Nacionalización de YPF

El proyecto de ley enviado al Congreso Nacional para expropiar el 51% de YPF es motivo de celebración para quienes venimos luchando por la recuperación de nuestro petróleo. Hubiera sido deseable que el Estado se haga cargo del 100% de la empresa con control público. Sin embargo, marca una vuelta de página y el reconocimiento del fracaso del modelo neoliberal energético heredado de la década del 90 y continuado en los últimos años. Marca un punto de partida para comenzar a debatir el futuro del desarrollo energético en nuestro país. Hace poco tiempo atrás, era impensable este nivel de discusión frente a un tema que hace al desarrollo estratégico de nuestro país.

Los argumentos para llevar adelante esta medida son incuestionables. Repsol se ha dedicado a aplicar políticas extractivistas de corto plazo y hemos perdido el autoabastecimiento, teniendo que importar combustibles por U$S 9.397 millones en el último año. La distribución de dividendos fue del 144% de las ganancias de 2008 a 2010. Es decir, un verdadero vaciamiento.

Un punto destacable del proyecto es que el Art. 1 declara de interés público nacional el autoabastecimiento de combustibles y la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, en contraposición con el concepto de “commodity” aplicado en el comienzo de las politicas desregulatorias y la conformación del Consejo Federal de Hidrocarburos con representación de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, es interesante la participación de los trabajadores en el directorio, aunque debería ser elegido con un sistema abierto y no sólo entre los sindicalizados.

Entre los puntos cuestionables es que se mantiene la operación como sociedad anónima sin los controles públicos a las que son sometidas las Empresas del Estado, sin participación legislativa ni ciudadana.

Sería interesante agregar al proyecto de ley que YPF compre y comercialice la totalidad de la producción de petróleo y gas en el marco del espíritu del Art.1 del proyecto, derogando los decretos de desregulación del mercado y libre disponibilidad del crudo (1055, 1212 y 1589 de 1989). De esa manera, se estaría avanzando en la necesaria regulación por parte del Estado del mercado de hidrocarburos.

El valor de la empresa es su patrimonio neto. El valor de los activos totales es, según el Balance General consolidado al 31 de diciembre de 2011, de U$S 12590 millones. Los pasivos totales son de U$S 8330 millones. Por lo tanto, el patrimonio neto de la empresa es U$S 4260 millones. El 51% de ese valor es U$S 2170 millones. A esto hay que restarle pasivos ambientales y posibles incumplimientos en metas de exploración. En este último aspecto, la empresa debería haber perforado, al menos, un promedio de 50 pozos anuales (la mitad de lo que perforaba la YPF estatal antes de su privatización) durante los últimos 13 años. Sin embargo, el promedio fue de sólo 10. A un costo por pozo de U$S 3 millones, la empresa dejó de invertir alrededor de U$S 1560 millones.

La medida propuesta por el Gobierno Nacional es un paso correcto en el objetivo de conseguir autodeterminación en la producción de energía. A partir de aquí se debería abrir el debate con la participación de la mayor cantidad de actores interesados para delinear una política soberana en materia petrolera.

Martín Scalabrini Ortiz

Recuperación de la soberanía energética

En estos días ha tomado gran importancia la cuestión energética en nuestro país, con la privatizada YPF en el centro de atención. La caída de las concesiones ordenada por los gobiernos provinciales y los rumores de nacionalización de YPF, pedido desde distintos sectores, marca claramente el fracaso de las políticas neoliberales aplicadas en el sector de los hidrocarburos.
Luego de la desregulación y la llamada Reforma del Estado en el comienzo de la presidencia de Carlos Menem, las políticas de entrega del patrimonio nacional continúan posteriormente en 1992 con la sanción de la ley 24145 de privatización de la empresa estatal YPF, llegando en 1999 a su entrega total en manos de la española Repsol.
Durante la post-convertibilidad se aprueban en el Congreso Nacional la ley “Corta” de hidrocarburos, generando el marco legal para la provincialización de los recursos petroleros y permitiendo a las provincias la potestad de concesionar los yacimientos, y la ley de Incentivo a la Exploración, con beneficios a las empresas ganadoras de la década anterior.
En el año 2007 se llevó adelante la llamada “argentinización” de YPF que consistió en la compra por parte del Grupo Ezkenazi del 15% del paquete accionario, sumando luego otro 10%, llegando a un total del 25% de participación.
Los resultados son evidentes, con caída de producción, de reservas y la pérdida del autoabastecimiento, llegando a importar combustibles el año pasado por un monto total de U$S 9.400 millones. Esto implica un déficit comercial energético de casi U$S 3.000 millones.
Repsol se ha dedicado, durante todos estos años, a aplicar una política extractiva de corto plazo y sin reposición de reservas, maximizando su ganancia y distribuyendo cuantiosas utilidades. Mientras que en el período 1999-2007 la magnitud fue del 75% del total de las ganancias, entre el período 2008-2010 se distribuyó el 144%. Estas ganancias en su mayor parte se remitieron a la casa matriz siendo utilizadas para inversión en otras partes del mundo.
La quita de áreas de exploración por parte de los gobiernos provinciales, por falta de inversión y caída de producción, es una demostración de los posibles caminos que podrían seguirse para recuperar la soberanía energética perdida durante la década del 90 con las privatizaciones. Con la simple aplicación de la ley, el Estado tiene la facultad de recuperar esas áreas y definir qué hacer con ellas.
Por otra parte, se está hablando de una posible expropiación de una parte mayoritaria del paquete accionario de YPF por parte del Estado Nacional, que pasaría a controlar la empresa de capitales mixtos.
Sin embargo, para no quedar a mitad de camino y mantener un sistema híbrido en donde el Estado sea quien cargue con los mayores costos y los privados sigan con la fiesta extractiva, se debería comenzar a desactivar la parafernalia jurídica implantada durante el menemato, comenzando con la derogación de los decretos 1055, 1212 y 1589 firmados por Carlos Menem en 1989, aún vigentes, y que permitieron eliminar la intervención del Estado en el sector de producción de hidrocarburos, estableciendo la libertad de precios y otorgando la libre disponibilidad del crudo extraído. También permitieron suprimir la restricción para importar o exportar petróleo crudo y sus derivados.
Por otra parte, se debería avanzar en el proceso de revisión de los contratos de concesión para revertir al Estado aquellos con incumplimientos o que se hayan concesionado en forma ilegal.
El proceso de nacionalización de YPF debería contemplar la apropiación por parte del Estado Nacional del 100% de la empresa, contemplando la participación de las provincias y el control público. Para ello, debería aplicarse el espíritu del Art. 40 de la Constitución de 1949 que declaraba que el valor de expropiación debería ser el valor económico de explotación y no el bursátil, teniendo en cuenta las utilidades distribuidas y las inversiones no realizadas. Este valor estaría muy por debajo de los U$S 14.000 millones que, en teoría, valen las acciones de la empresa.
Repsol se ha dedicado, durante todos estos años, a aplicar una política extractiva.
La renacionalización del sector debería ser direccionada a modificar el paradigma energético vigente hasta ahora, dando un valor de “commodity” a lo que debería ser un bien estratégico de desarrollo nacional, en consonancia al resto de los países de América Latina que están aplicando politicas soberanas en materia de producción de hidrocarburos.
Además, sería imperioso encarar una política de largo plazo que permita la diversificación de la matriz energética para eliminar su fuerte dependencia de los hidrocarburos. La captura de la renta petrolera, permitiría, no sólo invertir en viviendas, educación y salud, sino también en el desarrollo de energías renovables como la eólica, hidráulica, solar y nuclear. Este desarrollo permitirá consolidar una masa crítica y un avance científico que permitirá bajar los costos de estas tecnologías, con la consecuente disminución de la dependencia externa en tecnología y divisas.
La nacionalización de los hidrocarburos con participación 100% estatal permitirá utilizar parte de la renta a la diversificación, pero también generaría el campo fértil para reinvertir las utilidades en la exploración de nuevos yacimientos.


Martín Scalabrini Ortiz

Malvinas, una causa nacional y continental a 30 años

Hoy, 2 de abril se cumplen 30 años del desembarco argentino en nuestras Islas Malvinas. Como todos los años, el recuerdo despierta todo tipo de análisis político sobre el significado de esa fecha.

Lo primero que hay que remarcar es que las Islas forman parte integral de nuestro territorio, por historia, por legalidad y por coherencia. Malvinas es una causa nacional. Forma parte de la identidad de los argentinos desde hace muchos años, incluso antes de la recuperación momentánea en el año 1982. En contraposición a la minimización del tema que pretenden imponerle un grupo de intelectuales como Beatriz Sarlo, la importancia geopolítica de este territorio es relevante.

Un estudio pormenorizado del ex diputado nacional Mario Cafiero sobre la extensión marítima alrededor de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur indica que los ingleses han ampliado la autoproclamada Zona Económica Exclusiva a 200 millas y hasta 350 millas su plataforma continental, una superficie que abarca 3.500.000 km². El territorio continental argentino tiene una superficie de 2.780.400 km². Inglaterra tiene, además, un reclamo sobre el sector antártico argentino de aprox. 3.000.000 km². En materia de riqueza petrolera, el potencial es gigantesco. Las últimas informaciones hablan de 12.850 millones de barriles en reservas probables. Suponiendo que de esa cantidad, el 50% resultara efectivamente probada para su extracción, se estaría llegando a la cifra de 6.500 millones de barriles, lo que significa un 320% más que las reservas de nuestro país ^[1].

Varias empresas son las que están involucradas en el negocio petrolero de la zona de Malvinas: Falkland Oil Gas, Argos, Rockhopper, Desire y Borders and Southern. Estas a su vez, contienen participación accionaria de empresas con intereses en nuestro país, entre ellas bancos, financieras, empresas mineras, etc. Existe una ley, la 26.659, con estado de aprobación que propone sanciones a aquellas empresas que operan en el país y que poseen intereses en Malvinas. Incluso el Gobierno Nacional ha anunciado que se iniciarían acciones legales contra empresas petroleras que operan en Malvinas.

En este nuevo aniversario, se impone el recuerdo de quienes lucharon y dieron su vida para defender nuestro territorio. Esto no significa reivindicar a quienes, con esta acción, pasaron a ser vivados momentáneamente en los balcones de la Casa de Gobierno, dejando de lado su responsabilidad en los crímenes cometidos para implantar a sangre y fuego el comienzo de la desindustrialización y destrucción del Estado de Bienestar mediante la implantación del modelo neoliberal aún vigente, tal como lo describe el recordado Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar. Incluso no significa reivindicar a aquellos implicados en castigos y torturas en el mismo campo de batalla. Sino más bien, destacar a los soldados y oficiales que con su arrojo y valentía quedaron en las páginas de nuestra historia como héroes nacionales.

De los 649 compatriotas caídos, la realidad indica que el 10% eran oficiales y el 40% suboficiales. En el Ejército, donde se cuenta con datos más precisos, murieron un oficial cada 48 oficiales movilizados, un suboficial cada 57, mientras que los soldados murieron en una proporción de uno cada 52. Es decir, que los oficiales murieron combatiendo junto a los soldados en una proporción similar, a pesar de la incredulidad que puedan generar estos datos  ^[2]. Sobre todo en uno de los grupos que más resistieron el avance inglés, el BIM 5.

Para los veteranos de guerra que participaron de los combates, la vuelta a casa significó la indiferencia, el desamparo y la desilusión. Las secuelas físicas y psicológicas se contaron por miles. La cantidad de muertos por suicidio supera la cantidad de muertos en combate terrestre. Esto es algo que nuestra sociedad nunca pretendió hacerse cargo, a pesar de que quienes lucharon en suelo malvinense lo hicieron para defender el territorio nacional. Las políticas de los sucesivos gobiernos desde 1983 incentivaron esta situación. Es conocida la política de desmalvinización de Raúl Alfonsín durante su presidencia. Parecía que a los veteranos de guerra había que esconderlos debajo de la alfombra. Era parte de la vergüenza seguramente concebida por la concepción y la valoración de quienes llevaron adelante la guerra, en su mayoría relacionados con el genocidio llevado adelante durante la Dictadura Militar. Durante la década del 90, junto con la enajenación del patrimonio nacional en manos de empresas extranjeras, la política sobre Malvinas no pasó más allá del intento de envío de los ositos de peluche por parte del ex canciller Guido Di Tella para ganarse la simpatía de los “kelpers”. En 1990, los presidentes Menem y Cavallo, firmaron el Acuerdo de Madrid, aún vigente, que acepta el dominio de Inglaterra en el mar aledaño a las islas y se le otorga el derecho de controlar y supervisar la política de defensa de la Argentina en el Atlántico Sur.

En la actualidad la reivindicación de los derechos sobre Malvinas es, no sólo nacional, sino continental. Los presidentes de los países de Sudamérica, desde distintas ideologías, se han expresado a favor de nuestros derechos y de una salida negociada. Malvinas es una causa del Continente.

Es una muy buena ocasión para decir la palabra PATRIA con orgullo y aspirar a su construcción en forma justa, libre y realmente soberana.

Martín Scalabrini Ortiz

Fuentes:

1. http://www.cronista.com/contenidos/2012/03/15/noticia_0051.html

2. Batallas de Malvinas, Pablo Camogli, Ed. Aguilar, 2007

Definiciones en política petrolera

El domingo 4 de marzo pasado se publicó en el diario Página/12 una entrevista titulada “Nacionalismo mal entendido” realizada a Víctor Bronstein, director del Ceepys. Allí este analista caracteriza como “nacionalismo de opereta” a la Campaña por la Nacionalización del Petróleo y el Gas que, con la consigna “Luche y Vuelve. Por una Petrolera 100% Pública 100% Argentina”, promueven diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales.

El eje argumental que esgrime este analista, consultor de empresas privadas para cuestiones energéticas, adolece de un gran desconocimiento de los procesos históricos y de la correlación de fuerzas que atraviesa a los pueblos latinoamericanos. Desde la época de la Conquista nuestra América ha estado subordinada a las necesidades voraces de las potencias centrales. La Historia muestra que existieron momentos épicos signados por políticas económicas soberanas y momentos de opresión marcados por la derrota popular concretada en forma sangrienta durante la última dictadura militar, y perpetuados con las políticas neoliberales de la década del 90, cuyas consecuencias aún siguen vigentes.

Es por ello que ha quedado demostrado que el establecimiento de un marco regulatorio legal no alcanza para contrarrestar el poder económico que representan los capitales transnacionales. Bajo la comprensión de estos conceptos y en el marco de la discusión de la dirección de la política energética que deberíamos llevar adelante, se propone no quedarnos en el tibio debate sobre el endurecimiento de las medidas disciplinarias al capital o la quita de las concesiones de YPF a Repsol para entregarlas a otro privado por parte de las provincias. Está claro que en este caso Repsol no ha garantizado una política sostenida de inversiones que contemplen el autoabastecimiento energético y la producción a largo plazo, sino más bien ha propiciado políticas extractivas tendientes a la maximización de la ganancia, envío de capitales hacia su casa matriz para re direccionarlos a otras partes del mundo, con las lógicas consecuencias de baja de la producción y de las reservas.

Para Bronstein la discusión se resuelve garantizando la “seguridad energética”, al que considera como el “concepto nacionalista que debería guiarnos en esta nueva etapa”. Sin embargo, se puede afirmar este postulado “nacionalista” responde más bien al nacionalismo de los países centrales y a su necesidad de apoderarse de los recursos estratégicos para su propio desarrollo. Este concepto es tomado directamente de los informes elaborados por la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, fruto de la colonización pedagógica que aún en estos días rige el pensamiento de muchos especialistas. El hecho de haber seguido los lineamientos de los países centrales no ha hecho más que hundirnos en la miseria, no sólo económica sino también cultural.

Por otra parte, llega a afirmar que el autoabastecimiento energético se produjo a partir de la privatización de YPF en la década del 90. De esta manera deja de lado el crecimiento de YPF desde su creación en 1922 bajo el influjo del Gral. Enrique Mosconi hasta llegar en 1985 al autoabastecimiento bajo administración estatal.

La Campaña por la Nacionalización del Petróleo y el Gas que pone foco en recuperar la Empresa estatal, no responde a un “nacionalismo de opereta” sino que pone en debate la dirección estratégica en términos de política energética, proponiendo: - Recuperar una de las herramientas fundamentales para nuestro desarrollo autónomo. – El control, implementación y regulación del mercado de la energía, fomentando la industrialización y la soberanía económica. – El financiamiento de obras públicas de envergadura. – La distribución federal de las ganancias de forma equitativa para las provincias de menores recursos. – La integración con los países de América Latina.

No proponemos un regreso en el tiempo, sino aprender de esas experiencias para superarlas. La empresa estatal debe cumplir un rol no sólo económico y político, sino moral y transparente. En este sentido, nuestra propuesta se dirige a conforma una nueva categoría de empresa pública en donde los actores principales sean el Estado, sus trabajadores y la ciudadanía.

Martín Scalabrini Ortiz

Los Ferrocarriles deben ser del Pueblo Argentino

A raíz de la lamentable y triste desgracia que vivimos los argentinos en el día de ayer miércoles 22 de febrero, han aparecido muchas voces en los medios de comunicación y en las redes sociales, no sólo opinando sobre el hecho en sí mismo sino en el sistema de explotación de los ferrocarriles argentinos. En una de las publicaciones que realicé en Facebook recibí un interesante comentario sobre la Nacionalización de los Ferrocarriles en 1948 que disparó una respuesta que transcribo a continuación y que me pareció interesante compartir en este espacio.

El 1 de marzo de 1948 se produjo en nuestro país el "tamblor de una convicción", como decía don Raúl Scalabrini Ortiz, la nacionalización de los ferrocarriles dejando de estar al servicio del Imperio Británico para estar al servicio de la Nación y del Pueblo. Dejaron de ser una herramienta de dominación para ser una herramienta de progreso nacional. Se trató de compra de Soberanía y no de hierros viejos. Por la simple y sencilla razón que la concepción de su operación y funcionamiento pasó a ser diferente.
En la Dictadura Militar comenzó a imponerse a sangre y fuego un modelo neoliberal en contra de los intereses populares, terminando por llevarse adelante en su máxima expresión durante el menemato. Este Estado neoliberal-conservador sigue vigente y hay que comenzar a transformarlo desde sus bases más íntimas.
Los ferrocarriles deben volver al Estado. Deben volver a ser del Pueblo Argentino. Hay que eliminar el lucro privado en el servicio público, sea nacional o extranjero, para ponerlos al servicio de la Nación. No sólo hay que hacer saltar un fusible, sino que hay que cambiar las estructuras más profundas.
"Los Ferrocarriles deben ser del Pueblo Argentino" (1946 - Raúl Scalabrini Ortiz) sigue más vigente que nunca... 

Los ferrocarriles ingleses eran "ferrocarriles coloniales destinados a mantenernos en la rutina sin salida del primitivismo agrario" como bien decía don Raúl Scalabrini. Por lo tanto el hecho en sí de la nacionalización hay que analizarlo en el contexto histórico en que se llevó a cabo. La nacionalización se llevó adelante en el marco de un verdadero proyecto de Nación. Por lo tanto, pasaron a constituir un sistema de transporte integrado dentro de ese proyecto de desarrollo y crecimiento nacional, articulador de los espacios económicos y sociales en todo el territorio nacional. La visión estratégica de aquella época permitió ver que si los ferrocarriles continuaban en manos de los ingleses, iban a ser un escollo en la realización de ese Proyecto.
En lugar de ser un elemento de dominación, que controlaba las actividades de las distintas regiones mediante el manejo de las tarifas, pasaron a ser un elemento solidario, comunicador, de conexión.
Se crearon las Escuelas Fábricas a través de la Comisión Nacional de Orientación Profesional, habiendo una en cada taller. Se egresaba como técnico ferroviario.
Desde luego, fue un camino con inconvenientes. No fue justamente el lugar donde florecieron la burocracia sindical. Sino más bien, en esa época era lo contrario. Recordemos las huelgas ferroviarias durante el Gobierno de Perón y a Evita tratando de convencer a los huelguistas que no continúen con la medida. Recordemos también las luchas ferroviarias durante la presidencia de Frondizi haciendo frente al Plan Larkin. Fueron semanas y semanas. La burocracia vino después y no en todas las líneas. En 1991 la huelga ferroviaria contra las privatizaciones duró 45 días. En un período en que los trabajadores perdieron mucho, luchando contra un gobierno que venía a desguazar al Estado y contra el sindicalismo burocrático que ahí sí ya estaba enquistado (Pedraza y otros), que luego pasarían a ser empresarios ferroviarios.
Hay un artículo publicado en la Revista Qué Nro 104, Octubre 1956, de don Raúl que comienza:
"Quien maneja los transportes, la producción de energía y los medios de cambio -internos y externos- puede manejar íntegra y cómodamente una nación, porque todos los demás órdenes de la actividad deberán acondicionarse a estos tres factores esenciales de la vida colectiva contemporánea. Esta es, a grandes rasgos, la persepectiva del problema nacional que no deben jamás perder de vista los responsables de la orientación gubernamental argentina."
Y a mediados del artículo reproduce una parte de un escrito de Guillermo Walter Klein, el padre del funcionario que trabajó con José Alfredo Martínez de Hoz durante la Dictadura (evidentemente esta gente es muy consecuente): "La contribución del Estado para cubrir el déficit -de los ferrocarriles en nuestro caso- puede darse a una empresa privada en forma de subvención. Y esto será, por mucho, preferible a la prestación del servicio por el Estado, aunque se preste al fácil ataque demagógico".
Imagino que Guillermo Walter Klein, si viviera, estaría muy conforme con el actual sistema de subsidios a las empresas privadas de transporte.
Ah! El artículo de Klein había sido publicado en "La Nación" el 15 de septiembre de 1956.

Martín Scalabrini Ortiz

Plan Nuclear y energías alternativas

En este espacio ya se han destacado los logros y el importante desarrollo nuclear que ha tenido nuestro país desde que fue creada la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) hace 61 años. Tanto para generación de energía como para el desarrollo de actividades relacionadas con la medicina y otras áreas.

La actividad nuclear es uno de los enclaves tecnológicos más importantes de nuestro país. Ha sabido desarrollar tecnología propia a través de profesionales y técnicos altamente capacitados. A través del Insituto Balseiro, se dedica a la formación de profesionales de grado de alta calificación en las áreas de la Física, Ingeniería Nuclear e Ingeniería Mecánica y maestrías y doctorados en las mismas áreas. Sus profesionales son tentados desde la actividad privada para realizar cualquier tipo de trabajos. Desde cálculos estadísticos complejos para consultoras internacionales hasta diseño de ingenierías variadas en empresas locales. Es un alimento de conocimiento que trasciende el ámbito de las Instituciones oficiales. Alrededor de la actividad nuclear giran diversos tipos de desarrollos tecnológicos, uno de los cuales vio la luz en el reciente lanzamiento del satélite Aquarius/SAC-D, cuyos paneles solares fueron íntegramente realizados en el Departamento de Energía Solar que dirige el Dr. Julio Durán. La CNEA se destaca también por el desarrollo de investigación básica y aplicada en temas que van desde la Química de Reactores, Radiobiología, Medio Ambiente, Física, Robótica hasta Reactores de Investigación.

El desarrollo tecnológico en reactores ha alcanzado niveles internacionales llegando a competir con los países más avanzados del mundo. Es el caso de INVAP y sus reactores vendidos al exterior. El último de ellos, el OPAL, fue entregado a Australia en el año 2006 luego de una compulsa compitiendo con países como Alemania, Canadá y Francia. El reactor de 20 MW de agua liviana en pileta abierta es multipropósito, pero se utilizará mayormente en la producción de radioisótopos e investigación científica. Representa la mayor exportación de tecnología "llave en mano" en la historia argentina.

Es decir, el enclave tecnológico nuclear no sólo genera energía eléctrica para nuestro país sino que arrastra un sinfín de actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología.
Asumir una posición contraria al desarrollo nuclear argentino es un error estratégico bajo la lógica de un verdadero desarrollo autónomo e independiente. Asumir el cierre de las Centrales Nucleares tiene el mismo peso específico que "entregar nuestra bandera", como bien decía el General de la Nación Enrique Mosconi al referirse a la entrega de nuestro petróleo.

Don Arturo Jauretche recomendaba mirar la realidad sin anteojeras "ideológicas" y a imaginar la Argentina sin moldes preestablecidos. Porque la realidad de un país atrasado y dependiente no se puede analizar bajo los modelos de los países desarrollados. Ya en la década de 1930, Raúl Scalabrini Ortiz advertía sobre los peligros de dejarse llevar por estas concepciones. En su época, los grupos que buscaban modificar el status quo o que, de alguna manera, representaban valores progresistas o de izquierda, practicaban un anti-imperialismo abstracto que apuntaba principalmente a Estados Unidos. Sin embargo, la realidad indicaba que, practicando un anti-imperialismo concreto, se llegaba a la conclusión de que era Inglaterra la que dirijía el destino de nuestra Nación. De acuerdo al prisma que se utilice, las conclusiones pueden ser diferentes.

Es el caso de la incongruencia de comparar nuestras centrales nucleares con la de Fukushima a la luz de la catástrofe natural que sacudió Japón hace unos meses atrás. Y argumentar, de esa manera, que es necesario detener el desarrollo nuclear nacional.
La primera gran diferencia es la lógica de operación del sistema nuclear japonés que es totalmente privado, cuando en la Argentina es operado por el Estado. Esta diferencia es crucial a la hora de analizar las fallas de seguridad que presentó la central japonesa, ya que las principales falencias se debieron a la presión por bajar los costos de las instalaciones. Tal como es de esperar en un emprendimiento totalmente privado. La primera subestimación fue la magnitud del evento extremo a la hora de analizar los posibles riesgos y sus probabilidades. Un estudio que no sólo se realiza en la industria nuclear, sino en cualquier industria con riesgos asociados. La magnitud del tsumani estaba por encima de los valores de diseño que los reactores debían soportar. Nuestros reactores no se encuentran en una zona sísmica y por lo tanto la probabilidad de ocurrencia de terremotos es remotísima. La otra diferencia importante es la elevación de la planta sobre el nivel del mar. Mientras que en Fukushima la planta y las bombas de agua que debieron mantener el enfriamiento del núcleo, estaban ubicadas en la orilla, nuestros reactores están ubicados, uno sobre una barranca de 25 mts de altura y la otra en el lago de Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba, donde es imposible la formación de una ola destructiva como el tsunami japonés.
Las ubicaciones no son casuales y fueron tenidas en cuenta a la hora de la evaluación de riesgos asociada con la instalación de las plantas.

Las tecnologías también son diferentes. Mientras que Fukushima son de uranio enriquecido y agua liviana, las nuestras son de uranio natural y agua pesada. El edificio de contención de la Central Atucha I puede resistir el impacto de un avión en picada. La forma semiesférica del edificio da cuenta de este diseño. En Fukushima, el edificio era un edificio simple sin la contención adecuada. Este detalle puede verse en cualquier foto de la Central afectada.



Aún así, los informes de seguridad posteriores dan cuenta de que la central no sufrió daño signficativo y se detuvo en forma segura. El terremoto destruyó el sistema eléctrico de toda la zona lo que anuló el sistema de refrigeración de la planta detenida. Con la falla de este sistema, se puso en marcha automáticamente el sistema de alimentación de emergencia en forma adecuada. En ese momento, una ola de 14 mts de altura inunda toda la zona anulando los sistemas de emergencia que estaban a nivel del mar. El desastre se apodera de toda la costa japonesa matando 30.000 personas. De esta manera, parte del combustible de los reactores se fundió y, como la contención fue insuficiente (por el diseño del edificio), se liberó gran cantidad de material radioactivo al medio ambiente. Sin embargo, luego de esta sucesión de eventos, hasta donde se sabe, nadie ha recibido hasta ahora una dosis letal de radiación. Es decir, no hubo víctimas fatales.

Los accidentes anteriores más graves en la historia de la energía nuclear se produjeron en Estados Unidos y en Rusia. El primero se trató de una central cerca de la ciudad de Harrisburg, Pennsylvania, en Three Mile Island, en un reactor de agua presurizada con una potencia de 906 MW. El accidente se produjo por una combinación de fallas mecánicas y errores del operador. De acuerdo a los informes, hubo una fusión parcial del núcleo del reactor, pero sin daño en el recipiente de presión ni en la contención. No hubo escapes radiactivos. Sin embargo, la prensa negativa que generó este caso produjo la detención de los planes nucleares estadounidenses.

Chernobyl en Rusia, fue el accidente que causó la mayor liberación incontrolada de sustancias radiactivas al medio ambiente. Se realizaron gran cantidad de informes y se publicaron cuantiosos artículos en diversas revistas especializadas y no especializadas. Finalmente, la ONU sacó un informe con las conclusiones sobre los efectos de la radiación provocada por el accidente de Chernobyl. En el escrito se indica que murieron 30 socorristas, de los cuales 28 con síndrome de radiación aguda. Un centenar de socorristas resultaron heridos. Se han detectado más de 6000 cánceres no-mortales de tiroides, causados por la ausencia de contramedidas simples, como por ej. evitar que la población consumiera leche contaminada. Finalmente, no se verificó ningún otro aumento, ni en la incidencia, ni en la morbilidad (proporción de personas que se enferman en un sitio y en un tiempo determinado), ni en la mortalidad  u otros efectos en la salud pública que pudieran ser atribuibles al accidente de la planta nuclear. La consecuencia más grave fue la incidencia que tuvo el accidente en el colapso económico de la región dejando una tragedia social de miseria y desventura.

La aversión por la energía nuclear está más basada en la imagen negativa generada por el uso militar de la misma, con la destrucción de Hiroshima y Nagasaki como fin de la Segunda Guerra Mundial y las devastadoras consecuencias, y la excepcional exposición que sufre cada vez que se produce un incidente, alimentado por historias apocalípticas en películas y series, que por la realidad de los hechos concretos y datos estadísticos.

Es necesario un análisis completo del panorama energético nacional que contemple la recuperación de nuestros recursos, el desarrollo del país y la búsqueda de energías alternativas a la de los combustibles fósiles. Este último la energía más contaminante que tiene actualmente el ser humano para obtener energía.

El reemplazo de la energía nuclear actualmente no sería reemplazado ni por la leña, ni por agua, ni por viento, ni por sol, sino por combustibles fósiles. Siendo éstos mucho peores para la salud de la gente y del medio ambiente que la energía nuclear. Tanto sea por cambio climático, como por impacto de la minería, contaminación del medio ambiente, impacto de accidentes y muertes laborales. Es más inseguro subirse a un auto en las rutas argentinas que trabajar en una Central Nuclear.



El ambientalismo liso y llano puede ser un freno al desarrollo nacional. Es más, si algunas no lo son ahora, bien podrían ser utilizadas por las potencias centrales para detener cualquier intento de desarrollo industrial en los países más atrasados. Cuentan con una gran aceptación mediática y pública y serían un instrumento más que “lavado” para ese tipo de objetivos.

Martín Scalabrini Ortiz

Perfil del Intercambio comercial

El 21 de octubre, el Ministerio de Economía publicó su informe mensual del Intercambio Comercial Argentino con cifras hasta septiembre de 2011. Uno de los leimotiv del Gobierno Nacional respecto del actual "modelo de desarrollo con inclusión social" es su perfil reindustrializador. Prueba de ello estaría dado por un creciente proceso de sustitución de importaciones que estaría reemplazando productos importados extranjeros de alto valor agregado por aquellos de producción nacional. Uno de los índices que probarían el desarrollo de este proceso sería la participación de las manufacturas de origen industrial (MOI), que estaría llegando al 33% del total exportado, según el informe mencionado.

Como con casi todos los índices, los datos estadísticos aislados poco pueden describir acerca del verdadero perfil industrial del país. Sino que se hace necesario realizar un análisis un poco más profundo acerca del significado de ciertas cifras. La participación de las MOI sobre el total se ha mantenido en forma constante en los últimos cuatro años, mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) han caído algunos puntos llegando a igualar a las primeras. Sin embargo, la participación de los productos primarios ha aumentado levemente.

Por otra parte, la configuración hacia adentro de las MOI indican un perfil altamente "primarizado" en contraposición a la idea oficial de industrialización del perfil productivo. En los primeros nueve meses del 2011, la exportación de MOI fue de U$S 21.249 millones, un 24% mayor que el mismo período del 2010. Uno de los productos de mayor peso se lo llevan los productos químicos y conexos con U$S 4.275 millones (20,1%). Los productos químicos provienen de la transformación de materias primas (hidrocarburos, gas, etc.) en manufacturas con elaboración básica. Es decir que no son procesos de alto valor agregado dado que no contiene ingeniería relacionada y son de baja mano de obra intensiva. Esto último implica una alta relación entre la cantidad facturada y la cantidad de trabajadores. Además, están relacionadas a grandes empresas extranjeras.

El otro rubro de mayor peso en las exportaciones industriales es el "Material de transporte terrestre", es decir, el automotor. En este caso las exportaciones fueron de U$S 7.556 millones (35,5%) para el mismo período, un 34% mayor que durante el 2010. En este caso, es preciso aclarar que casi el 70% de los componentes es de origen extranjero. Con lo cual, la exportación de estos productos no aporta en su totalidad al perfil exportador. Este sector está dominado por empresas extranjeras radicadas en el país y protegidas con un Régimen de Promoción especial. Otro rubro es el de "Piedras, metales preciosos, monedas" en donde está incluida la exportación de oro y plata. Por cuestiones de nomenclatura está incluido dentro de productos industriales, aunque su valor agregado sea mínimo y prácticamente se comporten como materia prima. En este caso el valor de las exportaciones fueron de U$S 1.983 millones (9,3% del total). Por otro lado, los "metales comunes y sus manufacturas", es decir, Acero y aluminio, dieron cuenta de U$S 2.322 millones (10,9%) del total. Esta producción está relacionada con grandes empresas oligopólicas que controlan el mercado interno y dirigidas a la exportación con una mirada primordial al mercado global.

Finalmente, aquellos productos de alto valor agregado y desarrollo nacional, de mano de obra intensiva y relacionado con el desarrollo de tecnología como lo son "Máquinas y aparatos, material eléctrico", es decir, los Bienes de Capital, exportaron por un total de U$S 1.811 millones (8,5%), aumentando sólo un 12% respecto del exportado en el mismo período del año pasado. Mientras que las importaciones en este mismo rubro alcanzaron los U$S 8.455 millones, generando un déficit en este sector de U$S 6.644 millones. Esto explica que muchas de las empresas, en su mayoría pymes, relacionadas con esta producción estén atravesando problemas para mantener sus actividades.

Claramente puede observarse que, si bien las manufacturas de origen industrial mantienen un cierto porcentaje del total exportado, las características de las mismas siguen siendo altamente primarias y relacionadas con grandes conglomerados en su mayoría extranjeros. Algunas con un régimen de protección especial y otras de tipo oligopólicas en el mercado interno con salida al exterior.

Resulta muy cuestionable llevar adelante un "modelo de desarrollo nacional con inclusión social" si lo que en forma práctica se realiza es fortalecer aquellos sectores que podrían tener un poder de veto considerable, dado su poder económico y sectorial, a cualquier política que se dirija en ese sentido.

Martín Scalabrini Ortiz