Una mirada desde el Pensamiento Nacional a los problemas nacionales.

"Verás que todo es mentira,verás que nada es amor,que al mundo nada le importa...¡Yira!... ¡Yira!...Aunque te quiebre la vida,aunque te muerda un dolor,no esperes nunca una ayuda,ni una mano, ni un favor" (Enrique Santos Discépolo)

lunes, 28 de julio de 2014

Fondos Buitres e Hidrocarburos

La debilidad se aprovecha. En este contexto económico nacional, NML Elliot encabeza una operación que  se debate en Estados Unidos y amenaza con adueñarse de activos de YPF. Vaca Muerta en la mira.
En las últimas semanas, los argentinos fuimos testigos de la pelea que el Gobierno debe sostener con los denominados fondos buitre, con NML Elliot a la cabeza, cuyo dueño es el multimillonario norteamericano Paul Singer. Estos fondos pretenden cobrar íntegramente al valor nominal bonos que compraron luego de la reestructuración de 2005 y 2010 llevada adelante por nuestro país para aliviar la carga de la deuda externa en moneda extranjera. Los bonos fueron emitidos en su momento bajo la consigna de que cualquier conflicto se dirimiría en los tribunales de Nueva York. Cuentan a su favor con el fallo del juez Tomás Griesa, con la anuencia de la Corte Suprema de Estados Unidos.
El caso demuestra en forma gráfica y consistente que Argentina es un territorio en disputa. Envalentonados por su fortalecida posición, los fondos buitre, a través de la American Task Force Argentina, órgano de lobby financiado por estos fondos, amenazan con adueñarse de activos de YPF, especialmente Vaca Muerta, uno de los yacimientos más promisorios para la explotación de hidrocarburos no convencionales.
La amenaza camina por terreno concreto. La semana pasada el fondo buitre Elliot se presentó en los tribunales de San Francisco para que jueces de California avancen en eventuales embargos contra YPF o su socio en Vaca Muerta, Chevron. La elección del juzgado no es casual. Chevron tiene su lugar de residencia en San Ramón, un condado cercano a San Francisco. La argumentación de la presentación es que los fondos de YPF y, eventualmente, de Chevron, pertenecen a Argentina, al menos en lo que tiene que ver con el proyecto de inversión de unos 2.040 millones de dólares ya desembolsados, de un total de 8.000 para todo el emprendimiento. De esta manera, intentan cobrarse los 1.330 millones de dólares del fallo de 2012. El juez Griesa deberá decidir si da vía libre para el embargo. En este sentido, la posición argentina sería que YPF es una sociedad anónima independiente del Estado y que no es posible avanzar sobre una empresa norteamericana que sólo se asoció para un proyecto en particular.
Más allá de las particularidades del caso y de las estrategias para intentar que los costos sean lo más bajos posible, la soberanía nacional ya fue avasallada desde el momento en que se decidió resolver los conflictos bajo una ley extranjera. La herencia neoliberal dejó una estela de consecuencias nefastas para nuestro país.
De esta manera, se desdibuja la estrategia del Gobierno de “acercamiento” a los mercados, en un intento de aliviar la restricción externa producto de la falta de divisas, esperando un abaratamiento del financiamiento internacional. El déficit energético, junto a la extranjerización de la economía, una leve baja en el intercambio comercial y los pagos de deuda externa, es justamente una de las causas de esta falta de divisas. Todo tiene que ver con todo.
Los intereses de una deuda creciente más una economía extranjerizada exigen tributos cada vez más altos que sólo se sostienen con altas tasas de crecimiento, aumento de la productividad y de la tasa de ganancia para las empresas extranjeras, con lo que genera una rueda interminable de flujo de riqueza y trabajo argentino hacia el exterior. A ello hay que sumarle la fuga de capitales de la “burguesía nacional” que en forma constante erosiona el ahorro nacional. La derecha reclama más apertura, menos regulaciones, más señales de “confianza”. Este parece ser ser el camino elegido.
En este contexto, la nueva ley de hidrocarburos que está en período de preparación da cuenta de esta afirmación. Extensión del plazo de concesión hasta 35 años con extensión a diez más en el caso de no convencionales, régimen especial para la importación de bienes de capital (que erosiona las posibilidades de la industria nacional), disminución al 50 por ciento de las regalías para proyectos especiales y prohibición de reservar áreas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal están entre los beneficios que se otorgarán a los proyectos de inversión que superen 250 millones de dólares. También, la libre disponibilidad del 20 por ciento de la producción obtenida en una explotación convencional y no convencional (el decreto 1277/12 había eliminado completamente la libre disponibilidad) y del 60 por ciento para explotación Off-shore.
Es decir, se incorporan prácticamente todos aquellos beneficios que otorgaba el Decreto 929/13 para proyectos de más de 1.000 millones de dólares que permitió en su momento el Acuerdo Chevron-YPF.
En paralelo, las empresas privadas petroleras preparan su propio “Estatuto Legal del Coloniaje” que incluye la extensión de las concesiones pero a un total de 50 años, eliminación de las retenciones a la exportación de crudo, libre disponibilidad de los hidrocarburos producidos, libre disponibilidad de las divisas generadas por exportación, libre importación de equipos petroleros y regalías del 5 por ciento para proyectos de alto riesgo. Un verdadero manual neoliberal que sería bien recibido por algunos candidatos a presidente que ya tuvieron reuniones con el llamado “grupo de ex secretarios de energía”.
Todo ello en momentos en que tenemos un país descapitalizado y débil para negociar. La debilidad se aprovecha.
Es posible que aumenten las inversiones, que se acerquen capitales extranjeros, que aumente la producción, tal como sucedió durante los primeros años de fiesta menemista, aunque tampoco está todo dicho. No obstante, ya sabemos hacia dónde conduce todo ello. Pan para hoy, hambre para mañana.

Martín Scalabrini Ortiz
para Portal Marcha (www.marcha.org.ar)

lunes, 26 de mayo de 2014

El pensamiento de Mariano Moreno en la Revolución de Mayo

En estos días se cumple otro aniversario de la Revolución de Mayo. Nuestra historia indica que en estos últimos dos siglos han habido vaivenes, donde la Argentina siguió, por momentos, con errores y aciertos, el camino de la independencia, de la autonomía y de la emancipación, pero por otro lado, también siguió el camino de la dependencia, de la entrega y la dominación.

El siguiente archivo es un artículo publicado en la revista Industrializar Argentina en el año 2010.

https://drive.google.com/file/d/0B4-c5EvuvZu3amlpZkplTk9QRnc/edit?usp=sharing


Martín Scalabrini Ortiz


viernes, 23 de mayo de 2014

La salida de Repsol del país

Hace unos días atrás, se anunció la venta de la mayor parte del paquete accionario que Repsol poseía en YPF al banco Morgan Stanley por 1255 millones de dólares. El porcentaje de la venta fue del 11,9%, con lo cual se pagaron U$S 26,9 por acción. Un valor similar al pagado por el Gobierno por el 51% de las acciones, tomando la emisión de bonos de U$S 5.400 millones, pero a ser pagaderos entre 2015 y 2033 a una tasa de interés de entre el 7% y 8%. El banco comprador a su vez colocó esas acciones en el mercado a diversos fondos de inversión. De esta manera, prácticamente desaparece del escenario un polémico actor en la historia del petróleo argentino. Sólo mantendrá un 0,5% de acciones remanentes.
Repsol había desembarcado en la Argentina en el año 1999, sin experiencia en producción masiva, haciéndose del control accionario de la empresa. Fue la culminación del proceso de privatización que había empezado años antes durante el gobierno de Carlos Menem. A partir de ese momento, Repsol aplicó una política depredatoria, invirtiendo poco y extrayendo mucho. Eso posibilitó altas tasas de ganancias que eran giradas al exterior e invertidas en otros lugares del mundo. YPF, luego de décadas de capitalización de la riqueza y el trabajo nacionales, se había transformado en una herramienta financiera global para Repsol. El ingreso de Eskenazi en el año 2008, como “especialista en mercados regulados”, apuntaló esta estrategia hasta la expropiación del 51% de las acciones por parte del Estado.
El papel de Repsol fue nefasto para un sector tan importante y estratégico como la producción de hidrocarburos. Sin embargo, su salida a esta altura no significará grandes modificaciones en la dirección asumida por el Estado en YPF más allá del pedido periódico de Repsol por dos lugares en el directorio de acuerdo a la cantidad de acciones que tenía. El papel de YPF está enmarcado en las decisiones que el equipo económico del Gobierno viene llevando adelante. Algunos lo denominan “ajuste”, otros lo asocian a medidas “ortodoxas”. En definitiva, un reacomodamiento de las relaciones económicas entre los distintos sectores. La petrolera aporta lo suyo. Acercamiento a los mercados internacionales mediante el acuerdo “amigable” con Repsol, acuerdos con empresas multinacionales como Chevron y Petronas, financiamiento a través de aumento de precios en el mercado interno y foco en la producción de petróleo para el mercado internacional (en lugar de apuntalar la de gas, necesaria para recuperar el autoabastecimiento).
Mientras tanto, la mayor parte del marco jurídico-legal implantado en los noventa sigue vigente, empezando por la provincialización de los recursos naturales establecida en la Constitución de 1994, la Ley Corta de Hidrocarburos y la Ley de Incentivo a la Exploración del año 2007 y la presencia actores privados y extranjeros en el resto de la producción.


Martín Scalabrini Ortiz

viernes, 9 de mayo de 2014

Modelo Noruego de Petróleo, ¿posible aplicación en la Argentina?

Durante el proceso de expropiación del 51% de YPF por parte del Estado, se hizo referencia a la posible aplicación del modelo noruego para el desarrollo de la empresa en nuestro país. En este artículo se analiza cómo funciona el llamado modelo en el país nórdico.
En realidad, el modelo noruego no es algo que nació como tal por obra y gracia de la planificación preventiva sino más bien de la aplicación sucesiva de políticas, algunas coyunturales y otras estratégicas, en la medida que se recorría el camino del desarrollo petrolero y se iba “aprendiendo” de la experiencia, incluso la anterior a la época de la aparición del petróleo en Noruega.
A finales de 1962, la “Philips Petroleum Oil Company” solicitó permisos para hacer prospección geológica. La Philips buscaba tener el derecho exclusivo de extracción de hidrocarburos en la plataforma continental. El Gobierno Noruego se tomó un tiempo para contestar, teniendo en cuenta la experiencia danesa quienes habían entregado la exclusividad a las empresas Gulf y Shell. Lo primero fue establecer la jurisdicción noruega sobre la plataforma marítima para definir las áreas sobre las cuales el país tenía soberanía. La solución provino de una acuerdo con Gran Bretaña en 1964, basado en el principio de equidistancia. Con esto se determinaba gran parte de los límites del Mar del Norte.
En ese momento, Noruega no tenía ninguna experiencia en explotación petrolera. Por lo tanto, era casi imprescindible contar con la ayuda extranjera en exploración y producción. Con lo cual, la pregunta era de qué manera se irían a aprovechar los intereses extranjeros sin perder el control sobre el desarrollo. En este punto, el país sí contaba con experiencia previa debido a que había desarrollado su industria hidroeléctrica de esta manera, por lo tanto tenía una larga tradición política en relacionarse con empresas extranjeras grandes que tenían como intención enriquecerse con los recursos naturales de países débiles. De esta manera se había definido el “derecho de reversión” que implicaba un carácter temporal y de alquiler de las concesiones, debiendo el beneficiario devolver el derecho al Estado sin compensación alguna luego de un período de tiempo. De esta forma, el Estado adquirió la experiencia suficiente para poder explotar la energía hidroeléctrica por sí mismo. Esta fue la idea que imperó durante esta primera etapa de desarrollo petrolero.
En paralelo, se propiciaba la aprobación de leyes específicas para el sector. El 31 de mayo de 1963 se determinaba que el Estado noruego era el único propietario de los recursos naturales de la plataforma marítima. La medida no causó ninguna objeción, dado que inicialmente no había propietario alguno. Con esta herramienta y el “derecho de reversión” se extendieron algunas licencias de extracción por un período de 6 años, con la obligación de ceder al Estado una cuarta parte del bloque. Los bloques entregados en la primer ronda fueron grandes, con lo cual las empresas no ponían objeciones frente a esta exigencia. Las regalías se establecieron en un 10%, habiéndose bajado desde el inicial del 12,5%. La política era de atracción de empresas extranjeras para que participaran en la mayor medida posible, dentro del marco fijado por el Estado. Esto permitiría aumentar la posibilidad de encontrar petróleo dada la inexperiencia inicial del Estado. Finalmente, la participación noruega en la primera ronda grande de concesiones fue mínima. Noruega se encontraba en una posición débil de negociación. Por lo tanto, esta política de apertura significaron condiciones no demasiado favorables desde un punto de vista nacional y estatal, en lo que se llamó “acuerdo de caballeros”.
Philips encontró petróleo en el campo que luego se denominaría Ekofisk. La empresa con participación estatal Hydro se aseguró un 6,7% de este campo. Una participación muy pequeña. El Estado sólo recaudó a través de impuestos y regalías, en lo que hubiera podido ser una apropiación mayor de la renta si las condiciones hubieran sido más favorables. Para suerte de Noruega, la mayor parte de las reservas de petróleo fueron descubiertas al norte del área anunciado en la primera ronda. Hubo oportunidad para una nueva y más agresiva política petrolera noruega. Al calor de las rebeliones juveniles de fines de los sesenta, Noruega había ido inclinándose hacia la izquierda en elecciones sucesivas. A ello, se sumó la oposición de la población al ingreso de Noruega a la CEE. Esto determinó un contexto histórico favorable a la nueva aproximación del país hacia el petróleo. A partir de ese momento, las discusiones involucrarían a toda la sociedad, en lugar de un grupo de funcionarios, dando lugar a posiciones más confrontativas.
De esta manera, nace la idea de crear una nueva empresa petrolera operativa y 100% estatal como una herramienta que daría al Estado noruego la mayor administración y el control posible sobre las actividades petroleras, dejando de lado la utilización de Hydro. La idea expresaba que el instrumento adecuado era la creación de una empresa petrolera desde el principio. El parlamento (storting) resolvió su creación el 14 de junio de 1972. La petrolera, sin embargo, no tenía el peso de otros actores, con lo que su influencia era escasa. De cualquier manera, con esa herramienta se podía desafiar a las empresas multinacionales con la cesión de concesiones a su favor en forma directa para que pudiera desarrollar sus propias habilidades y capacidades tecnológicas.
Además, se consideró estratégica la posesión de ductos para el transporte de hidrocarburos para su control y operación, de manera de evitar la apropiación de la renta por parte de las empresas privadas por este medio. La pelea se dio con Philips que procuraba mantener bajo su control el sistema de ductos. Sin embargo, debió ceder para no perder más tiempo ya que consideraba que aún así el campo Ekofisk produciría grandes ganancias. Fue una forma de demostrar de qué manera un Estado podía plantarse para obtener una herramienta estratégica para sus objetivos.
El siguiente gran paso fue la obtención del 50% por parte de Statoil del bloque que más tarde resultó contener el yacimiento Statfjord, junto con la Esso, Shell, Conoco y Mobil. Más tarde, se demostraría que Statfjord sería uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo. La posición dominante de Statoil se mostraría imprescindible tanto para la propia empresa como para la historia petrolera noruega. Más tarde, se descubrirían otros yacimientos pero no uno tan grande. Estas primeras decisiones estratégicas realizadas en las fases iniciales del desarrollo de esta región petrolera fueron determinantes para el futuro.
En 1972 se creó el Directorado Noruego del Petróleo (DNP), órgano gubernamental que aconseja y asesora sobre la dirección, exploración y producción de los yacimientos. Depende del Ministerio del Petróleo y Energía al que entrega reportes relacionados a las actividades relacionadas con la E&P de hidrocarburos. Es el responsable de llevar la contabilidad oficial y la administración de los recursos petroleros y contribuye a la maximización de los valores creados por las actividades petroleras. Además, publica y aplica las regulaciones para el sector en términos de ambiente de trabajo y seguridad.
En la medida que se desarrollaban las herramientas jurídicas y regulatorias, el Estado avanzaba con las operativas, como Statoil. Entre sus objetivos generales se encontraba la de garantizar el establecimiento de una industria petrolera noruega. En esta declaración estaba subyacente la idea de soberanía, dado que era importante para Noruega construir una capacidad propia e independiente. Para ello, debía apropiarse de una proporción, lo más grande posible, de la generación de riquezas relacionada con las actividades industriales en el sector de hidrocarburos. Por otra parte, el desarrollo de una industria petrolera, en parte privada y en parte estatal, sería uno de las herramientas para garantizar “la administración nacional y el control nacional”. En la medida que fuera desarrollado “know-how” tecnológico independiente, el país quedaría indemne a las presiones de las empresas extranjeras que dominaban el negocio.
Statoil se organizó como una administración independiente con una Asamblea  General que elegía la dirección. Por otra parte, al estar limitada la cantidad de profesionales en Noruega, se los buscó en EEUU para varias unidades de negocio. Pero se aseguró de no contratar a nadie que tuviera alguna vinculación con Mobil, que en ese momento operaba el bloque entragado a Statoil. Además, el sistema educativo acompañó este proceso esforzadamente para cumplir con las necesidades de la nueva industria. La Escuela de Estudios Superiores Técnicos de Trondheim tuvo un papel preponderante en la formación de ingenieros. Statoil se encontraba como primera prioridad como salida laboral. Los institutos de investigación de las universidades de Oslo y de Bergen cambiaron sus líneas de trabajo relacionadas con la geología de acuerdo a los nuevos requerimientos.
Otro de los hitos importantes en el desarrollo petrolero fue la construcción de Statpipe aprobado por el Parlamento en 1981 y construído en 1985, siguiendo el lineamiento de mantener bajo control estatal el transporte. Este gasoducto une los campos de producción como Statfjord y otros con el continente europeo para la exportación del gas natural. Además, permitió el desarrollo de grandes proyectos industriales relacionados a los hidrocarburos a lo largo de toda la costa noruega.
La industria petrolera crecía y se vislumbraban considerables flujos de efectivo. Fue por ello que en 1985 se crean los “Intereses Financieros Directos del Estado” (SDFI), a través del cual el Estado para a participar como inversionista en Statoil. Esta reorganización tenía la idea de concebir un “banco petrolero estatal” para invertir directamente en el negocio de los hidrocarburos, en lugar de hacerlo a través de Statoil. De esta manera, se dejaba a Statoil el manejo del negocio comercial como una empresa autónoma liberándola de tareas políticas y administrativas. Además, el Gobierno dejaría de recibir las utilidades generadas por la empresa para financiar el presupuesto nacional para que ésta pueda reinvertirlas en su negocio. Así, se generaba una distancia prudente entre la administración gubernamental y la empresa petrolera.
Más adelante, en el año 2000, el parlamento resolvió privatizar parcialmente las acciones que mantenía en el SDFI, al abrirse a cotización en las bolsas de Oslo y Nueva York. Al año siguiente, se crea Petoro, una entidad gubernamental que asumía los activos  del SDFI. Además, tiene la función del control de la producción de Statoil en nombre del Gobierno. No opera campos y no es dueña de ninguna licencia, sino que dirige el SDFI.
En la medida que crecían los ingresos petroleros, crecía la preocupación de que Noruega desarrollara la “enfermedad holandesa” o “maldición de los recursos naturales”. Es decir, el efecto desplazamiento provocado por el sector de productor basado en recursos naturales sobre las manufacturas y se manifiesta como la desindustrialización de una economía. Ello se produce por el boom exportador de ese sector produciendo el aumento del valor de la moneda nacional y, por lo tanto, deteriorando la competividad del sector manufacturero frente al de otras economías. Para evitar esto en 1990 se crea el “Fondo del Petróleo” (Petroleum Fund), con el propósito principal de resguardar el uso en el largo plazo de los ingresos petroleros. Ello ayudaría a evitar la famosa “enfermedad”. Más adelante, se incorporarían el objetivo de estabilizar el gasto fiscal respecto de las fluctuaciones de corto plazo asociados a los ingresos del petróleo (financiar déficit en el presupuesto fiscal no petrolero) y financiar el déficit que generará un creciente gasto en pensiones por el aumento de personas de edad avanzada y un decreciente ingreso del petróleo.
En 2006 este Fondo fue rebautizado con el nombre de “Fondo Gubernamental del Petróleo” (Goverment Pension Fund-Global) y en la actualidad cuenta con activos por U$S 838 mil millones siendo el más grande del mundo. Los ingresos del fondo provienen de los flujos netos de la actividad petroleras y del retorno de los activos más los resultados netos de las transacciones financieras asociadas a la actividad petrolera. Los gastos son las transferencias hacia el presupuesto fiscal. Para evitar la valorización de la moneda local, los fondos son invertidos en el exterior en su mayor parte. Sus inversiones se dirigen a los mercados internacionales en bonos y acciones e incluso en bienes raíces, pero excluyendo a empresas dedicadas a actividades que afectan el medio ambiente, fomentan el armamentismo y producen bienes perjudiciales para el ser humano. Para ello publica una “lista de exclusión ética” en la que están entre otros, Barrick Gold, Rio Tinto. Philip Morris, Honeywell, Lockheed Martin, Wall-Mart, etc.
El retorno esperado del fondo se estima en 4% anual. Ese monto es lo que puede ser el déficit estructural no petrolero como regla establecida. En una situación cíclica neutral, la regla implica que el traspaso desde el Fondo al Gobierno Central equivale a la anualidad que paga el Fondo. El Fondo sólo puede financiar el déficit no petrolero.
Los ingresos fiscales provenientes de la actividad petrolera son esencialmente dos: un impuesto especial sobre la producción (50%) y un impuesto corporativo normal (28%), lo cual arroja una tasa combinada del 78% sobre las utilidades generadas en el año por cada empresa. Los ingresos totales del Estado provienen en un 30% del sector petrolero, provenientes en un 55% de impuestos directos, un 40% del SDFI, un 5% de dividendos de Statoil y el resto a otros impuestos al medio ambiente y otros.
Los ingresos de Statoil sumaron U$S 130.000 millones, equivalente al 25% del PBI noruego. Su producción fue de 2 millones de barriles equivalentes por día. Y las ganancias del 2012 fueron de 8.300 millones de euros. Es el catalizador de la investigación y desarrollo en Noruega y cuenta en la actualidad con tecnología de punta capaz de operar en aguas profundas.

En definitiva, Noruega es actualmente el séptimo exportador mundial de petróleo y el tercero de gas natural con la aplicación de un modelo cooperativo, equitativo y de reparto de riqueza, basado en la soberanía y el pleno control de sus recursos. La aplicación del modelo per-se en otras partes del mundo no debería ser directa. Cada región posee su propio contexto y sus propia dinámica. Sin embargo, no deja de ser un ejemplo de desarrollo autónomo y de aplicación de políticas soberanas en un sector estratégico como el energético.

Martín Scalabrini Ortiz

viernes, 7 de febrero de 2014

La Balanza de Pagos en Argentina

La Balanza de Pagos de un país es el resumen estadístico de las transacciones económicas entre los residentes de un país y el resto del mundo. Leer la Balanza de Pagos es una manera de observar el flujo de riqueza y de trabajo que ingresa y egresa del país. Es una forma de conocer hacia dónde va la riqueza y cómo se sostiene ese flujo.
Es lo que los Ingenieros Químicos llamamos un balance de masa. Supongamos una caja negra. Por un lado están los ingresos (lo que entra) y por otro lado los egresos (lo que sale). Si los ingresos son mayores a los egresos existe acumulación de riqueza. Si los egresos son mayores a los ingresos existe lo contrario. Esto se refleja en las Reservas del Banco Central que actúa de pulmón para equilibrar las cuentas. Provee cuando falta y acumula cuando sobra.

En estos días se habla mucho sobre la caída de las reservas del Banco Central. Sin embargo, poco se ha dicho sobre la radiografía de los ingresos y egresos.
La Balanza de Pagos provee algo de información. Se divide en la Cuenta Corriente y la Cuenta Capital y Financiera. La Cuenta Corriente incluye las transacciones correspondientes a bienes, servicios y renta. Refleja el concepto de ahorro externo, es decir el endeudamiento neto de una economía respecto al resto del mundo. Si en esas transacciones el resultado es negativo, se deberá financiar de alguna manera y, por lo tanto, endeudarse con algún instrumento (no implica deuda externa solamente). La cuenta Financiera registra la variación de los activos y pasivos financieros con el exterior (incluye Deuda Externa, Inversión Extranjera Directa, Instrumentos Financieros, etc.) y tiene que ver con la forma en que se financia nuestra economía.

En nuestro país, hasta el tercer trimestre del año pasado, los resultados fueron los siguientes:
Cuenta Corriente: - U$S 2.871 millones (déficit)
Cuenta Financiera: - U$S 3.077 millones (déficit)
Errores y Omisiones: - U$S 1.966 millones (déficit)

Estos números negativos dieron como resultado una caída en las reservas del Banco Central de U$S 7.879 millones. Es decir que el déficit en las transacciones con el resto del mundo no fue cubierto financieramente sino con reservas. Además, hay un número abultado de errores y omisiones, que se conoce como capital no determinado y es un ajuste por la discrepancia estadística de todas las demás cuentas. Todos los países lo tienen.

Si se observa adentro de cada cuenta podemos intentar establecer por dónde se está yendo la riqueza. El intercambio comercial de bienes está representado por la Balanza Comercial menos los gastos de Costo, Seguro y Flete. Es decir, está basado en el precio en el puerto de origen sin tener en cuenta los gastos para traer el producto o llevarlo. El superávit en este rubro es de U$S 9.534 millones. Sin embargo, la cuenta Servicios (Transportes, Viajes, Regalías, Servicios de Informática y Servicios empresariales, profesionales y técnicos, principalmente) tuvo un resultado negativo de U$S 3.874 millones que sumados al déficit de la cuenta Rentas de la Inversión (Utilidades y Dividendos e Intereses) de U$S 8.318 millones dieron como resultado el déficit en Cuenta Corriente arriba mencionado.
La Cuenta Corriente es uno de los problemas. Se ha convertido en negativa a partir del año 2011. Durante el período 2003-2009 el promedio de superávit fue de U$S 7.070 millones.
Una vez observada la foto, conviene observar la película. Es decir, la manera en que fueron variando las diferentes cuentas en los últimos años. La balanza comercial disminuyó en el último año un 23% debido al aumento del déficit energético (consecuencia de las políticas extractivas de los noventa), a otros sectores deficitarios y a una disminución en el precio de nuestras exportaciones y aumento en el precio de las importaciones.

Respecto a la cuenta Servicios hubo un fuerte aumento del déficit respecto del año 2012 del 43,7%, principalmente debido a las cuentas regalías (derechos de propiedad, patentes, autor, etc.) y viajes (diferencia entre lo que los turistas gastan en nuestro país y lo que los argentinos gastan afuera). La cuenta de Servicios viene aumentando en forma sostenida a partir del año 2011 producto de mayores déficit en la cuenta Viajes y Pasajes (mayor cantidad de personas que viajaron al exterior). El déficit en 2010 había sido de U$S 1.160 millones, mientras que para 2013 se proyecta un déficit de U$S 5.165 millones.
La cuenta Rentas de la Inversión es otra que viene en aumento, aunque esta última ya había aumentado fuerte en 2010 producto de un aumento de la remisión de utilidades y dividendos de las empresas extranjeras. El peso de esta cuenta es sustancial producto de una economía extranjerizada con empresas con baja propensión a la reinversión y con altas tasas de ganancias en mercados concentrados. El promedio de la remisión entre 2010 y 2012 fue de U$S 8.674 millones. Mientras que los intereses aumentaron levemente pero sin alcanzar el peso que tenían antes de la reestructuración de la deuda externa en 2005.

La cuenta financiera ha variado en el tiempo de acuerdo a las posibilidades de financiamiento, tanto del sector público como privado y el flujo de la inversión extranjera directa. En el 2013 en particular los déficit más grandes provinieron de la mano de pago de deuda a organismos internacionales con reservas del Banco Central (http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/04/655-517034-9-argentina-dispone-cancelacion-de-deuda-por-us2335-millones-con-reservas-del.shtml) por U$S 2.910 millones en el 2do Trim 2013, de un déficit por U$S 1.954 millones en el 3er Trim 2013 del Sector Privado No Financiero (Empresas y Particulares) producto de formación de activos (compra activos en dólares) y disminución de toma de deuda externa por el sector privado (menor financiamiento en dólares).
El otro rubro importante de déficit en 2013 fue el de Errores y Omisiones para el 1er Trim con U$S 1.634 millones, que puede ser cualquier cosa.

En resumen, muchos dólares que se van y pocos que llegan. Esta situación es estructural y coyuntural sumados. A esto último lo alimentan los sectores exportadores sin liquidar sus ventas para forzar una devaluación pronunciada que favorezca sus intereses. La falta de modificaciones estructurales para que la Cuenta Corriente sea más positiva es una de las materias pendientes. Sin embargo, es necesario resaltar que nuestro país se encuentra bajo la presión de aquellos que intentan aplicar políticas de ajuste y sometimiento para que esas reformas nunca se realicen. El resultado será mayor superávit comercial por mayor exportaciones con ese sector fortalecido y menores importaciones por la disminución de poder de compra para bienes de consumo (nivel de vida de la población) y disminución de compras de insumos industriales. Esto impactará en el sector industrial con pérdida de empleo. El ajuste fiscal también impactará en el nivel de vida, sobre todo en los de más bajos recursos al disminuir el poder del Estado para redistribuir. Luego, vendrán los capitales prestados con su correlativo aumento de Deuda Externa para poder mantener el flujo de divisas (riqueza) que las empresas extranjeras ávidamente se llevarán al exterior. En resumen, unos pocos se beneficiarán, la mayoría se empobrecerá y nuestro país seguirá siendo desangrado por el ejército de ocupación de empresas multinacionales.

En una próxima entrega analizaremos la Balanza de Pagos de otros países de América Latina.

Martín Scalabrini Ortiz

Fuentes: INDEC. Balanza de Pagos. Información de Prensa (http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=1064)
INDEC. Balanza de Pagos. Serie Histórica (http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=8876)



sábado, 25 de enero de 2014

Los resultados de la devaluación

El 8 de enero de este año nos preguntábamos de qué manera se iba a llevar adelante el plan de desarrollo de exportaciones 2015 con un mercado concentrado y dominado por empresas extranjeras, teniendo en cuenta el poder de veto que este conjunto de actores pueden tener sobre las políticas públicas por su fuerte poder de fuego al ser generadores de divisas. Los eventos de los últimos días en materia económica, devaluatoria podríamos decir, parecen dar la respuesta.

En el Nro. 97 de la Revista Qué de Agosto de 1956, Raúl Scalabrini Ortiz escribía: "Un sólo medio de exportar más: comer menos", con la simple y precisa aplicación de la fórmula para entender aspectos de economía, "sólo se necesita saber sumar y restar".
El problema en aquel momento era la industrialización y el aumento del consumo interno. El gobierno golpista del 55 quería aumentar la presencia de nuestro país en los "mercados internacionales" (principalmente Inglaterra) cumpliendo con el papel asignado de país periférico y semicolonial como proveedor de materias primas. En ese artículo se explica que para aumentar las exportaciones es necesario disminuir el nivel de vida de nuestro pueblo.
Los efectos de una devaluación son conocidos, tal como también explica don Raúl en "Hacia otra brutal desvalorización del peso?", Revista Qué Nro. 150, Octubre de 1957. Casi inevitablemente, se reducirá el nivel de vida de los argentinos, a menos que existan fuerzas populares capaces de pelear en la puja distributiva que se va a llevar adelante los próximos meses (ya se está hablando de "adelanto de paritarias", de "tener cuidado con las expectativas que se generan", H.Recalde dixit, de "recomposición de precios", etc.).

Analicemos lo que expresan los analistas de uno y otro medio. Raúl Dellatorre en Página/12 (25/01/14) sugiere que "la devaluación fue el resultado de una prolongada y sangrienta pulseada con poderosas corporaciones económicas y financieras (...). Pulseada en la que el Gobierno debió finalmente ceder". La misma afirmación utilicé el jueves pasado aquí tratando de dar una identificación un poco más sustancial de los sectores involucrados.
Por otra parte, en La Nación se habla de "poner techo al déficit fiscal y la emisión monetaria" (Jorge Oviedo, 25/01/14), que no es otra cosa que bajar el nivel de vida de los argentinos, y que se debería haber hecho antes de estas medidas. Pablo Tigani, por su parte, añora el endeudamiento, mientras que Luis Eduardo Curia acepta la flexibilización del "cepo" pero cuestiona la falta de un plan integral que contenga "política fiscal, monetaria y de ingresos" (para los lectores de La Nación es claramente reducir el gasto público, reducir la emisión monetaria y reducir los ingresos de las mayorías).

Las modificaciones estructurales no se realizaron. Pese al proceso de reindustrialización acotada de la última década, el perfil productivo nacional no se modificó en lo sustancial. La extranjerización de la economía no se revirtió, sino que incluso se profundizó levemente. El 70% de las ventas de la cúpula industrial (100 empresas industriales más grandes) provienen de empresas extranjeras. Mientras que el 68,1% de las exportaciones totales de la cúpula industrial fueron explicadas por las corporaciones transnacionales. Economía extranjerizada con perfil fuertemente exportador con una inserción en los mercados internacionales de productos primarios e industriales con baja elaboración es una clara característica de país semicolonial, de acuerdo a los conceptos que muchos de nosotros conocemos.

Este sector junto con el agropecuario por medio del comercio exterior de granos en manos de un puñado de empresas transnacionales le han dado el brazo a torcer al Gobierno, tal como señaló el mismo Capitanich diciendo que "la devaluación no fue inducida por el Estado". La macroeconomía está siendo definida en otros ámbitos diferentes que la soberanía popular.

En los próximos meses se llevará a cabo la puja redistributiva de este pequeño shock devaluatorio. El sector trabajador deberá hacer frente a los intentos de las grandes corporaciones de materializar (ya lo están haciendo en la medida que no haya aumentos de salarios) esta medida apoyada y aceptada por los grupos empresarios (UIA, Cámara de la Construcción, Cámara de Empresarios Mineros, Federación Agraria, Cámara del Calzado, ADIMRA (aunque en esta cámara creo que hay un mensaje entrelíneas al decir que "la definición del tipo de cambio corresponde a la esfera del gobierno nacional (...) y no de algunos pocos que ven en ello una oportunidad de especulación y ganancia financiera", cuando en realidad el mismo gobierno asume que no fue así), CGE, etc., Página/12, 25/01/13). Es una situación complicada porque se llega a este momento con el movimiento obrero organizado dividido y con un resultado de elecciones (en mi opinión hubo una derechización), que no favorece el contexto político para enfrentar la pelea.

Mientras tanto la lucha por la liberación nacional, la independencia económica y la justicia social, por lo tanto las reformas estructurales, seguirán esperando.


Martín Scalabrini Ortiz

martes, 21 de enero de 2014

Acuerdo Chevron-YPF: ¿Un camino hacia la soberanía energética?


Con la publicación del Decreto 929/13 y el Acuerdo entre la empresa con control estatal YPF y la norteamericana Chevron, volvió a tomar estado público la cuestión de la producción de gas y petróleo en nuestro país y la relación entre el capital extranjero y un camino soberano de obtención de energía. En este artículo se analizan las ventajas y desventajas de un convenio de este tipo.

El descubrimiento oficial del petróleo en nuestro país ocurrió hace más de 100 años en la ciudad de Comodoro Rivadavia, un 13 de diciembre de 1907. A partir de ese momento, se desarrollaron diversas políticas desde el Estado para asegurar la provisión de energía a precios razonables, un insumo esencial para el desarrollo industrial de un país. La importancia de contar con energía barata y propia, sin depender del extranjero, es fundamental. El Gral. Enrique Mosconi lo entendió de esa manera y aplicó políticas emancipatorias para el desarrollo y crecimiento de lo que sería nuestra empresa más importante: YPF. Luego de una experiencia personal en la compra de nafta para aviación y en la conducción de la empresa petrolera afirmaba: “Capitales que pretendan condiciones especiales, exigiendo un tratamiento de excepción que algunas veces no ha de poder acordarse a los capitales del país, no favorecen a la Nación. Capitales (...), que pretendan no ser regidos por las leyes en que se basa nuestra soberanía, deben ser rechazados, porque esos capitales llevan en sí gérmenes de futuras dificultades y perturbaciones internas y externas”.
YPF supo ser una empresa insignia. Sirvió de ejemplo para la creación de otras empresas estatales en América Latina, se convirtió en herramienta integradora en todo el territorio nacional sirviendo no sólo a la producción de gas y petróleo sino también al desarrollo de pueblos y ciudades. Sus estándares, procedimientos y normas técnicas llegaban a cumplir con los niveles internacionales.
Más allá de sus vaivenes coyunturales, la declinación comienza durante la Dictadura Militar. En el marco del reemplazo del Modelo económico de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) por otro de valorización de la renta financiera, con la necesaria represión y persecución política con el resultado de 30.000 detenidos-desaparecidos más presos y exiliados, se fueron implementando medidas de achicamiento y coto a la presencia estatal en el mercado de hidrocarburos. Fue así que de un endeudamiento de U$S 372 millones en el inicio de este período se llegó a U$S 6.000 millones con el objetivo de mantener la tristemente célebre “tablita” de Martínez de Hoz que indicaba un valor de dólar a futuro determinado para que los inversores extranjeros pudieran obtener ganancias extraordinarias en la bicicleta financiera.
De esta manera, comenzaron a ganar espacio otras empresas privadas a las cuales se les entregaron 30 áreas de producción con petróleo ya descubierto por YPF. Éste tenía la obligación de comprarles el crudo a un valor cuatro veces mayor al costo. Entre las empresas beneficiarias estaban Pérez Companc, Bridas y Astra, que aumentaron ostensiblemente sus áreas de explotación. En definitiva, se acrecentaron las ganancias del capital privado en detrimento de la petrolera estatal.
Durante la década del noventa se profundizó el modelo implantado durante la Dictadura con la privatización de las empresas del Estado y la desregulación de distintos sectores de la economía. Se publicaron los decretos 1055/89, 1212/89 y 1589/89 que establecían la eliminación de la intervención estatal al eliminar la mesa de crudos (cuota de procesamiento en las refinerías) y la libertad de precios. Se inicia el proceso de concesión de áreas de interés secundario y la reconversión de contratos en concesiones de explotación con libre disponibilidad del crudo extraído. Se otorga la libertad de disponer el crudo y el 70% de las divisas obtenidas de la comercialización local o internacional del petróleo. Se suprime la restricción para importar o exportar petróleo crudo y sus derivados. En definitiva, se modificaba el concepto estratégico de la producción de hidrocarburos por uno basado en la concepción de “comoditty” con con consecuencias que fueron analizadas en este mismo espacio 1,2,3,4,5,6,7.
A partir de la convertibilidad, parecía que el Estado iba a volver a tener un papel importante en este sector estratégico. Mediante el Decreto 310/02 se establecieron derechos de exportación a los hidrocarburos como una manera de mantener el precio interno por debajo del precio internacional y compensar, de alguna forma, los efectos de la devaluación. Más tarde, se modificó la metodología pasando de una alícuota fija a una móvil de manera tal de congelar en dólares el precio del crudo en el mercado interno mediante las resoluciones 337/04, 532/04 y 394/07. A partir de ese momento, el precio del barril de crudo osciló entre U$S 42 y U$S 45. De esta manera, el Estado se apropiaba de una parte de la renta petrolera.
La creación de ENARSA despertó expectativas en su momento, inicialmente pensada como una nueva Empresa Estatal de Energía. Sin embargo, el crecimiento de esta empresa no pasó de una mera comercializadora internacional para la compra de Gas Natural Licuado y Fuel Oil, principalmente, con una nula incidencia en el mercado de hidrocarburos en el sector exploración y producción. Su papel más importante fue la construcción y puesta en funcionamiento de varias centrales térmicas para generación eléctrica permitiendo aumentar la potencia instalada total en el país.
En el año 2007 se aprobó en el Congreso la Ley de Incentivo a la Exploración y Explotación de Hidrocarburos Nro. 26.154 que establece la eximición del pago de derecho de importación de Bienes de Capital por un plazo de 10-15 años, en una medida que implica un coto a la fabricación nacional de esos bienes y beneficia a las empresas que ya estaban explotando. Además, se aprobó la Ley Corta de Hidrocarburos Nro. 26.197 que entregó a las provincias la facultad de ceder concesiones, en línea con la Constitución Nacional de 1994 que establece la propiedad de los recursos naturales para las provincias. Como consecuencia de ello, se renegociaron contratos en las principales provincias productoras con el caso Cerro Dragón como el ejemplo más paradigmático 8.
La llamada “argentinización” de YPF en el año 2008, con el ingreso del empresario Enrique Eskenazi, no hizo otra cosa más que profundizar el vaciamiento y la declinación de la empresa. El contrato de ingreso aseguraba a Repsol mantener las ganancias y la seguridad de enviar los dividendos repartidos al exterior alcanzando su distribución un promedio del 144% de las utilidades obtenidas 9. El fracaso de esta política se expresó claramente en el déficit de la balanza comercial exterior energética, alcanzando en el año 2011 a casi U$S 3.000 millones, repitiendo esa cifra al año siguiente 10,11.
A la luz de los desastrosos resultados y con la necesidad imperiosa de revertir la situación, el año pasado se produce una medida apoyada desde distintos sectores dado que configuraba una vuelta de página a lo que se venía dando desde la década del noventa: la expropiación del 51% de las acciones de YPF mediante la Ley Nro. 26.741. La aprobación de esta ley permitió generar un espacio de discusión frente a las políticas públicas de producción de hidrocarburos. En su art. 1 se declaraba de interés público nacional el logro del autoabastecimiento y la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. Más allá que lo deseable era la estatización completa de la empresa y su transformación en Sociedad del Estado con controles públicos, es indudable que se trató de un avance frente a lo implantado durante los noventa.
Sin embargo, la ley aprobada contenía algunos aspectos que dejaban la puerta abierta a ciertos aspectos dudosos en términos de soberanía energética. El art. 3 inc. c) estableció como principio de la política hidrocarburífera la integración de capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas. Sin definir claramente los lineamientos que debería tener ese tipo de asociación. Además, en su art. 17 la puerta abierta es claramente definida con la posibilidad de acudir a fuentes de financiamiento externas e internas y a la concertación de asociaciones estratégicas, joint ventures, uniones transitorias de empresas y todo tipo de acuerdos de asociación y colaboración empresaria con otras empresas, sean éstas públicas, privadas, nacionales o extranjeras. Sin tampoco establecer ningún tipo de limitación o condicionamiento al respecto.
En línea con la decisión de recuperar parte de YPF, se publica el Decreto 1277/12 de Reglamentación del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera que define un avance del Estado en materia de regulación en el mercado de hidrocarburos. Este decreto, violentamente atacado por el establishment 12,13,14, estableció la derogación de los artículos más importantes de los decretos desreguladores de 1989, en un avance muy importante del Estado Nacional en la materia desde la implantación de las políticas neoliberales en el sector. De esta manera, se dejaron sin efecto su principales medidas. Por otra parte, se establece un Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas que incluye la exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos para garantizar el autoabastecimiento y la creación de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones que quedaría a cargo de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. A partir de ese momento, las empresas quedaron obligadas a presentar un plan anual de inversiones antes del 30 de septiembre de cada año.

DECRETO 929/13 Y ACUERDO CON CHEVRON

El avance producido durante el año 2012 en materia regulatoria, se ve truncado por la aparición del Decreto 929/13 de Creación del Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y el acuerdo entre YPF y Chevron.
El día 15 de julio de 2013 aparece publicado en el Boletín Oficial el Decreto mencionado y al día siguiente se hace realiza el anuncio del Acuerdo entre la empresa nacional y la norteamericana. De esta manera, una herramienta oficial jurídica de nuestro país se transformó en una de las variables de negociación con una empresa extranjera.
Un primer análisis indica que no es “la vuelta a los noventa” pero implica un paso atrás frente a las interesantes medidas del año 2012.
El decreto establece las condiciones por las cuales las empresas que presenten un plan de inversión de al menos U$S 1.000 millones obtienen ciertos beneficios. Entre ellos se cuenta que podrán comercializar libremente en el mercado externo hasta el 20% de la producción total producido en el proyecto, a partir del quinto año, con una alícuota del 0% de derechos de exportación. Los beneficiarios tendrán la libre disponibilidad del 100% de las divisas que provengan de la exportación de esos hidrocarburos. Por otra parte, si la producción estuviera obligada a venderse en el mercado interno para sostener el autoabastecimiento, el beneficiario podrá vender ese 20% al precio internacional y obtener las divisas correspondientes en el Mercado Único y Libre de Cambios para poder ser giradas al exterior.
Asimismo, se establece la posibilidad de subdividir un área existente si el titular solicita una “Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos” y convertirla en una nueva concesión. Esta nueva concesión tendrá un plazo de 25 años al que se le podrá adicionar, en forma anticipada y simultánea con la nueva concesión, una extensión del plazo de 10 años. Es decir, que prácticamente se permite la renovación integral de la concesión ya existente por el plazo de 35 años desde el momento de entrega de la nueva concesión.
De esta manera, vuelven a aparecen conceptos que eran íntegramente asociados a la década del noventa como “beneficios”, “incentivos”, “libre disponibilidad”, etc., cediendo una parte del control que el Estado debería tener en un sector estratégico como el de los hidrocarburos.
Ya a comienzos de este año, esta línea de acción comenzaría a mostrarse con la pulbicación de las Resoluciones Nro. 1, 2 y 3 de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica estableciendo un precio de U$S 7,50 x MMBTU para la producción de gas nuevo, aumentándolo en forma considerable en comparación con los valores que se estaban manejando. Esta iniciativa contiene su lado interesante en el castigo a aquellas empresas que no consigan mantener la producción de gas, ya que deberán conseguir el faltante en el mercado internacional o tomar a su cargo el costo de la obtención del mismo.
Por otra parte, también a principios de este año, se publicaba la Resolución 1/13 del Ministerio de Economía que establece un precio del crudo en el mercado interno de U$S 70 por barril, cediendo parte de la renta que era apropiada por el Estado a través de los derechos de exportación.
El acuerdo con Chevron asume en forma completa los beneficios otorgados en el Decreto 929 y los resueltos a principios de año en materia de precios internos. De esta manera, las herramientas jurídico-legales de un país pasaron a formar parte de la estrategia de negociación con una empresa extranjera.
Uno de los argumentos esgrimidos para la firma del contrato es que el acuerdo aporta a la solución de los problemas de déficit energético en la balanza comercial. Sin embargo, no parece ser de esa manera.
Durante los primeros ocho meses de este año, el déficit energético aumentó a U$S 5.410 millones, producto de exportaciones, principalmente de crudo, por U$S 3.619 millones e importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), Gas de Bolivia, Fuel Oil y Gas Oil por un total de U$S 9.029 millones. En el año 2012 el déficit había sido de U$S 2.738 millones con importaciones que llegaron a U$S 9.266 millones 15,16. El superávit comercial en estos primeros ocho meses fue de U$S 6.292 millones, contra U$S 9.319 millones de los primeros ocho meses del año 2012. El déficit energético actual es, en términos absolutos, un 86% el valor del superávit, explicando casi en su totalidad la disminución de los valores de la balanza comercial. Un peso demasiado grande que el país tiene que soportar.
El consumo promedio de gas en nuestro país es de alrededor de 130 MMm3/d. El promedio diario de importación de gas en el mes de agosto de 2013 fue de 43 MMm3/d. El consumo de gas se mantuvo más o menos estable respecto al año pasado. El problema principal fue la caída en la producción de gas. Sin haber un aumento del consumo considerable, en el marco de un crecimiento económico acotado, se hizo necesario, sin embargo, un aumento considerable en las importaciones de este producto.
Nuestro país tiene una matriz de consumo energético evidentemente gasífera. Es el combustible más barato, al que estamos acostumbrados en nuestra cotidianeidad y es el más limpio. El costo de la conversión de nuestro consumo a líquidos es alto. La mitad de la energía primaria que consumimos es gas. El petróleo se lleva el 35% y la energía hidráulica un 5%. En comparación con el resto del mundo (23% de gas), el porcentaje es poco más del doble.
La generación de energía eléctrica se lleva el 35% del consumo total de gas en la Argentina. Mientras que el sector industrial y consumo propio obtiene un 35%. El consumo residencial, variable durante el año, se lleva el 21% del total. Un porcentaje menor es para el transporte, 6%, en la forma de Gas Natural Comprimido (GNC).
Al menos en los próximos diez años no es posible pensar en una reconfiguración de la matriz de consumo en forma considerable, aplicando criterios eficientes y racionales, tanto en términos técnicos como económicos. Esta cuestión deberá pensarse a largo plazo teniendo en cuenta la necesidad de no generar lazos dependientes de nueva tecnología y aprovechando las capacidades existentes y potenciales de nuestro país. En este aspecto, es deseable la profundización de políticas tendientes a la aplicación de métodos renovables de obtención de energía como la eólica, la solar, la geotérmica, etc. Y continuar con el acertado impulso al Plan Nuclear.
Sin embargo, tanto el decreto como el acuerdo no apuntan a solucionar esta cuestión, sino más bien a apuntalar la producción de petróleo como base para lograr saldos exportables.
Luego del camino allanado por la caída del embargo judicial a Chevron en la Argentina, YPF cierra el acuerdo. Éste implica la escisión de una parte de Loma La Lata – Sierra Barbosa en una superficie de 327 km2 siendo transformado en Loma La Lata Norte. Esta superficie se incorpora a Loma Campana totalizando un área de 395 km2.
Por otra parte, se prorroga el plazo de concesión de Loma Campana por 22 años a partir de su vencimiento, otorgando al total del proyecto un plazo de 35 años, con vencimiento el 11 de noviembre de 2048, permitido por el Decreto 929/13.
Uno de los argumentos que se utilizaron para la aprobación de este acuerdo en la legislatura de la provincia de Neuquén fue justamente la necesidad de contar con plazos amplios para que el proyecto pudiera ser rentable. La presentación preparada por el Gobierno de Neuquén asimismo lo declara: “... se hace necesario contar con un régimen de Concesión de explotación No Convencional, que para casos de proyectos de magnitud prevea un plazo de 35 años que permita el repago y la rentabilidad de tales inversiones”17.
Sin embargo, el detalle de la presentación realizada por YPF a la Provincia del Neuquén, sobre la cual se fundamentó la de la misma provincia, demuestra que no es tan así. Utilizando los valores de flujo de caja presentados y realizando con ellos el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) se pueda apreciar que el proyecto a 35 años entrega un valor del 24%. Pero al realizar las cuentas suponiendo que el proyecto, en las mismas condiciones de inversión, producción y decaimiento de pozos, tuviera un plazo de 20 años la TIR no se modifica demasiado llegando al 20,8%. El repago de la inversión se produce mucho antes.
El acuerdo menciona inversiones de U$S 1.146 millones para el primer año, aportados principalmente por Chevron a cambio de la cesión del 50% de la nueva concesión18,19. Luego, el aporte sería en partes iguales entre YPF y Chevron en la modalidad Joint Venture, que implica compartir riesgos, costos y beneficios. Es decir, YPF cede parte de lo que ya tiene para poder llevar adelante el proyecto. Este concepto de cesión es el que no se admite en órganos oficiales dado que se aduce que YPF tendrá el control de la operación. Sin embargo, es claro que un tipo de asociación como el mencionado sólo admite la puesta en común de criterios de ambas partes, sin control de uno sobre el otro.
El total de la inversión prevista es de U$S 16.506 millones durante 15 años. Pero la inversión genuina será diferente. De acuerdo al flujo de caja, los ingresos (ventas de lo producido) comenzarán a ser superiores a los egresos (costos) a partir del quinto año, habiendo alcanzado un flujo negativo el año anterior de casi U$S 4.000 millones. El flujo de caja positivo (ingresos menos egresos) sería de U$S 327 millones ese quinto año, justo cuando empieza a tener vigencia la libre disponibilidad del 20% de lo producido. Para ese año las ventas serán de aprox. U$S 2.600 millones. El 20% de ese monto será U$S 520 millones, lo necesario para poder girar lo que va generando el proyecto. Chevron a esa altura habrá puesto de su bolsillo la mitad de los U$S 4.000 millones, es decir U$S 2.000 millones y ya no tendrá necesidad de desembolsar un sólo dólar más. El mismo proyecto con sus ingresos (ventas), producto de la riqueza extraída y del trabajo argentino, financiará lo que resta hasta el año 15. Tal como sucede con los capitales extranjeros invertidos en la Argentina, Chevron capitalizará en favor propio parte de nuestra riqueza y nuestro trabajo y terminará el proyecto diciendo que “tiene invertidos en nuestro país cerca de U$S 8.000 millones” al que se deberá tributar. El acuerdo parece demasiado costoso para algo que no aportará solución a los problemas.
Se argumenta que Chevron viene a aportar tecnología. Pero parece más bien que vienen a aprender, a ocupar un lugar en los que ellos consideran es uno de los lugares con más alto potencial en recursos no convencionales en el mundo. YPF perforó 89 pozos totales (78 verticales y 11 horizontales) hasta el primer cuatrimestre de 2013. 71 de ellos están en producción con 6000 BPD de crudo y 3500 BPDe de gas, alcanzando promedios de producción máxima de 150 BPD en Vaca Muerta y 110 BPD en Quintuco. La empresa está en un camino de aprendizaje, el mismo que tendrá Chevron, que podría aportar algunos datos, para acortar esa curva, de formaciones parecidas en EEUU.
Decíamos que se apuntala la producción de petróleo como base para su exportación. En la presentación mencionada figura una producción máxima de 75.000 BPD de crudo, un poco más del 10% de la producción total de petróleo del país. La producción de gas es mínima, alrededor de 3,4 MMm3/d. Esto es justamente lo que le interesa a EEUU: promover la exportación de crudo en países “amigables” por fuera de la OPEP que garanticen de alguna manera una estabilidad de precios en el mercado internacional.
La provincia de Neuquén propuso sus propios incentivos. No aplicará la Renta Extraordinaria ni Canon Extraordinario de Producción, manteniendo las Regalías hidrocarburíferas al 12% (alguno contratos habían cerrado en 15%). La provincia garantizará que para los ingresos generados en el área de concesión en ningún caso la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos podrá ser superior al 3%. Y además, el impuesto de sellos sólo será aplicable sobre los U$S 1.240 millones iniciales y habrá exención de todo otro instrumento para la estructuración del proyecto.
No se debe soslayar la cuestión ambiental. Si bien la provincia de Neuquén es la única que cuenta con una legislación propia sobre manejo de agua, se deberán seguir todos los pasos de consulta, auditorías y control para asegurar el mínimo impacto al medio ambiente que esta actividad pueda ocasionar. Las herramientas tecnológicas están dadas para minimizar los riesgos de contaminación en los lugares de explotación. Pero sólo el Estado es el que debería controlar que esto fuera así.
Creemos que existen alternativas a esta inciativa. La asociación con actores extranjeros con objetivos diferentes a los del país, no conducirá a la ansiada soberanía energética. Pero sí se puede pensar en asociaciones con actores con los mismos objetivos regionales, tales como otras empresas estatales latinoamericanas. Establecer políticas que signifiquen un avance en la recuperación de la renta y el control de la producción y comercialización es fundamental para marcar el camino de autosuficiencia, por medio de modificaciones en la legislación e incluso reforma constitucional (propiedad de los recursos naturales para la Nación) y el establecimiento de herramientas como la Locación de Servicios, tal como proponía el recordado Silenzi de Stagni.

    1. Gustavo Calleja, Argentina: Lecciones y Análisis de las experiencias desreguladoras y privatizadoras en el sector hidrocarburífero, Industrializar Argentina Nro.1, Abril 2003.
    2. Eduardo López, Los hidrocarburos y la política energética: al servicio de un modelo de rapiña, atraso y dependencia, Industrializar Argentina Nro. 4, Septiembre 2005.
    3. Mario Cafiero, La irracional exportación de gas a Chile, Industrializar Argentina Nro. 5, Septiembre 2006.
    4. Diego Mansilla, Hidrocarburos y política energética, Industrializar Argentina Nro. 6, Julio 2007.
    5. Revista Industrializar Argentina Nro. 7 Edición Especial Centenario del Petróleo Argentino, Diciembre 2007.
    6. Eduardo López, La crisis energética es expresión del atraso y dependencia, Industrializar Argentina Nro. 8, Octubre 2008.
    7. Ricardo Ortiz y Pablo Pérez, Ambiciones privadas y connivencia estatal: dos décadas de explotación de los recursos naturales en la Argentina, Industrializar Argentina Nro. 14, Mayo 2011.
    8. Martín Scalabrini Ortiz, Cerro Dragón: la continuidad de la entrega petrolífera, Industrializar Argentina Nro. 7, Diciembre 2007.
    9. Mariano Barrera, Subexploración y sobreexplotación: la lógica de acumulación del sector hidrocarburífero en Argentina, Apuntes para el Cambio Nro. 2, Marzo/Abril 2012.
    10. INDEC, Información de Prensa – Intercambio Comercial Argentino, Enero 2012 (http://www.indec.gob.ar/nuevaweb/cuadros/19/ica_01_12.pdf).
    11. INDEC, Información de Prensa – Intercambio Comercial Argentino, Enero 2013 (http://www.indec.gob.ar/nuevaweb/cuadros/19/ica_01_13.pdf).
    12. Diego Cabot, Intervienen el sector petrolero: fijarán precios e inversiones, La Nación, 28 Julio 1012.
    13. Editorial, Golpe mortal al desarrollo petrolero, La Nación, 1 Agosto 2012.
    14. Ricardo Gil Lavedra, Un decreto inconstitucional, La Nación, 8 Agosto 2012.
    15. INDEC, Información de Prensa – Intercambio Comercial Argentino, Enero 2013 (http://www.indec.gob.ar/nuevaweb/cuadros/19/ica_01_13.pdf).
    16. INDEC, Información de Prensa – Intercambio Comercial Argentino, Septiembre 2013 (http://www.indec.gob.ar/nuevaweb/cuadros/19/ica_09_13.pdf).
    17. Gobierno de la Provincia del Neuquén, Presentación PowerPoint ACTA ACUERDO YPF S.A. - Pcia. Neuquén LOMA CAMPANA, 29 de julio de 2013.
    18. Fernando Krakowiak, Cartas sobre la mesa para refutar críticas, Página/12, 30 Agosto 2013.
    19. Acuerdo con Chevron en gateras, Página/12, 4 Julio 2013.