre el año 2000 y 2004, período en el que están disponibles los datos desagregados, nuestro país generó el 17% del ingreso por ventas, mientras que el 65% fue generado en España. En contrapartida, el 47% de las ganancias en ese período fue generado en Argentina (32% en España), pero las inversiones globales se repartieron en un 27% para nuestro país, un 37% en España y un 28% en el resto de América Latina.
El promedio de distribución de dividendos desde el año 1999 fue altísimo. En un sector en el que es importante reinvertir parte de las utilidades para mantener un horizonte de mediano-largo plazo con producción y reservas razonable, entre el año 1999 y el 2007 el promedio de distribución sobre las ganancias totales fue del 75%. El ingreso del grupo Petersen, impulsado por el Gobierno Nacional, suponía que el capital nacional antepondría los intereses colectivos antes que los privados. Sin embargo, operó en sentido contrario profundizando el vaciamiento, incluso desde el mismo momento de la firma del contrato ya que se ofrecía el reparto del 90% de las utilidades como mínimo. El resultado fue que entre el 2008 y el 2010, la distribución promedio alcanzó el 144%, disminuyendo de esta manera el Patrimonio Neto de la empresa.
Desde el Gobierno Nacional se implementaron políticas que en un principio parecieron que irían a modificar el escenario de la producción de hidrocarburos en nuestro país con la creación de ENARSA por Ley 25.943, inicialmente pensada como una nueva Empresa Estatal de Energía. Sin embargo, en la realidad funcionó, y lo sigue haciendo, como una comercializadora internacional (compra de Fuel Oil y Gas Natural Licuado). La Ley también declaró la propiedad del subsuelo marítimo por parte de la empresa. Sin embargo, hasta ahora los resultados de exploración y de investigación han sido nulos.
A partir del año 2002, luego de la brutal devaluación a comienzos de ese año, se estableció el desligue del precio internacional con los precios locales con un porcentaje fijo de derechos de exportación según Decreto 310/02. Más tarde, diversas resoluciones fueron modificando las alícuotas hasta llegar al actual régimen de valores móviles de acuerdo al precio internacional de petróleo. Por otra parte, se mantuvo un valor de derecho de exportación de un 5% para los combustibles elaborados. De esta manera, las empresas refinadoras, principalmente YPF, focalizaron sus esfuerzos en la producción de naftas Premium y vírgenes para exportación, modificando el abanico de naftas disponibles en nuestro territorio. Se fue permitiendo el aumento en el precio de la nafta llegando en estos días a precios cercanos a los internacionales. En EEUU el precio por litro ronda los U$S 0,88, mientras que en nuestro país está por encima de ese valor, posiblemente por la carga impositiva, aunque no se debe dejar de remarcar esta convergencia.
Por otra parte, con el objetivo de mantener precios de consumo barato, principalmente para consumo residencial, y apuntalar de esta manera el crecimiento económico, se estableció un esquema de subsidios multimillonarios a las empresas operadoras.
En el aspecto jurídico-legal se aprobaron dos leyes importantes que marcaron la definitiva impronta continuista de las políticas neoliberales de los noventa. La primera fue la Ley de Incentivo a la Exploración y Explotación de Hidrocarburos Nro. 26.154/06 que exime del pago de derecho de importación de Bienes de Capital destinados a esas actividades por un plazo de 10-15 años, beneficiando a empresas que ya estaban explotando. La segunda fue la ley Corta de Hidrocarburos Nro. 26.197/07 que cedió a las provincias la facultad de entrega de las concesiones, en el marco legal de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, que establece la propiedad de los recursos naturales a las provincias.
La privatización de YPF en el año 1992 y las políticas descriptas fueron las principales causas de la declinación de la producción de petróleo y gas y la pérdida de soberanía energética. En este último aspecto, su expresión cabal se produce el año pasado con la aparición del déficit en la balanza comercial energética sufrida por nuestro país luego de 21 años de superávit. En efecto, en el año 2011 se alcanzó una balanza negativa de U$S 2.931 millones, producto de la importación de combustibles y lubricantes por U$S 9.397 millones. Los productos de mayor contribución al crecimiento de las importaciones fueron el Gas Oil (44,7%), para su consumo en las centrales térmicas para generación eléctrica y en el parque automotor, y el Gas Natural Licuado (GNL) (21,8%), con el ingreso de buques metaneros en los puntos de inyección de Bahía Blanca y Escobar. De esta manera, el aumento de las importaciones energéticas desde el año 2003 fue del 42,6% anual, pasando a representar un 12,7% del total de las importaciones de nuestros país.
Respecto del GNL, durante de junio de este año se inyectaron al sistema de transporte de Gas Natural un promedio de 10,1 MMm3/d en Bahía Blanca y 9 MM3/d en Escobar, habiendo sido transportado en todo el país un promedio general de 126 MM3/d. Por otra parte, la importación de gas desde Bolivia totalizó 13,6 MM3/d. Es decir, el gas importado conformó un 26% del total consumido en Argentina. Por otra parte, los precios pagados fueron de alrededor de 12 U$S por MMBTU para el gas de Bolivia y de 16-17 U$S por MMBTU el de buques metaneros, muy por encima del precio local de producción de alrededor de U$S 2,50 por MMTBU y el del programa Gas Plus de U$S 5 por MMBTU.
Con el objetivo de paliar esta situación, fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley Nacional Nro 26.741/12 que establece la expropiación del 51% de las acciones que estaban en manos del grupo español Repsol. Esta medida fue apoyada por un amplio espectro político, habiéndose aprobada por 207 votos positivos. Fue rechazada por sólo 32 diputados, con 6 abstenciones, en su mayoría representantes de fuerzas de derecha o centroderecha como el PRO. De acuerdo a diversas encuestas, la iniciativa tuvo un apoyo del 74% de la población, con sólo 20% en contra, demostrando una amplia aceptación entre la ciudadanía. Es evidente que era una medida largamente esperada por la mayoría.
La aprobación de la ley permitió generar un espacio interesante de discusión y debate de las políticas públicas de producción de hidrocarburos que hasta hace poco tiempo no era posible desarrollar. Debido principalmente a la ausencia de este tema en los medios masivos opositores y en la agenda gubernamental. La medida marca una vuelta de página respecto de las políticas aplicadas hasta este momento y el reconocimiento implícito del fracaso del modelo neoliberal energético, aunque en el marco de la ausencia del reconocimiento de las responsabilidades del Gobierno Nacional, no solamente de las empresas, frente al papel desarrollado en la última década.
El Art.1 de la nueva norma marca un quiebre al declarar de interés público nacional el logro del autoabastecimiento y la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos en nuestro país. De esta manera, se estaría modificando el concepto de commodity para volver al concepto de bien estratégico. Se conforma el Consejo Federal de Hidrocarburos con representación de todas las provincias, aunque sólo realiza propuestas de recomendación.
Entre los aspectos criticables de la ley, se encuentra la limitación en el porcentaje de apropiación de parte del Estado de las acciones de la empresa. Hubiera sido deseable que el Estado tomara el control completo, es decir, 100% de las acciones y que en lugar de mantener su configuración accionaria como Sociedad Anónima se realizara la transformación a una Sociedad del Estado, con los controles públicos que ello implica. Asimismo, establece la participación sólo de las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos en el directorio de la empresa, relegando al resto de las decisiones.
Un aspecto muy importante es que, si bien se trata de una medida positiva para recupera una herramienta necesaria para el desarrollo petrolero argentino, no se modifica la matriz jurídico-legal vigente, a pesar de la vigencia del Art.1. Es decir, siguen vigentes los decretos de desregulación del mercado del año 1989. Esto implica que el resto de la producción de hidrocarburos, que actualmente es el 70% del total, en manos de empresas privadas, en su mayoría extranjeras, se pueda seguir comportando como hasta ahora. Tal es así que en los primeros cinco meses de este año se haya exportado petróleo por un total de U$S 950 millones, naftas por U$S 950 millones e incluso gas por U$S 370 millones, que en medio de una crisis de déficit energético se explica por la vigencia de la libre disponibilidad de los recursos.
El futuro de YPF marca un horizonte de caminos variados. Desde las altas esferas, y teniendo en cuenta el perfil del nuevo presidente de la empresa, Miguel Gallucio, se están realizando apuestas fuertes al desarrollo de recursos no convencionales, cuyo potencial en Argentina es enorme. Nuestro país es el tercer país del mundo en recursos potenciales de gas por alrededor de 774 TCF (22 Billones de m3). En el área de Vaca Muerta ya se ha estado realizando algunas perforaciones para evaluar las características de producción y decaimiento de estos reservorios. En EEUU ha producido una revolución en la producción de gas, llegando prácticamente al autoabastecimiento, bajando el precio del Henry Hub a casi U$S 2,20 x MMBTU y modificando el papel de importador que tenía ese país hasta hace poco tiempo. La producción de gas no convencional está llegando a casi el 30% de la producción total de gas en EEUU con una producción de 14 BCFD (400 MMm3/d), producto del desarrollo durante más de 10 años de miles de pozos desparramados en las cuencas de Barnett, Marcellus, Woodford, Fayetteville y Haynesville. Sin embargo, no todo es color de rosas. Francia prohibió la fractura hidráulica hasta tanto se obtengan los estudios adecuados para asegurar que este tipo de actividad no genere altos riesgos ambientales. De cualquier manera, se permite la explotación de shale gas y exploración científica. En EEUU, Vermont fue el primer estado en prohibir la explotación de este tipo de recursos, pero este estado no tiene producción de gas y petróleo, con lo cual no modifica ninguna ecuación económica en ese lugar. En Nueva York y Quebec los gobiernos le han puesto un freno a los permisos de fractura hasta que las comisiones de estudio entreguen sus reportes. Mientras tanto, la cuenca de Barnett en Texas tiene más de 14.000 pozos. No está todo dicho en la materia.
Es cierto que hay que prestar atención a la cuestión del impacto medio ambiental y social que puede llegar a tener esta actividad. Para lograr la fractura se requieren grandes cantidades de agua, aunque cantidades similares de agua ya están siendo utilizadas para recuperación secundaria. Se necesitan también grandes cantidades de energía de bombeo, con el impacto en emisiones de aire que ello implica. Por otra parte, la logística desarrollada en enorme con muchas ubicaciones de pozos poco espaciadas, gran cantidad de equipos de superficie, incluyendo trailers con equipos de bombeo de alta presión, manifolds, silos de arena, etc. Es necesario desarrollar plantas de tratamiento de agua para aquellas cantidades que deban ser dispuestas en el medio ambiente. Se utiliza una determinada cantidad de productos químicos, que aunque ya están siendo utilizadas en pozos convencionales, implican un riesgo definido de contaminación ambiental. Es por ello, que es necesario realizar un análisis profundo con la participación de los actores involucrados, sean nacionales o locales, que determinen la conveniencia de realizar este tipo de explotación.
En otros países vecinos, también existen políticas de protección y defensa de los recursos hidrocarburíferos. En Bolivia se llevó adelante en el año 2006 la nacionalización del petróleo y el gas con sendos decretos que establecieron la recuperación de la empresa estatal YPFB y la regulación del mercado nacional de hidrocarburos. Se renegociaron todos los contratos con las empresas privadas invirtiendo la ecuación sobre apropiación de la renta a favor del Estado. Sólo uno de los contratos, de los 44, fue devuelto en 2008. Los nuevos contratos establecieron la realización de las operaciones petroleras por parte de las empresas a su exclusiva cuenta y riesgo a cambio de recibir una retribución o pago por sus servicios (contrato de servicios). El seguimiento de las operaciones está a cargo de YPFB. Los hidrocarburos producidos deben ser entregados por el operador a YPFB para que ésta, a nombre y representación del Estado boliviano, asuma su comercialización definiendo volúmenes y precios, tanto en el mercado interno como el externo. Es decir, el Estado tiene a su cargo la regulación completa del mercado de hidrocarburos.
En Ecuador, el Estado es propietario imprescriptible e inalienable de los yacimientos de hidrocarburos. En el año 2006 se modificó la Ley de Hidrocarburos, en el marco de un nuevo proyecto político encabezado por el presidente Rafael Correa. Una de las modificaciones más importantes es que establece que el Estado se quede con el 99% de las ganancias extraordinarias, es decir, de los excedentes de los precios de venta del petróleo, cuando antes era del 50%. Por otra parte, en el año 2010 se produjo una nueva reforma que estableció la modificación del tipo de contrato con las empresas privadas, pasando de ser de participación a ser de prestación de servicios al Estado. Esta medida implica un paso adicional en el control de la producción de hidrocarburos por parte del Estado.
En Venezuela, la Constitución reformada en 1999 establece que los yacimientos mineros e hidrocarburos, de cualquier naturaleza, son bienes de dominio público. Declara la propiedad del Estado Venezolano sobre todos los yacimientos en forma inalienable e imprescriptible. El Estado se reserva toda la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. Por otra parte, la Constitución establece se conserva la totalidad de las acciones de la empresa Petróleos de Venezuela S.A., aunque no determina el monopolio exclusivo del Estado en el manejo de la industria petrolera, sino que abre la posibilidad a la existencia de empresas filiales y asociaciones estratégicas. En el año 2001 se aprueba una nueva ley de hidrocarburos, donde se establece la utilidad pública y de interés social todas la actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos. Todas las actividades llamadas primarias (exploración, explotación, transporte y almacenamiento iniciales) serán llevadas a cabo por el Estado, directamente por el Ejecutivo Nacional o mediante empresas de su exclusiva propiedad (PDVSA). Aunque también podrá hacerlo mediante asociaciones con un mínimo de participación del 50%. El régimen regulatorio diferencia estas actividades primarias de las industriales y comerciales. Las primeras pueden ser llevadas adelante tanto por el Estado como por los privados en forma separada o conjunta. La actividad comercial será llevada a cabo por el Estado si se tratara de hidrocarburos naturales y por el Estado y el sector privado para los productos derivados excluidos de tales hidrocarburos naturales.
Nuestro país ha dado una vuelta de página en el sector hidrocarburífero, aunque falta mucho camino por recorrer. Este momento debería ser un punto de partida para modificar la lógica de producción llevada adelante hasta ahora para reemplazarla por una basada en el concepto de bien estratégico fundamental para la necesaria y deseada reindustrialización nacional.

Martín Scalabrini Ortiz

Fuentes:
Federico Bernal, Petróleo, Estado y Soberanía, Ed. Biblos, 2005.
Mariano A. Barrera, Subexploración y sobreexplotación: la lógica de acumulación del sector hidrocarburífero en Argentina, Apuntes para el Cambio Nro. 2, 2012.
Mariana Matranga y Martín Gutman, Gas y petróleo no convencional: perspectivas y desafíos para su desarrollo en la Argentina, Voces del Fénix Nro.10, 2012
ENERGAS, Parte Diario Operativo, Mes Junio 2012.

sábado, 23 de junio de 2012

Los reclamos de los trabajadores

En las últimas semanas, nuestro país ha sido testigo de la profundización del conflicto entre la CGT, representada por su secretario general Hugo Moyano, y el Gobierno Nacional. Más allá de las explicaciones que se centran sobre todo en los protagonistas y que sobrevaloran intereses personales y rencillas de espacios de poder, es interesante preguntarse sobre el contexto político y económico en el cual se desarrolla. Esto significa que el siguiente análisis aborda el asunto desde el punto de vista de quien piensa que los sucesos históricos trascienden los protagonistas definiéndose en la puja de diversos intereses colectivos o sectoriales.
Nuestro país viene experimentando un ciclo de crecimiento económico histórico y extraordinario en los últimos 10 años que ha permitido recuperación de niveles de empleo, disminución leve del trabajo no registrado, aumento del consumo interno y un proceso de industrialización acotada. Por otra parte, se han alcanzado niveles altísimos de rentabilidad empresaria, pero manteniendo el mismo perfil productivo-industrial de la década del noventa, con un aumento de la concentración y la extranjerización de nuestra economía.
En estos días, el mundo global está sufriendo una crisis financiera de enormes proporciones que indudablemente impacta en nuestro país. El discurso oficial remarca esta situación ofreciendo como contrapartida las mejoras de nuestra economía en los últimos años. Y es por esta razón que el sector trabajador debe ponerle un coto a los reclamos de aumento salarial. Es en este punto que cabe preguntarse de qué manera fueron distribuidos estos beneficios y si significaron una reconfiguración del reparto del ingreso nacional entre trabajadores y capitalistas. En definitiva, quiénes fueron los que se quedaron con la mayor parte de la torta.
Si realizamos la comparación de la evolución del costo laboral entre el año 1993 y 2010 nos encontramos con algunos datos que pueden ayudar a entender mejor si son justos los reclamos de aumento salarial. En el período 1993-2001, se produjo un descenso en el costo laboral de poco más del 12%. En el 2002, luego de la devaluación, se produce una formidable transferencia del ingreso que provocó una caída del costo salarial del 43,7%. A partir de ese momento, comienza una recuperación sostenida que llega a alcanzar un aumento del 86,5% en el período 2002-2010 (según el sobreestimado costo laboral resultante de aplicar el índice de precios mayoristas del INDEC). Pese a esto en 2010, los costos laborales eran aún un 7,7% inferiores a 1993, siendo en promedio un 28,4% menores en la posconvertibilidad (2003-2010) que el promedio de la década del noventa. En términos de índices, si el costo laboral en 1993 era 100, en 2010 fue de 92,3 según INDEC y de 66,7 según Salarios/IPC 9 Provincias de CIFRA. Por otra parte, la productividad, es decir, el valor producido por cada trabajador, fue un 34,4% mayor que en 1993, debido principalmente al aprovechamiento de las capacidades instaladas ociosas. La diferencia entre la productividad y el costo laboral es el beneficio apropiado por el capitalista.
Es decir, luego de la devaluación, con una caída estrepitosa del costo laboral, la recuperación del salario no llegó a alcanzar los niveles de 1993. Además la productividad aumentó respecto de este año, con lo cual el excedente producido (plusvalía) fue a parar a los bolsillo del capital.
Esto se tradujo en grandes tasas de ganancias en el último período. Mientras que la tasa de ganancia promedio sobre el stock de capital fijo fue del 24,8% durante la convertibilidad, el valor promedio en la posconvertibilidad se ubicó en 37,2%. El aumento de la productividad, entonces, se convirtió en aumento de ganancias para las empresas.
Estos resultados impactan sobre la distribución del ingreso nacional entre el trabajo y el capital. La participación de la masa salarial en el Valor Agregado Bruto fue del 42,8% en 1993, pasando por un mínimo de 35,3% en la convertibilidad hasta llegar al 38,8% en 2001 producto de la recesión y la disminución de las ganancias en las empresas (mayor participación salarial). A partir de allí, se produce una disminución abrupta en 2002 llegando al 31,4% para ir aumentando en forma sostenida hasta llegar al 40,4% en 2009 (aún menor que en 1993). A partir de ese año, la participación de la masa salarial viene disminuyendo, siendo en el 2011 del 37,6%.
De todos estos números se puede llegar a la conclusión de que, si bien el aumento de la actividad económica produjo un aumento en la cantidad de ocupados y en el nivel de vida de la población, la mayor parte de la torta de este crecimiento fue a parar a manos de las empresas. Por lo tanto, los reclamos del sector trabajador son absolutamente justos.
Por otra parte, diversos estudios indican que se mantuvo el perfil productivo de la década del noventa, incluso profundizándolo aumentando la concentración y la extranjerización. La falta de divisas que experimenta nuestro país actualmente es producto de esta falta de reconfiguración.
El grado de concentración en la industria pasó de un promedio del 33,1% en la convertibilidad a un promedio del 40,9% en el período 2003-2009. Esto significa que no sólo hubo una transferencia del ingreso de los trabajadores a las empresas, sino que dentro mismo del sector empresario se experimentó una transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados. Estos sectores fueron beneficiarios de la política de "dólar alto" aprovechando los bajos costos laborales y un escenario internacional expansivo dado que en su mayoría se orientan hacia los mercados externos. Además, la mayoría de estas empresas son de origen extranjero. De esta manera, mientras que el período de la convertibilidad las empresas extranjeras participaban en promedio de un 40,9% de las ventas totales, en la posconvertibilidad pasaron a un promedio de alrededor del 60%, dando como resultado la consolidación estructural de los actores foráneos.
El impacto en la Balanza de Pagos es directo. Durante el primer trimestre de este año el giro al exterior por utilidades y dividendos de las empresas extranjeras fueron de U$S 2047 millones, pudiendo llegar a totalizar, si sigue este ritmo, U$S 8000 millones. Los intereses de la deuda también tienen su parte. En el mismo período se giraron U$S 868 millones.
Todos estos resultados son consecuencia del mantenimiento de ciertas herramientas que aún siguen vigentes del modelo neoliberal implantado durante la Dictadura Militar y profundizado en la década del noventa. Es esencial derogar o modificar la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Entidades Financieras para dar impulso al desarrollo de la industria nacional a través de fuertes políticas estatales de incentivo a la producción que han estado ausentes en la última década. La vigencia de los Tratados Bilaterales de Inversión es sumamente cuestionable, lo mismo que la participación de nuestro país en el CIADI. Ni qué hablar del régimen minero vigente o del resto de la producción de hidrocarburos en nuestro país, más allá del paso positivo de expropiación del 51% de YPF.
La eliminación o el aumento del mínimo no imponible, como así también la universalización de las asignaciones familiares y la recomposición salarial de los trabajadores son reclamos justos frente al proceso económico e histórico que estamos viviendo. El Gobierno debería tomar nota de este contexto y mirar en el interior de los números de la economía y no sólo los macroeconómicos. Es por ello que no ayuda en nada mostrar una posición distante frente al conflicto capital-trabajo, sentándose en la misma mesa de las grandes corporaciones extranjeras, como sucedió con Monsanto hace unos días.
Es por ello que frente a esta posición política distante, el sector trabajador debe mostrarse fuerte, unido y decidido a modificar en forma estructural el reparto de la riqueza en nuestro país.

Fuentes:
- Pablo Manzanelli, La tasa de ganancia durante la posconvertibilidad. Un balance preliminar, Apuntes para el Cambio Nro.3, 2012.
- Ana L. Fernández y Mariana L. González, La desigualdad en los ingresos laborales. Su evolución en la posconvertibilidad. , Apuntes para el Cambio Nro.3, 2012.
- Daniel Azpiazu, Martín Schorr y Pablo Manzanelli. Concentración y Extranjerización, Capital Intelectual, 2011.

sábado, 2 de junio de 2012

La rebelión de las cacerolas

Por qué no participé de los "cacerolazos" en la Ciudad de Buenos Aires:
En primer lugar, tengo muchas cosas para criticarle al Gobierno Nacional. La cuestión es el ámbito, el objetivo y el uso que se le da a este tipo de protesta. Supongamos por un momento que haya decidido unirme a los caceroleros por un rato y hubiera hecho uso de mi derecho a expresarme en una esquina de la Ciudad de Buenos Aires.
Seguramente me hubiera apersonado con una humilde olla de aluminio y una cuchara de tamaño medio para intentar reproducir el sonoro ruido de la rebelión porteña: Clanc, clanc, clanc, clanc...
Al rato, debido a que no hubiera encontrado a alguien para entrar en una conversación en confianza, me hubiera acercado a algún manifestante para cruzar algunas palabras.
Comenzaría con algo como lo lindo que es vivir en democracia que tenemos la posibilidad de estar expresándonos de esta manera. No sé si sería un buen comienzo, dado que seguramente el interlocutor me hablaría del estado de terror en el que vive la Gente frente a los embates del autoritarismo K y la inseguridad en las calles por las cuales no se puede ni caminar.
Probablemente, no me desalentaría e intentaría esgrimir algunas de las cuestiones que me molestan del Gobierno. Diría algo así como: Medio con la soga al cuello el Gobierno por fin puso coto al saqueo de Repsol en YPF. Hay un cambio. Se puede hablar del tema. Pero qué lástima que no lo hizo por el 100% de la Empresa. Y aún hubiera sido mejor con control público y participación de los usuarios y trabajadores. A lo cual, imagino que el señor o la señora de la cacerola me comiencen a mirar con desconfianza.
Como no tendría mucha empatía al respecto, ensayaría alguna otra cuestión. Le contaría de qué manera se está manteniendo un esquema productivo industrial heredado del modelo iniciado durante la Dictadura Militar y profundizado en los noventa. Que me gustaría que se modificara atacando a los grupos oligopólicos que ostentan el dominio de ciertos mercados basados en materia prima o de leve elaboración. Que somos una Argentina semi colonial debido a la alta extranjerización de la economía y que eso impacta en un verdadero desarrollo industrial con trabajo digno y de calidad para todos los argentinos.
Si todavía está escuchando, imagino que su rostro podría expresar cierto desencajamiento.
Diría también qué tarde se explayó la Corte frente al Art 161 de la Ley de Medios y que el Gobierno no la está aplicando con todos (aunque si la aplica con uno que no esté cubierto por el amparo supongo que estaríamos frente a un acto cuasi-discriminatorio) y que además a los medios alternativos les cuesta muchísimo hacerse con una licencia y que tendría que poner unas fichas ahí en lugar de sustentar a Grupos afines.
Seguiría con el reclamo a paritarias que están haciendo los trabajadores y que los aumentos deberían contemplar el costo de vida y que los empresarios la están juntando con pala (sobre todo los más grandes y concentrados) y que ahí deberían apuntar para lograr una redistribución más justa. También le hablaría de Impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores y el sistema regresivo de impuestos y que deberían pagar más los que más tienen y menos los que no. Aquí quizás encuentre algún asentimiento con la cabeza con el tema del Impuesto a las Ganancias (no descarto profesionales en relación de dependencia o simplemente empleados más o menos bien pagos en la manifestación).
Le diría qué mal que está la instalación de una base yanqui en en Chaco. Siempre con el mismo cuento: "Ayuda humanitaria". ¡A quién se la quieren hacer creer! Estos yanquis...
Cómo puede ser que un Gobierno que ha llevado adelante una política de DDHH con hechos del pasado absolutamente progresiva (aunque falta aún para ser completa con muchos juicios lentos), con apoyo de la mayoría de la sociedad, acepte este tipo de medidas, con la aprobación de la Ley Antiterrorista inclusive.
A esta altura el nivel de desconfianza de mi interlocutor imagino sería considerable. Apostaría algunas fichas a que podría ser hasta tildado de infiltrado K y en medio de una golpiza al estilo camarógrafo de 678, cuando le hablara de aquellos buenos tiempos de Perón y Evita y el potencial que teníamos en esos momentos con un pueblo trabajador pujante, un país que cortaba lazos con el imperialismo y con una Argentina que se estaba construyendo hasta que vinieron los gorilas del 55.
Por eso, principalmente, me quedé en casa mirando cómo TN intentaba en vano hacer de la protesta una manifestación de repudio popular.

Martín Scalabrini Ortiz

domingo, 6 de mayo de 2012

El sinuoso camino del kirchnerismo

En el marco de la iniciativa de la expropiación del 51% de YPF en manos de Repsol, es interesante realizar un análisis político sobre el papel del kirchnerismo en la realidad nacional, desde el punto de vista del pensamiento nacional, que es el que entiendo se trata de reflejar en este espacio.
El kirchnerismo es un proceso cruzado de contradicciones conformado por distintas corrientes, agrupaciones y partidos, con una fuerte base ideológica basada en el pensamiento nacional-popular. En el discurso, como mínimo, y en algunos hechos concretos. Creo que ha sido la fuerza política que permitió subir la vara de la discusión política. Si hubiera sido otra fuerza, seguramente más tirada a la derecha antinacional (recordemos que Menem salió primero y López Murphy salió tercero en 2003) no creo que hubiera existido el campo fértil para debatir ciertos temas. Por ej. veo impensable que otra fuerza, salvo Proyecto Sur, hubiera planteado el año homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz en el 2009, en una victoria cultural impensada tiempo atrás, impulsada por uno de los grupos a quienes guardo mucho respeto. O la relectura de los autores del pensamiento nacional en los nuevos canales educativos como Encuentro, TV Pública u otros. Cuestiones que parecen menores, pero no lo son tanto, teniendo en cuenta la colonización pedagógica que sufrimos desde siempre y aún continúa en la base de las publicaciones más reaccionarias.
Como decía, el kircherismo no es homogéneo y está conformado por distintas corrientes, en su mayoría ancladas en lo nacional-popular. Recordemos que el proto Proyecto Sur estaba conformado por distintas personalidades que luego siguieron otro derrotero (Ana Lorenzo, Norberto Galasso, Horacio González, Hugo Barcia, Ana María Ezcurra, Carlos Juliá, Roberto Brennan, etc), más precisamente de apoyo a los gobiernos kirchneristas. Posteriormente siguieron el mismo camino algunos de quienes estuvieron más afianzados en el tiempo y en el proyecto, como Angel Cadelli, Alberto Lapolla y la agrupación La Scalabrini, por citar a algunos.
También existen innumerables agrupaciones políticas, sociales, universitarias, sindicales que en base a una formación y desarrollo del pensamiento nacional y, en algunos casos, de izquierda, también apoyan, algunos críticamente, a la actual administración. Me resulta harto difícil, sino imposible, explicar estas posiciones con el simple argumento de "cooptación". Sería interesante realizar un ejercicio intelectual más desafiante que la simple chicana o la acusación de traición que fácilmente se puede utilizar.
En los hechos concretos, el kirchnerismo ha tenido un derrotero sinuoso. En este espacio y en el blog, se han marcado las continuidades y semejanzas con el menemismo en ciertas áreas estratégicas de nuestra economía y el perfil industrial. De acuerdo a los datos duros, la concentración y la extranjerización se han mantenido e incluso aumentado en algunos sectores. El mantenimiento del modelo ferroviario y el modelo minero neoliberales, son incuestionables. El comercio exterior agropecuario sigue en manos de las grandes multinacionales, mientras continúa la concentración de los campos. Sin embargo, cada vez que el kirchnerismo se encontró con la pérdida de iniciativa o con una caída en su credibilidad e imagen, ha sabido, por convicción o conveniencia, generar medidas interesantes y progresivas. Es decir, cada vez que ha encontrado un problema o estado "contra las cuerdas", ha salido en la dirección correcta (salvo la aprobación de la ley Antiterrorista, una mancha difícil de limpiar o en su momento la Ley Corta de Hidrocarburos y la ley de incentivos a la exploración hidrocarburífera más la extensión de los contratos petroleros, principalmente Cerro Dragón y alguna otra iniciativa). Entre ellas, podemos encontrar la estatización de las AFJP, cambiando un paradigma importantísimo en el régimen de jubilaciones y pensiones, la Ley de medios audiovisuales, cuya lógica inicial era poner un coto a la impresionante concentración de medios del principal grupo mediático y alimentar la diversidad de voces, la Ley de Matrimonio Igualitario, la estatización de Aerolíneas Argentinas, y ahora, la nacionalización parcial de YPF.
Desde luego, lo que haya hecho o vaya a realizar el Gobierno con estas herramientas obtenidas con amplio apoyo popular, sobre todo la de YPF, es una cuestión posterior que hay que analizar bajo el concepto de gestión. Siempre hay tiempo para cambiar la gestión y la representación parlamentaria. Si manteníamos lo que estaba, era legitimar la continuación menemista.
Por otro lado, los enemigos más virulentos del kirchnerismo provienen de los mismos sectores (o parecidos) a los que tuvo el peronismo histórico del 45. La Nación, La Prensa, las clases acomodadas, el medio pelo, la Sociedad Rural, los grupos empresarios más concentrados (aunque no todos ahora se expresan, se puede leer lo que piensan en El Cronista, El Economista, Fortuna, etc.) y la izquierda más dura, también histórica enemiga del peronismo al considerarlo un muro de contención frente a la rebelión obrera. Además, ésta última estará en contra de toda iniciativa que provenga del Estado capitalista burgués por una cuestión conceptual y por definición, ya que este Estado se encuentra al servicio de la burguesía y el imperialismo. Nunca han tenido resuelta la discusión de la cuestión nacional.
El kirchnerismo ha marcado un proceso histórico definido, nos guste o no. El resto de las fuerzas políticas, salvo Proyecto Sur, no ha levantado, en forma contundente, las banderas de la emancipación nacional. Sin embargo, existen grupos dentro de las otras fuerzas políticas que podrían también ser partícipes de acciones comunes con este denominador común. No estamos hablando, por supuesto, del PRO, que no tiene ningún tipo de afiliación política ni de construcción ideológica determinada porque es la no-política. Y la no-política juega a favor de los intereses del establishment, convirtiéndose per se en una fuerza de derecha. La social-democracia ha resultado ser en nuestro país una expresión del liberalismo político con algunas preocupaciones sociales, pero que en definitiva no parece ser una fuerza que pueda tocar los intereses más profundos de nuestra dependencia o nuestra situación neocolonial. A pesar de que existan, dentro de ella, grupos progresistas que apunten en esa dirección. El radicalismo está atravesado por un pensamiento, también social-demócrata por un lado y conservador por otro, que ahora está haciendo eclosión frente a la posición asumida por el partido ante el proyecto de YPF.

Desde luego, este es un breve análisis que pretende ser un punto de partida para la discusión política de la realidad actual y enriquecer el debate con quienes comparten una base común de pensamiento.
En fin, en mi opinión, para la construcción de la Patria es necesario dejar de lado partidismos, divisionismos y claramente jugar con aquellos sectores con los cuales se puedan realizar acciones comunes en el sacrificado y sinuoso camino de la liberación nacional.